- FERNANDO CUÑADO
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó el pasado viernes 20 de febrero una sentencia histórica. El alto tribunal falló en contra del presidente de EEUU, señalando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), la vía utilizada por la administración Trump para desarrollar su política de aranceles (tariffs), no autoriza al presidente de la nación a imponer semejantes impuestos al comercio internacional (IEEPA does not authorize the President to impose tariffs).
El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, representa una importante, aunque no definitiva, derrota del Ejecutivo estadounidense al limitar su capacidad para imponer aranceles y reafirmar la competencia exclusiva del Congreso para legislar sobre esta materia.
Los jueces que fallaron en contra de Trump
Lo primero que puede sorprender a quienes no estén muy familiarizados con el Supremo estadounidense es la propia derrota presidencial ante un tribunal de claro corte conservador. El alto tribunal cuenta desde hace años con una amplia mayoría conservadora (6 jueces frente a 3 liberales). A pesar de ello, la sentencia salió adelante gracias a una extraña alianza.
El Supremo está formado por nueve miembros, un número impar que asegura el desempate, ya que el presidente (Chief Justice) no tiene voto de calidad. En este caso, la opinión mayoritaria (majority opinion) fue adoptada por 6 jueces (3 liberales y 3 conservadores) frente a 3 (conservadores) que se opusieron (dissenting opinion). Y puede sorprender aún más que los jueces conservadores que se alinearon con las magistradas liberales fueran el presidente del tribunal (John Roberts) y dos magistrados propuestos por el propio presidente Donald Trump en su primer mandato (Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett).
El sistema de nombramientos de los jueces del Supremo ha recibido numerosas críticas por considerarse una injerencia del ejecutivo en la judicatura. El papel del Supremo como revisor de la constitucionalidad de las leyes y garante de los derechos individuales lo convierte en un órgano muy codiciado y lo hace especialmente vulnerable a la presión política. Todos los jueces federales, entre ellos los del Supremo, son propuestos por el presidente de la nación y ratificados por el Senado. Por ello, el inquilino de la Casa Blanca procura proponer candidatos alineados con su ideología. Como es costumbre, los presidentes demócratas proponen jueces liberales, mientras que los presidentes republicanos proponen jueces conservadores, con la intención manifiesta de influir en las próximas decisiones del alto tribunal. Por desgracia para los presidentes y sus aspiraciones, este sistema no les garantiza contar siempre con su favor, como se ha visto en este caso, lo que confirma la independencia de criterio de los magistrados.
Iter procesal
El litigio tuvo su origen en la decisión del ejecutivo de imponer aranceles de hasta un 25% a las importaciones de Canadá y México y del 10% en el caso de China, aranceles que poco después se extendieron a un mayor número de países. La administración Trump justificó las medidas invocando la IEEPA, al considerar que la entrada de drogas procedentes de dichos países había provocado una crisis de salud pública (public health crisis) en EEUU y que el déficit comercial había producido un vaciamiento (hollowing out) de la industria estadounidense. Ante la existencia de una emergencia nacional, la IEEPA otorga al ejecutivo la facultad de "regular las importaciones", lo que hizo el presidente mediante varias órdenes ejecutivas.
Dos son los casos que dieron lugar a este litigio y llegaron al Supremo para su consideración. Por un lado, en el caso Learning Resources, Inc., dos pequeñas empresas presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia (el tribunal federal de primera instancia con sede en Washington). El gobierno solicitó transferir el caso al Tribunal de Comercio Internacional, pero el juez de distrito denegó la petición y concedió a los demandantes una medida cautelar (preliminary injunction). El tribunal concluyó que la ley IEEPA no otorgaba al presidente la facultad de imponer aranceles. En el segundo caso, V.O.S. Selections, Inc., cinco empresas y 12 Estados demandaron al ejecutivo ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT). Dicho tribunal dictó una sentencia sumaria a favor de los demandantes. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, el cual, actuando en pleno (en banc), confirmó la decisión del Tribunal de Comercio, señalando que la capacidad para "regular las importaciones" no autoriza al gobierno a imponer aranceles sin limitación de alcance, cuantía o duración.
El gobierno presentó una petición al Supremo para que anulase la decisión del tribunal de apelación en el caso V.O.S. Selections mediante el recurso procesal pertinente, la petition for certiorari, mientras que los demandantes de Learning Resources solicitaron, por su parte, acudir al Supremo antes de que se dictara sentencia en apelación (certiorari before judgment). En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo aceptó ambos recursos y consolidó los dos casos.
Finalmente, el Tribunal Supremo resolvió el pasado viernes, confirmando la sentencia recaída en el caso V.O.S. Selections al considerar que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles. También anuló la sentencia del caso Learning Resources y ordenó su devolución con instrucciones de ser desestimada por falta de competencia (lack of jurisdiction).
