- IÑAKI GARAY
- El Gobierno cede: aprueba un decreto solo para la subida de pensiones y de cotizaciones
- Los fallos del Estado aumentan el malestar por los altos impuestos
Toda la escenificación que el Gobierno había montado para responsabilizar al PP de la no subida de las pensiones se ha desvanecido en menos de una semana.
Finalmente el Ejecutivo sacará la subida de las pensiones en una norma aparte que era lo que exigía Núñez Feijóo y problema resuelto. Los abuelos volverán a estar tranquilos, si la inflación se lo permite. Es demasiado evidente que Sánchez estaba utilizando a los pensionistas para elevar el ruido de la confrontación con un solo objetivo: que los ciudadanos no perciban el caos. Que se olviden de que la corrupción asola al Gobierno, de que los trenes no funcionan y de que no hay presupuestos y la legislatura está muerta. Que se olviden incluso de que el escudo social es una farsa.
Y ha tenido que ser el PNV el que se lo recuerde. El acuerdo al que había llegado Sánchez con Podemos para prohibir que cualquier vulnerable que no pague el alquiler no pueda ser desahuciado revela una cierta impudicia. En primer lugar supone una enorme contradicción mantener que la economía española va como un cohete, con récords de recaudación, y al mismo tiempo establecer escudos sociales para proteger a cada vez un mayor número de vulnerables. Algo no cuadra en ese idílico relato.
En segundo lugar, esos escudos, además, no son sufragados por ese Estado recaudador, que asegura vivir el mejor momento de bonanza, sino por pequeños propietarios particulares. En España hay 2,5 millones de propietarios con viviendas en alquiler. De esos, el 94% solo tiene un piso y un inquilino. Donde los de Podemos solo alcanzan a ver fondos buitre y especuladores hay 2,35 millones de pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, de los cuales el 44% tiene más de 65 años. Es decir, hay en torno a un millón de jubilados que ahorraron toda su vida para comprar una segunda vivienda. De esos, aproximadamente un 60% necesita esos ingresos para complementar su pensión y el resto para pagar la hipoteca de la casa en la que vive ahora. Se dan incluso situaciones tan dramáticas de pensionistas que alquilaron su única casa y necesitan ese alquiler para pagar la residencia en la que ingresaron.
Y ahora se encuentran con la situación kafkiana de que el mismo partido (Podemos) que lidera un tipo (Pablo Iglesias) que tuvo el morro de organizar un crowdfunding para ampliar su taberna quiere que no puedan disponer de su vivienda. Si el contrato privado entre el propietario y su inquilino no se puede ejecutar porque el Estado quiere proteger al inquilino tenemos un problema de inseguridad jurídica. Si ese propietario además no solo no es compensado sino que se le obliga a cargar con ese inquilino moroso estamos ante una expropiación encubierta que hace buena aquella sentencia de Margaret Thatcher que decía que el socialismo termina cuando se acaba el dinero de los demás.
El problema del sector de la vivienda sigue siendo que se necesita construir muchas más para satisfacer la demanda allí donde no hay suficiente oferta, pero el Gobierno, ante su incapacidad para hacerlo, se dedica, en compañía de auténticos antisistema, a remover avisperos y buscar chivos expiatorios para eludir su responsabilidad.
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