Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, durante la entrevista. Javi Julio
Política HABLANDO SOBRE ESPAÑA Unai Sordo: "Proponemos usar el IRPF para transferir 300€ a diez millones de personas para afrontar los efectos de la guerra""Es necesario y una obligación que el Gobierno presente los Presupuestos. No acabo de entender la negativa a hacerlo".
"El país va bien en términos macro, pero eso no llega al bolsillo para hacer frente al incremento de precios
"Hay gente que lo que está pidiendo es una huelga general para derribar al Gobierno, pero no hay motivos".
Fernando Garea Publicada 26 abril 2026 02:39h Actualizada 26 abril 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
Unai Sordo (Vizcaya, 1971) es secretario general de Comisiones Obreras y estos días prepara el 1 de Mayo, que este año tiene su acto central en Málaga.
Asegura que hay un peligro para los derechos por el avance de la ultraderecha y sostiene que el principal problema social y económico de España es la vivienda. De hecho, anticipa gestiones con entidades sociales para movilizarse por la falta de vivienda.
Considera insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los primeros efectos económicos de la guerra de Irán.
Su idea es establecer, a través del IRPF, transferencias directas a las rentas más bajas. Cree posible discutir sobre la deflactación de la tarifa del IRPF como sostiene el PP, pero se asombra de que los de Alberto Núñez Feijóo no lo pidan para el tramo autonómico que gestionan sus barones.
Sobre los movimientos para formar una opción electoral a la izquierda de la izquierda, se muestra convencido de que habrá un acuerdo, aunque duda de las intenciones de Podemos e ironiza de forma crítica sobre las gestiones de Gabriel Rufián.
¿Cuáles son los asuntos más importantes desde el punto de vista de Comisiones Obreras para este 1 de Mayo?
Pues, sobre todo, como dice el eslogan, tiene que ver con los salarios, con la vivienda y, de alguna manera, con la defensa de los sistemas democráticos ante la irrupción de las extremas derechas.
El gran mensaje estrictamente sindical tiene que ver con que la situación de la macroeconomía española se traslade, efectivamente, al bolsillo de toda la clase trabajadora, porque aunque el país, en términos macro, va bien comparado con otros países de Europa, esto no está llegando para hacer frente al incremento de precios tan importantes, por ejemplo, como el de la vivienda. Y yo creo que ese sería el mensaje central: salarios, techo y tiempo.
Les han criticado por llevar el acto central del 1 de Mayo a Málaga, en plena precampaña electoral andaluza, ¿supone una interferencia o una participación en esa campaña?
No, porque, como puede imaginar, la decisión de descentralizar, de sacarlo de Madrid, hacía ya bastantes meses que lo veníamos barajando. De hecho, esto lo empezamos a hablar antes del final del 2025. La sorpresa es que se produce el adelanto electoral de Moreno Bonilla, pero a nadie se le escapa que el Primero de Mayo siempre cae en primero de mayo. Y quien ha adelantado las elecciones es Moreno Bonilla.
Evidentemente, en todo caso, los sindicatos tenemos todo el derecho del mundo en hacer el acto central donde consideremos, pero este no se ha pensado después de la convocatoria de elecciones, sino bastante antes.
Ha dicho usted que una de las cosas que se reivindica es frenar a la ultraderecha. También se dice que eso se puede considerar una toma de partido.
Hombre, evidentemente, los sindicatos, al menos en el concepto sociopolítico que tenemos en España, tenemos visiones sobre cómo se organiza la sociedad, no nos dedicamos solo al convenio y a la nómina, sino que también tenemos un proyecto sobre la democracia, sobre los servicios públicos, sobre la fiscalidad...
¿Cuál sería el peligro de esa ultraderecha, el peligro real, desde el punto de vista sindical?
Creo que lo estamos viendo ya en el mundo. La primera potencia está gobernada desde esta nueva forma de populismo de extrema derecha, y las consecuencias son caos, son desorden, son guerra, son regresión democrática, y serían recortes de derechos laborales y sociales sin ningún género de dudas.
