Casi la mitad de los españoles, un 46%, está de acuerdo con el principio de «prioridad nacional» para acceder a los servicios públicos. Sin embargo, los ciudadanos le otorgan su apoyo entendiendo que tal expresión hace referencia al arraigo real, duradero y verificable en el territorio, no a la procedencia del demandante, esto es, a si se trata de un inmigrante o un nacido en España.
En el grupo de los que defienden esta «prioridad», ya sea «totalmente» o «bastante», figura un 22,3% de votantes socialistas, es decir, casi uno de cada cuatro, en tanto que un 21% lo apoya «poco» y un 42,6%, «nada». Entre los electores de Sumar sólo un 15,2% lo respalda con claridad, un 19,6% «poco» y un 57,6%, «nada».
Pese a que los pactos alcanzados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón -que incluyen el arraigo reforzado como clave para acceder a ayudas y servicios públicos- son bastante desconocidos, la ciudadanía, de acuerdo con los datos que ofrece la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, pone en evidencia que sí considera apropiado tener en cuenta requisitos tales como el tiempo de residencia en el territorio, el contrato de trabajo y la cotización o los vínculos familiares para priorizar dicho acceso.
En este sentido, los encuestados respaldan la interpretación que del llamado principio de «prioridad nacional» ha hecho el Partido Popular y no la lectura que del mismo han trasladado dirigentes de Vox, para quienes debe entenderse como un «españoles, primero», lo que implicaría marginar, a la hora de obtener beneficios públicos e incluso acceder a servicios esenciales, a quienes no hayan nacido en España.
Los populares insisten en que su interpretación, basada en el arraigo, encaja en el marco constitucional y no destila tintes xenófobos por cuanto no discrimina a las personas en función de su origen. El 76% de los votantes del PP apoya este principio e incluso son superados por los de Vox, que lo respaldan en un masivo 87%.
De acuerdo con él se pronuncian mayoritariamente los ciudadanos independientemente de su edad, siendo los más favorables -49,2 %- los votantes situados entre los 45 y los 64 años. Los más jóvenes -entre 18 y 29 años- le dan un apoyo del 40%, que asciende al 44,6% entre los electores de 30 a 44 años y se sitúa en el 45,8% entre los votantes de más de 65.
A falta de que los pactos suscritos en Extremadura y Aragón empiecen a rodar y el ciudadano pueda comprobar sus efectos prácticos, el escepticismo respecto a su durabilidad es bastante elevado. Sólo dos de cada diez votantes -el 19%- afirman estar convencidos de que los acuerdos firmados por PP y Vox dotarán a las dos autonomías en las que hasta ahora se han alcanzado de una estabilidad duradera, es decir, para los cuatro años de legislatura. Un 31% cree que pueden mantenerse dos años y un abultado 35% opina que su vida no pasará de un ejercicio.
Probablemente, en esta opinión pesa el recuerdo de la ruptura, decidida unilateralmente en julio de 2024 por el partido de Santiago Abascal, de los anteriores acuerdos de gobierno suscritos con los populares, así como la crítica e incluso los ataques continuos que se lanzan aún hoy desde Vox hacia el PP.
Hace dos años, Vox anunció la retirada de su apoyo parlamentario a los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, así como en Baleares, donde los de Abascal no formaban parte del Ejecutivo pero le prestaban su apoyo desde fuera. En aquella ocasión el motivo aducido fue el reparto entre las autonomías, aceptado por los populares, de 347 inmigrantes menores de edad no acompañados.
Ahora, las dudas acerca de la solidez de los nuevos pactos se ponen de manifiesto en la encuesta. Sólo el 32% de los votantes populares confía en que los acuerdos se mantengan durante los cuatro años para los que, en principio, se ha suscrito el pacto. La mayoría de ellos -el 48%- apuesta por que se mantendrán dos años y el 8,7%, más receloso aún, cree que sólo serán válidos un año.
Los electores de Vox son, sin embargo, más optimistas: el 43,4% cree que perdurarán toda la legislatura y el 39,3% que, al menos, sobrevivirán dos años.
Exactamente la opinión contraria es la que expresan los votantes de las fuerzas de izquierda. El recelo sobre la duración de los acuerdos que han permitido formar Ejecutivos de coalición PP-Vox en Extremadura y Aragón y, previsiblemente también, en Castilla y León, es muy grande entre los afines a PSOE y Sumar.
Casi el 60% de los votantes socialistas opina que los pactos no durarán más de un año y sólo el 8,5% cree que podrán mantenerse toda la legislatura. En el caso de los electores de Sumar, la incredulidad aumenta. Apenas un 2,2% les concede una vida de cuatro años, en tanto que casi el 68% opina que sólo llegarán a uno.