Dos policías nacionales inspeccionando la pasarela de El Bocal donde murieron seis estudiantes y que el Ayuntamiento de Santander promocionó en Fitur. Efe
Reportajes Un jefe jubilado de Costas será investigado por la tragedia de El Bocal por no ordenar ninguna inspección a la pasarelaLa juez eleva a 5 el número de investigados: "Con su conducta omisiva, cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir, concausalmente, al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado".
Más información:El 112 debió derivar a bomberos la llamada de la pasarela de El Bocal: así lo marca el protocolo para "un fallo de estructura"
Jorge García BadíaJavier CorbachoAntonio BlancoAlejandra Inza Publicada 21 abril 2026 16:07h Actualizada 21 abril 2026 17:20hLa lista de investigados por la tragedia de El Bocal sigue aumentando. El último en la diana judicial es un funcionario que ostentó el cargo de jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria, desde el año que se instaló la pasarela hasta 2023 -cuando se jubiló-.
La magistrada de la Plaza Número 1 del Tribunal de Instancia de Santander justifica su decisión en un auto donde expone que este funcionario jubilado, “ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela”, en su etapa como jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas
La pasarela de El Bocal conectaba dos acantilados desde el año 2014, dentro de la senda costera que discurre del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar. De forma que el auto sostiene que este funcionario, en su rango de jefe, tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo”.
Cosa que no ocurrió a la vista del terrible e injusto final que sufrieron Elena, Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabi, cuando el martes 3 de marzo, la estructura colapsó por la falta de mantenimiento, convirtiéndose en un tobogán por el que cayeron al vacío estos brillantes estudiantes, de 19 a 22 años, del Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del CIFP La Granja.
De hecho, la magistrada expone que del informe pericial sobre la pasarela de El Bocal, se "desprende" que "la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela”.
El número de investigados se eleva ya a 5. Empezando por la agente de la Policía Local de Santander que recibió una llamada de un vecino, el lunes 2 de marzo, alertando del mal estado de la estructura justo 24 horas antes de que se viniera abajo. Después cayó la operadora del 112 que derivó esa llamada a la Policía Local en vez de hacerlo a los bomberos para que inspeccionasen la pasarela.
Todos los círculos rojos se corresponden con tornillería oxidada o partida en la pasarela de El Bocal. Cedida
Los otros tres investigados están vinculados a la Demarcación de Costas, ya que se trata de un proyecto que se inició y se continuó por parte de dos ministerios del Gobierno central, a pesar de que varios colectivos vecinales y ecologistas reclamaban su demolición desde el año 2014 por su impacto ambiental en el paisaje.
Lo curioso del asunto es que está investigado tanto este funcionario jubilado, antiguo jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas, como su actual sustituto en el cargo, lo que pone de manifiesto la inacción de la Administración del Estado, evidenciando conforme avanza la instrucción judicial que esta tragedia se podría haber evitado.
El otro funcionario investigado es José Antonio Osorio, director de obras del funesto proyecto de la senda costera y al que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene como jefe de la Demarcación de Costas, a pesar de que han muerto seis jóvenes en un proyecto que avaló.
“Con su conducta omisiva, cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir, concausalmente, al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado, concurriendo en sus personas, por el cargo que ostentaban y ostentan, una clara posición de garante y capacidad de actuar”, tal y como reflexiona la magistrada.
Seis homicidios
Desde un principio, la Policía Nacional apuntó como causa del siniestro a que la estructura adolecía de cualquier supervisión, para velar por su estado de conservación: "La tornillería que sujetaba la madera estaba 'podrida', se rompió por la mitad y la plataforma cayó como un tobogán", tal y como explican fuentes policiales. "La tornillería cedió por el salitre porque es un entrante de la costa norte con lenguas de mar y cuevas".
Una imagen de los efectos de la oxidación en la tornillería que ha desaparecido y de las chapas de anclaje corroídas, en la pasarela de la tragedia de El Bocal.
La juez también apunta a que la falta de mantenimiento de la pasarela de El Bocal podría constituir una “negligencia grave”, que se saldó con seis delitos de homicidio por imprudencia grave, así como un delito de lesiones por imprudencia grave, por las heridas sufridas por la única superviviente de esta terrible historia: Ainara. Precisamente, la magistrada ha acordado que el médico forense la evalúe para concretar las secuelas físicas y psicológicas que padece.
El auto, a priori, carga una mayor responsabilidad en la tragedia sobre los funcionarios de Costas que en la agente de Policía Local y la operadora del 112, debido a que la juez sostiene que con los datos que ofrece la pericial judicial: la pasarela estaba “abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014".
Y añade una apreciación: "Aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo, uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)”.
“La ausencia total de inspecciones, presumiblemente, impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas, a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera”. Tales circunstancias “no permitieron abordar elementos críticos” y “el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado”.
Día clave: el 15M
Los tres funcionarios de Costas prestarán declaración como investigados el próximo 15 de mayo, en una sesión donde también se practicará la prueba pericial del ingeniero que ha redactado un informe sobre el estado de la estructura, para complementar la valoración policial.
De momento, la juez lo tiene claro: “La omisión de la diligencia debida, en los términos así expuestos, presenta en estos momentos caracteres de negligencia grave".