José M. Domínguez Martínez
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga
Domingo, 18 de enero 2026, 01:00
... varios motivos. En primer lugar, por suponer una apreciable desviación respecto a la postura que, apartándose de su línea tradicional, viene mostrando la publicación, hoy día mucho más proclive a la intervención económica del sector público. En segundo lugar, por la radicalidad del mensaje lanzado, en el sentido de recomendar abiertamente un freno de las subidas del salario mínimo, como ya se desprende de un título inusualmente explícito ante una cuestión trascendental y compleja: 'Tiempo para una pausa: por qué los gobiernos deben parar la subida del salario mínimo'. Y, por último, por basarse, no en una mera recuperación de sus raíces liberales, sino en una apelación a las conclusiones de estudios sustentados en datos reales.A principios de los años noventa del pasado siglo, D. Card y A. B. Krueger utilizaron un experimento natural en Estados Unidos para estudiar cómo el aumento del salario mínimo afectaba al empleo. Dado que dicho salario había subido en el estado de New Jersey, tomaron como grupo de tratamiento los restaurantes de comida rápida en dicha jurisdicción, y como grupo de control los de Pennsylvania este, jurisdicción limítrofe donde no se había elevado el salario. Concluían que la subida del salario mínimo no había tenido un efecto significativo en el empleo. Los propios Card y Krueger habían esbozado posibles explicaciones. El mantenimiento del empleo podía deberse a que las empresas hubiesen trasladado el incremento de la retribución a los consumidores, que serían, en tal caso, quienes habrían financiado el coste de la medida.
El otorgamiento del Premio Nobel de Economía de 2021 a Card (Krueger había fallecido unos años antes), parecía dar un aval definitivo a la política del salario mínimo. Sin embargo, de manera inesperada, ha aparecido un conjunto de investigaciones empíricas que sugieren que el salario mínimo genera una serie de distorsiones económicas que no se reflejan en las cifras de empleo. Las preocupaciones se manifiestan en tres apartados, en los que se apuntan otros tantos riesgos: I) que se produzca una ralentización del ritmo de contratación de personas con salarios reducidos; II) que, al afrontar mayores costes, los empleadores desatiendan algunos aspectos relativos a la seguridad en el trabajo, con el consiguiente deterioro de las condiciones laborales; y III) que se genere una tendencia a prescindir de empleos.
Otras críticas hacia el salario mínimo señalan que se trata de una herramienta de redistribución rudimentaria y potencialmente contraproducente. En la medida en que los empresarios suban precios para compensar las subidas de costes salariales, las personas más pobres pueden verse afectadas, al tener que afrontar mayores dificultades para acceder a su cesta de consumo. Una contrarrevolución doctrinal trata de abrirse paso.
Con independencia de ello, se suscitan cuestiones de gran trascendencia que desbordan claramente el estricto ámbito de la regulación salarial. Entre estas pueden apuntarse las siguientes: a) ¿Cómo debe fijarse el salario mínimo, en términos absolutos, buscando una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas, o bien como un porcentaje del salario medio o del salario mediano? b) ¿Debe abordarse la política igualitaria exclusivamente para quienes realizan una actividad laboral, o debe contemplarse una política de renta mínima para cualquier persona? c) ¿Podría buscarse una solución que garantizara la misma renta para los trabajadores, con menor repercusión para los costes empresariales, por la vía de la utilización de desgravaciones de carácter reembolsable, cuando proceda, en el impuesto sobre la renta?
En cualquier caso, hay una pauta básica, enraizada en la responsabilidad social empresarial, que no puede soslayarse: la necesidad de que toda empresa, para acreditar este estatus, ha de procurar proveer empleos con salarios adecuados, cuya sostenibilidad a largo plazo está ineludiblemente conectada con la productividad.
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