No lo digo yo, es que hacen ellos gala de ese planteamiento, un poco de sociedad asalvajada, y creo que ese es el gran riesgo, de regresión, de involución democrática, entendiendo por democracia el sistema que es condición necesaria, condición de posibilidad, para hacer políticas igualitarias, políticas de servicios públicos para todos.
Creo que es un riesgo de regresión muy, muy fuerte. Lo estamos viendo en Estados Unidos, que está conduciendo al mundo al caos.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, durante la entrevista. Javi Julio
¿Es sostenible durante mucho tiempo un Gobierno de izquierdas con un Parlamento de derechas, teniendo en cuenta que eso hace imposible que se puedan aprobar algunas de las iniciativas que pacta el Ejecutivo con los sindicatos?
Es un serio inconveniente, porque, por un lado, seguimos sin renovar unos Presupuestos Generales del Estado que creo que serían una palanca necesaria en este momento ante los retos que tiene el país, ante el profundo cambio que se está produciendo también en la geopolítica del mundo.
Y luego, porque aquellos acuerdos a los que, eventualmente, pudiéramos llegar los sindicatos con el Gobierno, no tienen traslado a una mayoría parlamentaria.
Además, eso está desincentivando acuerdos tripartitos con CEOE, que no está apostando por las negociaciones ante la posibilidad cierta de que luego se bloqueen las cosas en el Congreso. Después del buen resultado que ha dado el diálogo social en la anterior legislatura, esta situación, en efecto, es un serio inconveniente.
Entiendo que están a favor o piden que haya unos Presupuestos que no ha habido en toda la legislatura.
Hombre, por supuesto, estamos a favor, en primer lugar, de que se presenten. Creo que es necesario que se presenten, y es una obligación.
En segundo lugar, si coincidiéramos con la orientación de esos Presupuestos en su carácter expansivo, de refuerzo de servicios públicos, pues, lógicamente, estamos a favor de que se aprobasen. Y nosotros, siempre que el Gobierno nos ha pedido opinión, le hemos trasladado que hay que presentar esos Presupuestos y que, en todo caso, si luego no salen adelante, generar una batalla política en torno a su contenido.
El Gobierno tiene palancas muy importantes para hacer valer, por ejemplo, la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, la remodelación del modelo de financiación autonómico; es decir, tiene muchas palancas para hacer bandera de la normalidad que supondría aprobar unos Presupuestos. Otros tendrían que dar bastantes más explicaciones.
Por tanto, no acabo de entender la negativa del Gobierno a visualizar esa ofensiva en torno a unos Presupuestos Generales del Estado.
¿Y cree que van a presentar los de 2026?
Lo han dicho por activa y por pasiva.
También dijeron que iban a presentar los anteriores.
Ya, estamos en mayo, y unos Presupuestos, lo lógico, no solo es que se presenten, sino que se presenten cuando todavía tienen un recorrido en su ejecución.
Es cierto que teniendo en cuenta cómo está la recaudación fiscal y cómo es la marcha de la economía, que estamos en récord de empleo, de cotizaciones sociales... digamos que el país no se resquebraja por no tener unos Presupuestos actualizados. Ahora bien, yo creo que es un inconveniente político, y soy de la opinión de que el Gobierno tendría que dar esa disputa, y además, insisto, es su obligación, y mi obligación es pedir que cumpla con su obligación.
¿Hay opciones de recuperar el control horario y la reducción de jornada, o las dos cosas las dan por perdidas?
El control horario es perfectamente posible. El dictamen del Consejo de Estado no es un dictamen vinculante, es verdad que era preceptivo y el Gobierno lo solicitó, pero no es vinculante, y creo que con algunas leves modificaciones, el control horario no se justifica que no vea la luz.
Estamos hablando de un sistema efectivo y adaptado a los tiempos de la digitalización avanzada, para hacer cumplir una ley tan básica como que las empresas paguen las horas que los trabajadores están en su puesto de trabajo, y que los trabajadores estén en su puesto de trabajo solo las horas que deben estar.
Es tan sencillo como hacer cumplir la ley. Y en un país donde hay un fraude bastante sistemático con el uso abusivo de las horas extras, pues lo que no se entiende son las reticencias a un control horario verdaderamente efectivo y no del siglo XIX.
