Cómo encontrar financiación para hacer frente a una deuda que triplica el presupuesto municipal y hacerlo en diez días para no caer en una quiebra técnica. Esa es la encrucijada a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Benidorm, dirigido por el popular Toni Pérez, que tiene que hacer frente a un agujero de 350 millones de euros.
El origen es una sentencia que obliga a indemnizar a la familia de constructores Murcia Puchades por un convenio firmado en 2003 en el que el consistorio les compensaba por unas parcelas urbanizables que tenían en propiedad y que, en 2005, quedaron definitivamente integradas en la zona de protección de recursos naturales de Serra Gelada. Ese convenio, prorrogado por dos veces, fue denunciado por la empresa en 2018, que valoró sus terrenos en 283 millones y pidió vía judicial una compensación económica o en especie. Los años de pleitos impulsados por el Ayuntamiento para evitar ese pago, hasta llegar al Constitucional, han hecho que los intereses engorden la cifra hasta los 350 millones que ahora deben afrontar.
La situación es compleja porque Benidorm no puede, con sus recursos, afrontar esta deuda con sus recursos y, con un urbanismo maximizado en altura, tampoco tiene ya suficiente suelo con que compensar a la constructora. El plazo establecido por el juzgado para presentar un plan de pagos vencía este martes, pero los servicios jurídicos municipales presentaron un recurso para alargar ese plazo diez días más y poder avanzar en la búsqueda de financiación.
La primera puerta a la que tocaron fue el Gobierno. Solicitaron al Ministerio de Hacienda 55 millones de euros del Fondo de Impulso Económico que, con recursos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permite a las administraciones locales saneadas acceder a recursos con los que hacer frente a deudas generadas por procedimientos judiciales. Esta cantidad tendrá que devolverla en un plazo de 12 años y a un tipo de interés del 3,5% desde 2027, algo que, según informó el alcalde, Benidorm puede asumir «sin menoscabar los servicios que presta y sin una subida de impuestos».
A este movimiento, calificado de «balón de oxígeno» por la oposición municipal y aprobado en pleno, le acompañan los contactos de «técnicos municipales» con la familia Murcia Puchades, en un trámite de audiencia comunicado al juzgado para tratar de llegar a un acuerdo que defina los términos de cumplimiento de la sentencia.
En este punto aparece la posibilidad de ceder suelos por el valor de parte de lo adeudado, pero Benidorm no tiene importantes desarrollos disponibles en su término municipal. Y ahí es donde se mira a la Generalitat. El presidente Pérez Llorca, que conoce bien la situación de la zona porque fue hasta hace 100 días alcalde de la vecina Finestrat, se ha ofrecido a «prestar toda la ayuda que sea necesaria» para solventar un grave problema que no cree que sea «reprochable» al actual equipo de Gobierno, dado que se arrastra casi una década. La colaboración autonómica puede venir en forma de aportación económica, directa o a través de la compra de patrimonio municipal, o, como reclama la oposición, con la cesión al ayuntamiento de suelo autonómico que pueda ofrecer a la constructora. Por el momento, las vías por las que podría llegar esa ayuda de la administración autonómica no se han concretado, aunque el reloj corre en su contra.
Desde el consistorio explican que todavía no hay una hoja de ruta definida al tratarse de un «proceso jurídico muy complejo» en el que están trabajando tanto el departamento jurídico como el económico. La situación no esconden que es delicada porque, como defiende la portavoz socialista, Cristina Escoda, «el horizonte económico es negro».
Tutela de Hacienda
Benidorm tendría, además, que ajustar sus presupuestos para generar superávit que destinar al crédito y a la deuda, pero el escenario aún puede complicarse más si pierde su autonomía financiera.
Hacienda dispone del Fondo de Financiación de Entidades Locales, la vía por la que puede rescatar a ayuntamientos con graves problemas de tesorería. No sería el primer gran ayuntamiento de la Comunidad Valenciana que recurre al Estado, porque Gandía lo hizo ante una deuda insostenible.
Ahora bien, acogerse a este recurso implica que Hacienda tutela cada movimiento, supervisa los presupuestos, controla el gasto e interviene en la política fiscal, lo que supone una pérdida de autonomía del gobierno local. Esto es algo que la capital turística, dirigida por el presidente de la Diputación de Alicante, no valora hasta que no sea el último clavo al que agarrarse para evitar la quiebra.