El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Hugo Preciado, ha impugnado el proceso de selección del juez español que tiene que ocupar el próximo cargo como miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Según ha podido saber EL MUNDO, el vocal ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional donde ha pedido la suspensión del proceso puesto en marcha por el Gobierno.
En concreto, el proceso de selección del sustituto de la magistrada María Elósegui en la Corte de Estrasburgo está siendo dirigido por el Ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños. El mandato de Elósegui expira en marzo de 2027 y un total de 28 juristas -entre los que hay magistrados, catedráticos, fiscales, etc- han presentado sus candidaturas para ser el juez español del TEDH. El elegido tendrá que ocupar el cargo durante el período comprendido entre los años 2027-2036.
En la actualidad, un comité de selección formado por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal del CGPJ Gema Espinosa; y, la miembro del Consejo de Estado Paz Andrés, debe elevar una terna a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Es este órgano el que tiene la última palabra sobre la elección del candidato por parte de España.
Según informan fuentes jurídicas, el vocal Preciado ha decidido impugnar el procedimiento al entender que no se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Europa, en concreto, en lo referido a la composición de la comisión de selección. El motivo aducido es que en el comité de expertos encargados de hacer las entrevistas -celebradas este mismo viernes a algunos candidatos- hay una mayoría gubernamental. Este periódico se ha puesto en contacto con Preciado que ha declinado a realizar declaración alguna sobre este asunto.
"Una composición equilibrada"
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha establecido que "el organismo responsable de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada. Sus miembros deben poseer, en conjunto, conocimientos técnicos suficientes e inspirar respeto y confianza. Deben provenir de diversos ámbitos, tener una trayectoria profesional similar y estar libres de influencias indebidas, si bien pueden recabar información relevante de fuentes externas". De ahí, que la composición del comité de selección diseñado por el Ejecutivo resulte contrario a las recomendaciones del Consejo de Europa.
El Gobierno estableció en el Real Decreto 972/2020 que "cuando el procedimiento se refiera a puestos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el comité estará compuesto por las personas titulares de la Secretaría de Estado de Justicia, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe y de la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por un miembro de la carrera judicial con al menos categoría de magistrado designado por el Consejo General del Poder Judicial, así como por un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional". Este mecanismo de elección es la primera vez que se pone en marcha ya que Elósegui lleva en el TEDH desde el año 2018.
Por otro lado, las fuentes consultadas explican que existen precedentes, como el caso de Hungría, donde la Asamblea rechazó ternas porque los comités de selección nacionales estaban bajo control gubernamental o carecían de transparencia.
Asimismo, el vocal Preciado ha decidido impugnar en la Audiencia Nacional, por falta de claridad de las bases, en concreto por los criterios de exclusión de las entrevistas por parte del comité de selección. Considera que las bases son confusas e imprecisas, ya que no delimitan con claridad el itinerario procedimental ni los criterios efectivos para la selección o el descarte de candidatos.
El consejero ha recurrido a la vía contencioso-administrativa para lograr la suspensión del procedimiento. Por ahora, la Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima socilitada pero deberá pronunciarse en lo sucesivo sobre la medida cautelar.