Ha hablado antes del tema de la vivienda. ¿Cómo juzga la gestión del Gobierno, casi ocho años, después, sobre este asunto?
Creo que el Gobierno tiene dos serias pegas para poder desplegar una política de vivienda efectiva. La primera es que este país lleva cincuenta años haciendo una política de vivienda equivocada, en el sentido de la visión estrictamente propietarista de la vivienda.
Además, el hecho de que la vivienda pública que se ha hecho en las últimas décadas se haya privatizado y se haya desclasificado como vivienda pública ha provocado que tengamos un problema absolutamente enquistado.
Podíamos tener cuatro o cinco millones de viviendas a precio asequible, de protección oficial, que podrían ser una magnífica palanca para actuar sobre el mercado. Pero se ha hecho una política equivocada, de incremento artificial de los precios, por la política fiscal y también por la política crediticia de los bancos y de las cajas de ahorros.
El segundo inconveniente es que las competencias en materia de vivienda, las más importantes, están transferidas a las comunidades autónomas, y también los ayuntamientos tienen bastante que decir. Con lo cual, el Gobierno se ha metido en medio de una guerra, porque la política de vivienda es lo que más está fragmentando a la sociedad española. Pero si se me apura, el Gobierno ha ido a esa guerra con lanza, porque no tiene tantos elementos, tantas palancas efectivas para actuar sobre el problema.
¿Y cuál sería la propuesta de los sindicatos? ¿Qué cree que habría que hacer?
En opinión de Comisiones Obreras serían necesarios acuerdos interinstitucionales para concertar una nueva política de vivienda. Pero yo lo veo inviable, no solo por la coyuntura política, sino porque ahora mismo, entre la visión en materia de vivienda de los partidos del Gobierno y la del Partido Popular, y no digamos ya la de Vox, no hay demasiados elementos en común.
El PP gobierna once comunidades autónomas, pero sin un acuerdo interinstitucional, sin un mínimo común denominador, creo que va a ser difícil cambiar la situación, porque para rebajar el precio de la vivienda hay que hacer bastantes cosas durante bastante tiempo e invertir mucho dinero.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, durante la entrevista. Javi Julio
En España, hacen falta dos millones de viviendas a precio asequible en una década. Y es necesario topar los alquileres en zonas tensionadas. Pero solo con eso no sirve.
Hay que sacar vivienda vacía a la compraventa o al alquiler, aunque es verdad que muchas de esas viviendas no están donde quiere vivir la gente.
Y desde luego, hay que limitar, cuando no eliminar, la especulación de los grandes tenedores y de los fondos de inversión, restringir el uso de la vivienda como un bien turístico. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer, todas a la vez, y todas durante bastante tiempo. Este es, en mi opinión, el gran problema social, y diría que ya económico de España.
Y siendo el gran problema social, ¿no se echa de menos más movilización de los sindicatos?
Nosotros estamos hablando con las distintas plataformas, tanto de afectados por las hipotecas como de inquilinos, y también con quienes están con el tema de los desahucios. Y estamos por la labor de concertar una gran movilización social en torno al problema de la vivienda. Lo que ocurre es que los sindicatos no negocian la vivienda como negocian un convenio colectivo, por entendernos.
Acabamos, por ejemplo, de presentar una Iniciativa Legislativa Popular en Andalucía. Pero sí, creo que sería bueno hacer una movilización, también de carácter pedagógico, y quizás en las próximas fechas haya noticias al respecto. Creemos que es una movilización en la que hay que concurrir con más agentes sociales.
Mucha gente en España confunde las competencias de cada Administración en materia de vivienda, y convendría que estuviera claro para que, de cara al al próximo ciclo electoral, autonómico, local y estatal, la demanda de políticas efectivas de vivienda fuera un clamor social.
Esta es la legislatura en la que más paz social ha habido de la democracia y hay quien les critica por eso y dice que los sindicatos son casi una dirección general del Ministerio de Trabajo.
