¿Una democracia sin presupuestos?

La Tribuna

Llevamos casi cuatro años sin la norma más importante que se aprueba año tras año y que se supone que es la guía básica de un proyecto de gobierno: y aquí no pasa nada

Jaime Aguilera

Jurista y escritor

Hace unos meses propuse desde esta Tribuna la reforma de la Constitución de 1978 en tres puntos concretos: la preferencia del varón a la mujer ... en la sucesión de la Corona, el papel del Senado como verdadera cámara de representación territorial y la eliminación de la provincia como circunscripción matriz electoral.

Si miramos en nuestro ámbito más cercano, el de la Unión Europea, ya resultó en su día inaudito que Bélgica estuviera casi dos años sin presupuestos, entre diciembre de 2018 y octubre de 2020. Récord por desgracia superado por el Gobierno de nuestro país que sigue «viviendo» de unos presupuestos aprobados en diciembre de 2022, es decir, en la anterior legislatura y hace casi cuatro años. Y lo peor de todo: aquí no pasa nada. Nada de nada.

Llevamos casi cuatro años sin la norma más importante que se aprueba año tras año y que se supone que es la guía básica de un proyecto de gobierno: y aquí no pasa nada. Casi cuatro años siendo el ariete más importante a la hora de implementar las directrices que supuestamente defiende un programa político, sin las cuentas de la primera empresa del país, sin proyectos nuevos de inversión en serio, sin parches: y aquí no pasa nada.

Se hace necesario, a la fuerza ahorcan, reformar el artículo 134. Repasemos brevemente lo que se dice en este artículo, que no olvidemos tiene una reforma más flexible, no reforzada:

«El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.»

La obligación y la normalidad de las fechas están claras. Antes del 1 de octubre el Gobierno presenta los Presupuestos y antes de que termine el año el Congreso los aprueba. El problema estriba en la fuga de escape y la garantía que puso el legislador constituyente, con buena fe y siguiendo el derecho comparado europeo: si llega el año siguiente y no hay presupuestos que no cunda el pánico: se prorrogan los últimos aprobados. No ocurre como en el sistema de la democracia norteamericana, que se paraliza la administración con consecuencias fatales que hacen que más pronto que tarde se llegue a un acuerdo.

Partiendo de la triste conclusión de una desconfianza cada vez más acentuada en nuestra actual clase política ni me sirve la solución norteamericana (podríamos morir de hambre muchos funcionarios y no se llegaría a un acuerdo), ni tampoco me sirven mecanismos constitucionales ya previstos como la cuestión de confianza o la moción de censura (a la vista está, para cuatro años vamos ya sin presupuestos).

Sólo veo como posible salida en que se reforme la carta magna y sea el Jefe del Estado quien, previa comunicación y refrendo de la presidencia del Congreso, disuelva las Cortes una vez constatado que no se han presentado Presupuestos Generales del Estado en todo un año. Es decir, si llega un 1 de octubre del año de curso sin que presenten el plazo fatal de caducidad para la disolución de las cámaras empezará a correr de tal forma que al 1 del octubre del año siguiente no se han presentado (ya llevaremos para entonces 9 meses con presupuestos prorrogados), la presidencia del Congreso se lo comunicará formalmente a la jefatura del Estado y este disolverá las cámaras.

Sinceramente, por el bien de todos, desde la neutralidad del sentido común y al mismo tiempo desde la desconfianza en nuestros políticos, no veo otra solución. Por desgracia, al igual que las otras tres reformas propuestas, será un brindis al sol. Lo sé, pero habrá que desahogarse de alguna manera, digo yo...