"Le destrozó la cara": la agresión sexual de un magrebí a una mujer de 60 años tres días después de llegar a Canarias en cayuco
Reportajes Un migrante violó y "destrozó la cara" a una mujer de 60 años en Canarias a los tres días de llegar en cayuco: "Se fue como si nada"El agresor, de 24 años, la siguió hasta su lugar de trabajo en Tenerife, la encerró durante más de una hora y fue detenido cuando intentaba regresar al centro de acogida. La justicia ha ratificado para él una condena de 31 años de prisión.
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Julio César R. A. Publicada 16 diciembre 2025 01:44hLa mañana del 4 de enero de 2023, una mujer de 60 años entró a trabajar en un comercio del centro de Santa Cruz de Tenerife poco después de las seis y media. Abrió la reja exterior y accedió al local, como hacía cada día. Detrás de ella entró un hombre que la había seguido por el edificio.
Nada más cruzar la puerta, el agresor la empujó hacia el interior, le arrebató las llaves y cerró desde dentro. Eran las 6:40 de la mañana. A partir de ese momento, la mujer quedó retenida contra su voluntad en la oficina durante más de una hora.
"La encerró nada más entrar. Cerró con llave y se aseguró de que no pudiera salir ni pedir ayuda", explican a EL ESPAÑOL agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el caso. "Desde el primer minuto quedó claro que no era un forcejeo puntual, sino una agresión sostenida".
Según se consideró probado en sentencia, el hombre ejerció una violencia extrema y continuada. Golpes reiterados, empujones contra muebles, tirones de pelo y maniobras de estrangulamiento anularon cualquier resistencia. En distintos momentos, la víctima intentó huir, pero fue reducida de nuevo por la fuerza.
"Cada vez que intentaba escapar, la volvía a someter. No le dio margen", resumió un investigador. "Hubo control total de la situación durante todo el tiempo". La agresión sexual no se produjo en un único momento.
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A lo largo del encierro, el agresor sometió a la mujer a varias agresiones con penetración, separadas por pausas en las que continuaron los golpes, las amenazas y la intimidación. La violencia fue persistente, reiterada y prolongada, no impulsiva ni desordenada, según el auto judicial al que ha podido tener acceso este periódico.
"El tiempo y la violencia empleada es clave en este caso", subrayan fuentes policiales. "No hablamos de minutos, sino de más de una hora en la que la víctima estuvo retenida, golpeada y sometida".
Las cámaras de seguridad del interior del local y del edificio registraron parte de lo ocurrido. No captaron todos los hechos, pero sí permitieron reconstruir la secuencia temporal, los intentos de huida, las interrupciones y la duración exacta del encierro.
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A las 7:49 de la mañana, el agresor abandonó finalmente el local. Antes de eso, se apoderó de 30 euros en efectivo que se encontraban en un bote, un llavero con el mando de la verja y los zapatos de la víctima. Antes de irse, miró fijamente a la mujer y pasó su dedo por el cuello, imitando un degollamiento, a modo de amenaza.
Cuando consiguió quedarse sola, la mujer llamó por teléfono. El conserje del edificio acudió al local y abrió la puerta minutos después. La encontró gravemente herida y en estado de shock. Poco después llegaron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, que la trasladó de inmediato al Hospital Universitario de Canarias.
Presentaba múltiples lesiones físicas y un cuadro psicológico severo. No fue hospitalizada, pero necesitó seguimiento médico prolongado y atención psiquiátrica. Con el paso de los meses, desarrolló un trastorno de estrés postraumático grave y se le reconoció una incapacidad laboral permanente.
Mientras tanto, el agresor salió del edificio y atravesó parte de la ciudad. Caminó hasta una parada del tranvía con la intención de regresar al centro de acogida, ubicado en La Laguna —a 11 kilómetros— donde se alojaba. No mostró signos de nerviosismo ni intentó ocultarse.
Imagen de archivo de dos policías nacionales en Santa Cruz de Tenerife. Andrés Gutiérrez.
"A los pocos minutos ya teníamos la descripción", explican fuentes policiales. "Sabíamos por dónde había salido y hacia dónde se dirigía, hasta llevaba puestas las zapatillas de la víctima".
A las 8:30 de la mañana fue localizado y detenido por agentes de la Policía Nacional. En el momento del arresto llevaba consigo los objetos sustraídos a la víctima. Tenía 24 años, era de nacionalidad marroquí y había llegado a España tan sólo tres días antes.
El 31 de diciembre de 2022 había desembarcado en Lanzarote a bordo de un cayuco. Tras ser identificado, fue derivado al sistema de acogida y trasladado al centro de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife. La agresión se produjo en la madrugada del cuarto día desde su llegada.
"El lapso temporal llamó la atención desde el primer momento", reconocen fuentes de la investigación. "Pero lo que determinó el caso no fue eso, sino la extrema violencia y la duración de los hechos", inciden nuevamente.
El procedimiento judicial se apoyó en un conjunto de pruebas que los tribunales calificaron de concluyentes: grabaciones de cámaras de seguridad, huellas dactilares, pruebas de ADN, el testimonio sostenido y coherente de la víctima y la incautación de los efectos robados en el momento de la detención.
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En marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó al acusado a una pena acumulada de 31 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, detención ilegal, lesiones agravadas, robo con violencia, allanamiento de oficina y amenazas. La defensa recurrió la sentencia alegando intoxicación, cuestionando la continuidad delictiva y las secuelas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó íntegramente el recurso y ratificó la condena. La Sala subrayó la "violencia feroz y desproporcionada" empleada, el control consciente del agresor durante todo el ataque y la duración del encierro. Consideró acreditado que no existía alteración de las facultades y confirmó la obligación de cumplir la mayor parte de la pena antes de cualquier eventual expulsión del territorio .
Fuentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional explican a EL ESPAÑOL que los delitos contra la libertad sexual "no guardan relación directa con la nacionalidad del agresor ni con los flujos migratorios".
"En España, la mayoría de agresiones sexuales se producen en entornos cercanos a la víctima y son cometidas mayoritariamente por personas del mismo país", apunta un inspector de la unidad.
"Los casos protagonizados por recién llegados en situación irregular existen, pero representan una proporción mínima del total; la inmensa mayoría de agresiones no tienen nada que ver con la inmigración; confundir planos no ayuda a prevenir nada", sentencia.
La sentencia fija una pena: 31 años de prisión. No repara el daño causado ni devuelve el tiempo detenido dentro de aquel comercio. Pero establece una responsabilidad concreta, con nombre y apellidos, y evita que el horror se diluya en generalizaciones que no explican nada.
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