Hay gente que lo que está pidiendo es una huelga general contra el Gobierno para derribarlo. Pero teniendo en cuenta la política económica y laboral del Gobierno, teniendo en cuenta que tenemos récords de empleo, que se ha subido un 66% el SMI... no hay motivo para esa huelga. Se está perdiendo poder adquisitivo por el efecto de los precios, no porque no se estén subiendo los salarios.
Hay mucho que mejorar en el ámbito de la distribución de los salarios, pero no tiene sentido una impugnación a la totalidad de una política laboral que en gran parte es producto de las reivindicaciones de los sindicatos, y que está dando resultado.
A partir de ahí, niego la mayor. Yo niego que esté siendo una legislatura especialmente pacífica en el ámbito laboral. Ahora mismo hay convocadas huelgas en educación infantil de cero a tres años y también en una empresa como Globo, que nunca se había sindicalizado. Está habiendo huelgas en las gasolineras y va a haber seguramente huelgas en grandes empresas que no están distribuyendo sus beneficios a través de los salarios…
Pero en cuanto a movilizaciones...
Lo que pasa es que nosotros estamos priorizando la pelea por el salario, que creemos que es lo que toca, y la movilización o es de sector o es de empresa.
Y, a partir de ahí, si la patronal se niega a repartir a través de la mejora de los salarios, habilitaremos nuevos instrumentos para favorecer la movilización y la huelga, que a nadie le quepa duda. Y seguramente habrá noticias antes de verano a ese respecto.
Ahora, si lo que se quiere es manipular políticamente a los sindicatos para que seamos tan tontos de contribuir a una estrategia de derrumbe de un Gobierno con una huelga general fundamentada, pues no sé muy bien en base a qué. ¿A que crecen los precios de los combustibles, de los fertilizantes y de los carburantes, porque Trump monta una guerra en Oriente Medio y le convocamos una huelga al Gobierno de España?
En fin, que no nos tomen por idiotas.
Ha hablado de la inflación y el efecto que pueda tener la guerra de de Irán. ¿Cree que las medidas que ha tomado el Gobierno son suficientes? ¿Cuáles serían necesarias para evitarlo?
Creo que no son suficientes, que son medidas para amortiguar el primer impacto del incremento de los precios, básicamente, en los sectores más afectados, carburantes, combustibles, fertilizantes... vinculados por tanto al transporte por carretera, al sector agroalimentario. Pero la experiencia nos dice que esa reducción fiscal que, en parte, se traslada a precios, también se traslada a mejorar beneficios empresariales.
Si la guerra en Oriente Medio o el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga, y tiene pinta de que se va a prolongar, se va a contaminar el conjunto de los precios de la cesta de la compra.
Es probable que la inflación crezca más, y, por tanto, va a haber que tomar medidas adicionales. Y ya adelanto que, vista la experiencia con lo que ocurrió con las que se adoptaron cuando comenzó la guerra de Ucrania, hemos puesto encima de la mesa la necesidad de una transferencia directa de recursos a las familias, a los hogares que están por debajo de la media salarial, para hacer frente a los costes de la inflación. Porque de las medidas de Ucrania se aprovecharon más las rentas medias altas, las altas y los márgenes empresariales.
¿De qué cuantía hablamos?
Nosotros lo hemos situado en unos trescientos euros para diez millones de personas, que podría ser una forma de hacer frente estos meses que vienen al incremento parcial de los costes. Pero hay incertidumbre sobre lo que lo que viene. Si hay un corte en las cadenas de suministro, el caos se puede apoderar otra vez de la economía global. Entonces, es difícil prever lo que va a pasar de aquí a verano.
El problema es cómo hacerlo con este Parlamento, sin mayoría.
Nosotros ya apuntamos que, por ejemplo, una transferencia de recursos se podía utilizar con un impuesto negativo sobre el IRPF. Es decir, es cuestión de modificar la reglamentación del IRPF para que las rentas que estén por debajo de una determinada cuantía, o incluso las exentas, puedan ver que se les transfiere directamente esa cuantía de 300 euros. Insisto en que sería una durante unos meses.
Y luego hay que hacer más cosas. Creo que hay que impulsar la gratuidad del transporte público una vez más. Si se incrementan los carburantes, habrá que utilizar menos los vehículos privados y más los públicos.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, durante la entrevista. Javi Julio
El PP pone en la agenda el concepto de "infierno fiscal" y pide la deflactación del IRPF. ¿Qué le parece?
