Al salir de Vox, los dirigentes suelen entonar un discurso crítico en la misma sintonía. Denuncian una falta de democracia interna en el partido, dicen que en la sede de la calle Bambú «deciden cuatro» y ponen en tela de juicio la contabilidad de la formación. En la última semana, con Vox enfrentando una rebelión interna al más alto nivel, este último asunto ha vuelto a saltar a la palestra. Y, esta vez, con más eco, pues entre quienes deslizan un cuestionamiento de las cuentas del partido están figuras que un día estuvieron en la cúpula de Vox, y por tanto son conocedoras de su funcionamiento interno.
«[Ignacio] Garriga, espero que tu próxima filtración sea el modelo 347», escribió Javier Ortega Smith en redes, en referencia a la declaración de operaciones con terceros que deben presentar los autónomos o empresas que facturen operaciones de más de 3.005,06 euros. «Conocí que [Santiago Abascal] se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría», dijo Juan García-Gallardo en una entrevista en EL MUNDO. E Iván Espinosa de los Monteros afirmó en El Confidencial: «Hay que ver euro por euro el dinero que sale de Vox, su destino último y su justificación».
Los dos últimos han apuntado además a un punto específico de la contabilidad de Vox como objeto de polémica, asunto al que también refiere el manifiesto que firman Espinosa y Ortega Smith pidiendo un congreso en Vox: «Preocupa la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia». Dijo Gallardo que existe «toda una galaxia de sociedades mercantiles que se alimentan, a través de servicios al partido, de unos muy cuantiosos recursos públicos», deslizando que tras estas entidades estarían las familias de Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, los dos principales asesores de Abascal.
Así, algunos críticos ponen el foco en el dinero que Vox destina a este «entramado» -algo que, si queda correctamente plasmado en la contabilidad, es legal-. El Confidencial publicó en enero el contrato que firmó el partido con Tizona Comunicación, sociedad administrada por Méndez-Monasterio, para la prestación de servicios de consultoría. Este contrato también debe quedar recogido en las cuentas de Vox, presumiblemente en el capítulo de «servicios exteriores», que incluye los gastos por la contratación de servicios de profesionales independientes, entre otros. En 2024, el partido gastó bajo el concepto de «servicios exteriores» 7,46 millones de euros, un 1,48% menos que el año anterior. En 2022, este capítulo registró el importe máximo hasta ahora, 8,33 millones de euros, más del doble que en 2019, cuando el montante no llegó a cuatro millones. Eso sí, la evolución ha ido en paralelo al aumento, y luego disminución, de la representación parlamentaria de Vox, que influye en el dinero que recibe el partido en subvenciones. En porcentaje de su total de ingresos ordinarios, este capítulo representó para Vox un 49,4% en 2024, similar al 50,5% del PSOE y por encima del 40% que suponen en el PP los «servicios exteriores».
En todo caso, el capítulo de «servicios exteriores» contempla más partidas que los pagos a profesionales independientes, pero Vox no hace público ese desglose, al que el Tribunal de Cuentas sí tiene acceso. En las auditorías ya ejecutadas por este órgano, correspondientes a los ejercicios de 2020 y anteriores, no se hallaron irregularidades a este respecto, argumento que esgrime el partido para defender la limpieza de sus cuentas ante las insinuaciones de los críticos.
Aunque el dinero que Vox destina a ese «entramado» es el reproche más compartido en los últimos días entre las voces díscolas con la dirección, no es el único. Gallardo habló de la fundación del partido, Disenso, como una «agencia de colocación en gran medida» -a la vez, defendió su «labor de difusión de ideas»- y Espinosa llamó a revisar también el dinero que Vox aporta a esta organización. La financiación de Disenso ya ha sido objeto de polémica por los elevados fondos que recibe de la formación política: desde que la fundación echó a andar en 2020 hasta 2024, Vox le ha aportado casi 10 millones de euros -pese a que, en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, el partido registró pérdidas-. El Tribunal de Cuentas también audita la financiación de Disenso -por ahora, solo se conoce el informe del año 2020-, aunque las Cortes encargaron al órgano una fiscalización especial ante la polémica suscitada. En Vox siempre justifican estas transferencias por la por la «impresionante labor» que hace la fundación y el respaldo que da a su actividad.
Hay un tercer asunto sobre el que los críticos ponen el foco y que también antes había suscitado polémica: el cambio de grupo de Vox en Europa, del ECR de Giorgia Meloni a Patriots, donde está el húngaro Viktor Orban. Un «cambio relevante de orientación política que no ha sido explicado ni debatido ante la militancia», dice el manifiesto crítico. Este cambio se produjo poco después de que Vox recibiera dos préstamos del banco húngaro MBHBank: uno de 6,5 millones de euros para la campaña a las elecciones generales de 2023 y otro de 7 millones para las europeas de 2024. Que en el accionariado del MBH Bank figure un fondo de inversión controlado por el Estado húngaro despertó cierta polémica, mientras Vox alega que recurrió a este crédito porque los bancos españoles no le conceden la financiación que necesita.