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Una iniciativa popular pide al Parlamento garantizar el derecho a la vivienda

Una iniciativa popular pide al Parlamento garantizar el derecho a la vivienda
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Organizaciones sociales y sindicatos exigen limitar la escalada de precios y que no se tenga que destinar más del 30% de los ingresos al abono de un alquiler o hipoteca

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Bloques de pisos. SUR Una iniciativa popular pide al Parlamento garantizar el derecho a la vivienda

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Organizaciones sociales y sindicatos exigen limitar la escalada de precios y que no se tenga que destinar más del 30% de los ingresos al abono de un alquiler o hipoteca

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 20 de abril 2026, 20:36

... a una vivienda y que se promueva el acceso de forma asequible a un hogar digno en la comunidad frente a al escalada de precios que impide a gran parte de la ciudadanía poder disfrutar de una casa.

El objetivo de la propuesta es revertir un modelo que ha convertido este derecho en un «mecanismo de extracción de rentas» y poner freno a la subida de los precios para garantizar que las personas que acceden a una vivienda no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos para este fin. Actualmente, los datos señalan que las familias destinan cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda en Andalucía.

Las organizaciones promotoras resaltaron que la iniciativa pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

La propuesta subraya la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios, introduciendo la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquilar y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda, entre otras medidas.

Entre las principales medidas destacan el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, interviniendo el mercado para contener los precios. Asimismo, lcontempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

La ILP también recoge medidas destinadas frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario o el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

En la presentación ante la Cámara de esta iniciativa, Facua afirmó que se trata de una «respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional que sufre Andalucía y ante la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene». A su juicio, «se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos difícil de salvar».

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, señaló que «el objetivo primordial de la propuesta es romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social y esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo, impulsando un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria».

Nuria López dijo que «la norma propone también la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios».

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de UGT-A, Maribel Román, consideró «imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible con el objetivo de equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda y convertirla en un elemento esencial para cualquier proyecto de vida».

La representante ugetista abogó por «actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por «poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual»..

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Fuente original: Leer en Diario Sur - Ultima hora
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