Los argumentos del Supremo
El argumento central de los jueces que redactaron la opinión mayoritaria se basa en la estructura de división de poderes consagrada en la Constitución. El Supremo recordó que el Artículo I, Sección 8, de la Constitución federal especifica que el Congreso, sede del poder legislativo, es el único órgano competente para recaudar impuestos, derechos y aranceles (The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises). Los magistrados subrayaron, recordando a los padres fundadores, que los redactores de la Constitución otorgaron al poder legislativo la capacidad "exclusiva de acceder a los bolsillos del pueblo" (they gave Congress "alone... access to the pockets of the people"). En consecuencia, el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles durante tiempos de paz.
Uno de los pilares de la sentencia fue la aplicación de la doctrina de las "cuestiones de mayor importancia" (major questions doctrine). Según esta doctrina, cuando el ejecutivo reclama una competencia de gran "significación económica y política", el Tribunal debe interpretar de una forma muy rigurosa textos legales que parezcan ambiguos y exigir una autorización clara y explícita del Congreso para delegar dicha competencia. La mayoría determinó que los aranceles impuestos por el ejecutivo tienen una magnitud que "empequeñece" otros casos previos y, por tanto, no pueden basarse en una interpretación amplia de la ley, sino que necesitan de una autorización expresa del Legislativo con la que no contaba el Gobierno. En este caso, permitir que el presidente imponga aranceles generales, ilimitados en el tiempo y en su cuantía, supondría una transformación radical del equilibrio de poderes consagrado por la Constitución sin respaldo claro del Congreso.
Desde un enfoque puramente textual, el Tribunal analizó el artículo 1702(a)(1)(B) de la IEEPA, que permite al Presidente "regular la importación" (IEEPA authorizes the President to "investigate, block during the pendency of an investigation, regulate, direct and compel, nullify, void, prevent or prohibit...importation or exportation"). Los jueces argumentaron que, aunque el término "regular" puede interpretarse de forma amplia, no existe ningún precedente en el que la facultad de regular incluya la competencia para gravar o imponer aranceles. La sentencia rechaza la interpretación gubernamental según la cual la expresión "regular... la importación" incluiría la imposición de dichos tributos. La palabra "regular", en su acepción ordinaria, significa crear normas, fijar métodos o someter a principios jurídicos, pero no incluye la recaudación de ingresos para el Tesoro público. De hecho, el Tribunal advierte que una lectura contraria resultaría parcialmente inconstitucional, pues la misma cláusula habilitaría al presidente a gravar también las exportaciones, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. El Tribunal concluye señalando que cuando el Congreso desea delegar competencias arancelarias, lo hace de forma explícita mediante términos como "derechos de aduana" o "aranceles", y siempre bajo límites estrictos de cuantía y duración.
El Tribunal también considera significativo que, en casi cincuenta años de vigencia de la IEEPA, ningún presidente anterior la hubiera utilizado para imponer aranceles, lo que refuerza la interpretación restrictiva de sus poderes. La ausencia de precedente histórico, unida al enorme impacto económico de las medidas arancelarias, refuerza la conclusión de que el Ejecutivo ha ido más allá de lo permitido por la ley.
La "concurrencia" y la "disidencia"
Las tres magistradas liberales Kagan, Sotomayor y Jackson coinciden con el fallo, pero estiman que los instrumentos ordinarios de interpretación legal habrían bastado para llegar a la misma conclusión, sin necesidad de recurrir a la doctrina de las cuestiones de mayor importancia.
Es interesante destacar la concurring opinion del juez Neil Gorsuch, una especie de voto particular en el que el juez manifiesta su apoyo a la decisión mayoritaria, pero aporta argumentos diferentes o adicionales, opinión que ocupa 48 folios de una sentencia de 170. El juez Neil Gorsuch es, además, uno de los tres jueces conservadores propuestos por Trump y hace en su voto una encendida defensa del principio de legalidad y la separación de poderes que expresa con estas palabras: [...] "that most major decisions affecting the rights and responsibilities of the American people (including the duty to pay taxes and tariffs) are funneled through the legislative process for a reason. Yes, legislating can be hard and take time. And, yes, it can be tempting to bypass Congress when some pressing problem arises. But the deliberative nature of the legislative process was the whole point of its design. Through that process, the Nation can tap the combined wisdom of the people's elected representatives, not just that of one faction or man".
Los jueces conservadores Kavanaugh, Thomas y Alito emitieron un voto particular discrepante (dissenting opinion), defendiendo que la IEEPA sí otorgaba al presidente la competencia cuestionada.
Posibles consecuencias del fallo
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo reafirma los límites constitucionales del poder presidencial en materia de impuestos y devuelve al Congreso el protagonismo en la política arancelaria. No está claro, sin embargo, si esta decisión tendrá o no efectos duraderos tanto en la práctica del comercio internacional como en la interpretación futura de los poderes de emergencia del ejecutivo estadounidense, pues la sentencia no declara inconstitucionales los aranceles, sino que solo prohíbe al presidente imponerlos mediante la ley IEEPA. Como uno de los jueces conservadores que votó en contra del fallo, Brett Kavanaugh se ha apresurado a señalar que esta sentencia no prohíbe al presidente Trump imponer la mayoría, si no todos, los aranceles de este tipo amparándose en otras disposiciones legales.
Fernando Cuñado, Traductor jurídico y profesor de Common Law en Cunef
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