- El decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar lleva visos de decaer en un mes
- Editorial. El Gobierno se retrata con su escudo 'social'
El voto en contra confirmado por Junts, PP y Vox al decreto que congela los precios de los alquileres y que alarga en dos años su vencimiento debería llevar al Gobierno a retirarlo de inmediato.
Tiene poco sentido dar luz verde a una norma de urgencia para el mercado de la vivienda sabiendo que si es rechazada por el Congreso de los Diputados estará en vigor tan sólo un mes, el plazo máximo para que sea validada o rechazada por las Cortes. Pero aún menos, mantenerla después de que los grupos parlamentarios hayan avanzado su voto mayoritario en contra y sin dejar margen a una posible negociación hasta el día de su votación.
Cada vez que los partidos del Ejecutivo han intentado endurecer la regulación de la vivienda o agravar la intervención pública en este mercado se han topado con la negativa de la Cámara Baja. Y es que son mayoría las formaciones políticas que comparten el dictamen de los expertos de que la política intervencionista de la izquierda ha hundido la oferta en alquiler y, en consecuencia, empeorado los problemas de accesibilidad existentes. El nuevo decreto vuelve a cargar sobre los propietarios el coste de la presunta solución a la crisis de la vivienda, generando una mayor inseguridad jurídica que resultará muy dañina a medio plazo, aunque su vigencia temporal vaya a ser limitada.
Pedro Sánchez cedió a la imposición de Sumar de aprobar este decreto ultraintervencionista para "salvar" la coalición de Gobierno, pero lo hizo a costa del derecho a la propiedad privada, en primera instancia, y por ello de la capacidad real de muchos españoles para poder arrendar una vivienda.
La dimensión de la falta de vivienda en EuropaEl populismo no aliviará la factura de la guerraEl pluriempleo desvela la realidad laboral Comentar ÚLTIMA HORA-
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