Una amplia mayoría de españoles considera que el Tribunal Supremo ha hecho bien al suspender cautelarmente la aplicación de la llamada Ley de Nietos, impulsada por el Gobierno y que pretendía abrir el camino a la obtención de la nacionalidad y el derecho a voto a todos los descendientes de españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 por cualquier motivo, y no sólo por razones de persecución política. Según una encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, hasta un 65,1% de consultados está de acuerdo con dicha suspensión, mientras que un 30,7%no está de acuerdo con ella y un 7,8% no sabe o no contesta a la cuestión.
En concreto, un 39,2% de los encuestados sostiene que la suspensión es «una medida necesaria para garantizar la correcta configuración del censo y evitar posibles distorsiones en los próximos procesos electorales». Es decir, hasta un casi 40% cree que la norma impulsada por el Gobierno y sus socios parlamentarios podría torcer los resultados de las urnas si esos más de 500.000 hipotéticos nuevos votantes pudieran participar en las próximas generales.
Hasta un 22,3% sigue viendo la suspensión positiva, pero en una posición más moderada: son los que suscriben que «es una medida cautelar razonable mientras se revisan y aclaran los criterios utilizados para la inscripción en el censo». No apuntan tan directamente al pucherazo electoral, como sí el primer 39,2%, pero prefieren no dar entrada a ese medio millón de descendientes de españoles en el exilio sin las garantías debidas de que se está operando conforme a la legalidad.
En el otro lado, el de quienes no apoyan la suspensión cautelar decidida por el Supremo, hay un 17,9% que rubrica que, tal y como consta en las opciones de la encuesta de Sigma Dos, la medida judicial «supone una limitación injustificada del derecho al voto de personas que han adquirido legalmente la nacionalidad español».
Y, por último, un 12,8% de los preguntados cree que la suspensión «supone una intervención judicial que modifica, en la práctica, los efectos de una normativa aprobada por el legislador». Este grupo apunta más conceptualmente a uno de los argumentos habituales del Gobierno central en los últimos tiempos: el de la oposición a sus medidas por parte de la judicatura, el célebre lawfare, la instrumentalización con fines y objetivos ideológicos de las decisiones judiciales.
El apoyo a la primera opción, la más drástica a la hora de rechazar la medida por considerarla una posible intromisión en las elecciones, es casi completamente parejo entre mujeres y hombres: 39,1% para ellas, 39,1% para ellos.
El grupo de edad que más la apoya es el de mayores de 75 años: un 47,2 de los encuestados de ese arco de edad piensa así. Llamativamente, un 45,9% de votantes del propio Partido Socialista se abona a las dos primeras opciones y por tanto cree positiva la suspensión de la ley que ha impulsado el propio partido del que se reclaman votantes -cosa que no sucede por cierto en Sumar, cuyos electores sólo rechazan la suspensión en un 21,4%; en cambio, un 69,4% de votantes de esta formación rechaza la medida judicial-.
Llama la atención también la cifra de encuestados no votantes en las anteriores elecciones que suscribe que la Ley de Nietos debió suspenderse: un 63,7% de ese, digamos, no electorado. El partido que más se opone a la Ley por boca de sus votantes es lógicamente el que tiene posturas más duras contra la inmigración, Vox: un 89,5% de sus votantes cree que la suspensión es deseable. Aún así, los del Partido Popular en esa misma posición no están tan lejos: el 88,2%, casi un calco demoestadístico.
En la encuesta también se ha preguntado en qué grado están de acuerdo los españoles con la posibilidad de que «personas que, sin vivir en España, puedan elegir a los dirigentes políticos del país». Un 46,9% de los encuestados no está «nada» de acuerdo con el aserto, y un 19,2% «poco» de acuerdo. «Totalmente» y «bastante» de acuerdo con esa posibilidad está, en total, un 29,9%.
Por grupos de edad, la opción «nada» de acuerdo gana en dos contingentes demográficos: los de más de 75 años con un 55%, y los de 45 a 64 años, con un 51,4%. Por partidos, el electorado socialista se muestra de nuevo francamente dividido y fragmentado. Un 27,6% no apoya «nada» la opción de que personas no habitantes en España elijan a los políticos que gobiernan el país, y a la vez un 30,3% está «bastante» de acuerdo con la medida, y nada menos que un 20,1% está «totalmente» de acuerdo con ella.