Agentes del orden público detienen a Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Reuters
América Un pelotón de fusilamiento amenaza al "asesino amigable": quiso matar a Trump y su equipo delante de la prensaBajo la premisa de agilizar la justicia, la Administración Trump apuesta por endurecer la aplicación de la pena capital en delitos federales.
Más información:El "asesino federal amigable" que odia a Trump y se ríe de su seguridad: un manifiesto entre el disparate y el magnicidio
Valentina Yusty Publicada 27 abril 2026 02:36h Actualizada 27 abril 2026 02:39h Las clavesLas claves Generado con IA
La política de "Ley y Orden" de la Casa Blanca ha chocado de frente con la realidad más cruda de la violencia política.
El Departamento de Justicia anunció el viernes una reforma histórica para acelerar y endurecer la pena de muerte federal, incluyendo el retorno de los pelotones de fusilamiento.
Apenas 24 horas después, el sistema judicial estadounidense ya se prepara para el que podría ser su caso más emblemático.
De Milei y Netanyahu a Sánchez o Von der Leyen: El mundo condena unánimemente el atentado contra TrumpEl objetivo: Cole Thomas Allen, el hombre que el sábado intentó masacrar a la cúpula del gobierno y a la prensa internacional durante la Cena de Corresponsales.
El sábado por la noche, el lujoso salón del Washington Hilton era el epicentro del poder mundial. Periodistas, celebridades y altos funcionarios cenaban bajo la mirada del presidente Donald Trump.
La calma se rompió a las 8:36 p.m. cuando Allen, un californiano de 31 años, logró burlar los controles de seguridad iniciales portando un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y varios cuchillos.
Al grito de consignas políticas, abrió fuego cerca del área de acreditación, provocando el pánico masivo.
Mientras los invitados se refugiaban bajo las mesas, el Servicio Secreto lograba reducir al sospechoso tras un intercambio de disparos que dejó a un agente herido.
En los manifiestos enviados a sus familiares minutos antes del ataque, Allen se autodenominaba con un pseudónimo escalofriante que daba título a las portadas: el 'Friendly Federal Assassin' (el asesino amigable federal).
Vía libre a las ejecuciones
La ironía del destino ha querido que Allen cometiera su crimen solo un día después de que el Fiscal General interino de EEUU, Todd Blanche, firmara la orden que desmantelaba definitivamente la moratoria de la era Biden.
El viernes 24 de abril, la Administración Trump dejó claro que la pena capital no solo regresaba, sino que lo hacía con una eficiencia técnica sin precedentes.
El plan de Justicia es triple:
- Nuevos métodos: Ante la dificultad de obtener fármacos para la inyección letal, se autoriza el uso de pelotones de fusilamiento, nitrógeno y sillas eléctricas.
- Agilización procesal: Se eliminan las trabas administrativas para que las ejecuciones ocurran poco después de agotarse las apelaciones, prohibiendo incluso las peticiones de clemencia en ciertas etapas.
- Ampliación de delitos: Se ha autorizado buscar la pena de muerte contra 44 nuevos acusados federales.
"La administración anterior falló en su deber de proteger al pueblo al negarse a aplicar el castigo máximo a los criminales más peligrosos", sentenció Blanche el viernes.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley", añadió.
Cargos federales de Thomas Allen
Expertos legales consultados por el New York Times señalan que el caso de Cole Tomas Allen encaja perfectamente en el nuevo perfil que busca la Casa Blanca para aplicar el castigo supremo.
Al haber perpetrado un ataque directo contra el presidente y altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, Allen enfrenta cargos por intento de magnicidio y terrorismo doméstico.
Estos delitos caen bajo la jurisdicción federal, la limitada pero poderosa esfera donde la Administración Trump tiene control total sobre las directrices de sentencia.
A diferencia de los procesos en cortes estatales, donde los gobernadores o las apelaciones locales pueden dilatar los casos durante décadas, estos delitos de seguridad nacional han sido colocados en una "vía rápida" procesal.
Si es hallado culpable, el "asesino amigable" no solo se enfrenta a la condena a muerte, sino a la aplicación inmediata del nuevo protocolo: un pelotón de cinco tiradores.
Cole Thomas Allen en una imagen de archivo.
Este método, rescatado por el Gobierno el pasado viernes, es defendido por la actual Administración como una alternativa "más humana y eficaz" frente a las complicaciones técnicas que presentaba la inyección letal.
Opiniones divididas
La reactivación de las ejecuciones federales ha fracturado nuevamente a la opinión pública estadounidense.
Tras el ataque en el Hilton, la narrativa de la Casa Blanca se ha centrado en la necesidad de "restaurar la justicia" como un mecanismo de seguridad nacional.
El Departamento de Justicia ha defendido que la aplicación del castigo máximo es una herramienta necesaria para proteger a la sociedad y disuadir futuros actos de violencia política, especialmente cuando los objetivos son representantes del Gobierno.
En contraste, organizaciones civiles denuncian que el endurecimiento de las penas en un clima de alta tensión social solo profundiza la crisis política del país.
Aunque los datos de Gallup, la principal firma de análisis y encuestas de opinión en Estados Unidos, mostraban una tendencia a la baja en el apoyo a la pena capital (un 52%, la cifra más baja en tres décadas), el impacto del atentado del sábado ha reabierto un debate que parecía estancado.
Mientras grupos pro-derechos humanos preparan apelaciones legales para frenar el uso de pelotones de fusilamiento, la Administración ha confirmado que la Oficina de Prisiones ya trabaja en la adecuación de las instalaciones federales en Indiana para aplicar los nuevos protocolos.
La infraestructura para retomar las ejecuciones está, según fuentes oficiales, plenamente operativa.