A mí no me deja de sorprender que un partido que gobierna once de las quince comunidades autónomas en régimen común, donde existe un tramo del IRPF que directamente se gestiona desde esas comunidades autónomas, pida la deflactación y no la practique.
A mí, la política de deflactación o de acomodar los tramos del IRPF a la evolución de los precios, y por tanto, evitar un sobrecoste fiscal que en términos reales disminuyen las rentas de las familias, me parece que es un debate perfectamente legítimo. Lo que no sé es por qué se le pide al Gobierno central y no se hace con los autonómicos.
Para que sea más progresiva la medida, prefiero lo que hemos planteado: aprovechar el IRPF para hacer transferencias directas a las rentas medias y medias bajas. Ya vimos cómo, en su día, la subvención a los carburantes favoreció a las rentas más aseadas, por la utilización, comparativamente más grande, de esos carburantes por gente que tiene rentas altas.
¿Ve posible la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE para las elecciones generales?
Yo creo que va a haber unidad de la izquierda, en la medida en que compartan un proyecto político. La pura necesidad, la pura conciencia del momento histórico que se vive, va a hacer que los partidos concurran en candidaturas más o menos consensuadas. Otra cosa es con qué fórmula.
Hay un espacio central que componen Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Comunes, y luego me imagino que llegarán a acuerdos más o menos asimétricos con otras fuerzas progresistas, ya sea con Chunta, ya sea con Compromís... No tengo demasiadas dudas de que en ese escenario central de las de las elecciones generales concurrirán en candidaturas articuladas y más o menos dentro del mismo espacio político.
No ha mencionado a Podemos.
Podemos es la otra incógnita. Insisto, yo creo que si ese espacio se configura en los términos que yo he planteado, no tengo dudas de que nadie vaya a quedarse fuera.
Luego hay quien dice que ahí se tienen que incorporartambién Esquerra Republicana, Bildu y el BNG, pero eso es otro cantar, yo ahí no me voy a meter porque no me corresponde. Lo que sí creo, en términos de análisis un poco desde desde fuera, es que la propuesta política que se lee desde la izquierda tiene que ser muy identificable y muy fiable. O sea, en este contexto de amenaza global de la extrema derecha, cualquier propuesta política que dé pie a equívocos o dé pie a incertidumbres no es lo que espera el electorado. Pero, bueno, ellos sabrán cómo lo articulan.
Una de las dificultades es el liderazgo, quién es la persona, hombre o mujer, que puede liderar eso. ¿Tiene algún candidato o alguna sospecha de quién puede ser?
Hay gente válida y gente que está ahí, y Dios me libre a mí de pronunciar el nombre. Yo, desde Comisiones Obreras, creo que hay que tener absoluto respeto institucional con los procesos que lleve cualquier fuerza política.
Una cosa es que analicemos los términos sociopolíticos sobre los que concurre la izquierda, porque es muy importante para la clase trabajadora de España, y otra que nos metamos en procedimientos internos de quién lidera o sobre cómo lo van a elegir.
Su nombre ha estado circulando.
Sí, sí. La rumorología de Madrid...
¿Y se descarta?
Yo ya dije lo que pensaba. En junio hará un año que me eligieron por tercera y última vez como secretario general de Comisiones Obreras, y ese es el compromiso que yo tengo con la organización y con la clase trabajadora: ejercer la responsabilidad para la que se me ha elegido.
¿Y su opinión sobre Gabriel Rufián y su propuesta?
¿Qué propuesta? ¿La del primer día o la del segundo? Porque, claro, yo cuando digo que creo que lo que se lance a la sociedad española tiene que ser identificable, fiable y previsible, me refiero a que cuando se haga una propuesta es bueno mantenerla más de quince días. Si no, el electorado se va a dispersar. Por tanto, bueno, lo voy a dejar ahí, pero creo que a buen entendedor, pocas palabras basta.
¿Y qué le parece el adiós de Yolanda Díaz?
En términos políticos, yo creo que Yolanda Díaz es un activo, sin ningún género de dudas, dentro de lo que es la izquierda en España.
Cuando pase el tiempo y salgamos también del ruido se analizará con toda su dimensión lo que ha supuesto su gestión en el ámbito laboral estos siete años en el Ministerio de Trabajo y, por elevación, en el Gobierno.
Parece que cualquier cosa que se diga ahora se va a interpretar en clave del regate en corto, pero Díaz ha sido capaz de dinamizar la política laboral del Gobierno, de hacerla menos subalterna a las políticas económicas ortodoxas que históricamente se han llevado a cabo en España. Porque ante se suponía que el coste laboral era gran factor de ajuste para la competitividad de la economía española. Y se ha subido el SMI un 66%, se ha pactado una reforma laboral que reduce la temporalidad a la mitad...
Eso y otra serie de medidas que contribuyen a impulsar el empleo, está haciendo que por fin España deje de aspirar a competir en base a bajos salarios. El tiempo dará la dimensión del cambio de enfoque que hemos conseguido en estos años. Y Yolanda Díaz no lo ha hecho sola, evidentemente que no, pero creo que ha sido una protagonista muy importante en ese cambio.
De alguna manera, en los últimos meses, sobre todo, el antagonista en el Gobierno de Yolanda Díaz ha sido Carlos Cuerpo, con algunos temas concretos, como el control horario, la reducción de jornada. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez le haya nombrado vicepresidente económico?
No entro mucho en esa valoración porque forma parte, lógicamente, de las potestades del presidente. Yo lo que digo es que, para el sindicato, el Gobierno es uno, y el sindicato lo que no va a tolerar son interlocuciones con el Gobierno que luego no sean refrendadas por el conjunto del Gobierno.
No digo que eso haya pasado, pero sí lo sitúo ahí, porque a veces, sea verdad o sea mentira, eso también forma parte un poco de la escenificación de la política. Ahora gusta mucho polarizar, lo de la otredad... Tiene que haber siempre alguien con el que me enfrento, y no siempre esto es tan así.
En Comisiones no vamos a llegar a acuerdos que no estén previamente consensuados en el ámbito del Gobierno, porque de lo contrario se pierde algo que es fundamental, que es la fiabilidad en la negociación. Bastante difícil es concertar una mayoría parlamentaria para que encima tengas dudas sobre si la posición de Trabajo o Seguridad Social está consensuada dentro del propio Gobierno.
Imagínate, negociamos lo que sea en materia de Seguridad Social, y resulta que eso no está consensuado dentro del Gobierno. Insisto, yo no digo que eso haya pasado, pero también lo dejo encima de la mesa para evitar que pase.
¿Por qué es necesaria la regularización de inmigrantes?
Pues mire, la explicación es de dos tenores. Una, muy cercana: porque son personas que están aquí en una situación de absoluta vulnerabilidad.
Estar en una situación de irregularidad hace que sean personas más explotables, que estén en una situación de debilidad a la hora de exigir sus derechos, lo cual, en términos sociales, en términos humanos, es inaceptable.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, durante la entrevista. Javi Julio
Además, regularizar a quienes ya están aquí, muchos trabajando, es una necesidad para estas personas, pero también para el conjunto de la población, para evitar situaciones de explotación y de dumping salarial. De otra forma, son utilizados como carne de cañón para reducir las condiciones laborales de todo el mundo.
Y luego yo levantaría un poco la vista respecto a la vergonzante posición de las derechas en materia de migración. La regresión intelectual del Partido Popular en materia de migración es para hacérselo mirar, cuando saben, porque tontos no son, que España va a necesitar un flujo de personas migrantes en unos años, en los que las generaciones más numerosas de nuestra historia se van a jubilar, y donde las generaciones que se incorporan al mercado laboral son notablemente menos numerosas.
Esos niños que no nacieron en los noventa ni en los dos mil, ya no van a nacer, y, por tanto, necesariamente España y toda Europa, o gobiernan flujos de migración, o el proceso de envejecimiento nos llevará al declive.
La pregunta no es inmigración sí o no, la pregunta es inmigración cómo. ¿Cómo garantizamos que esta gente viene en igualdad de condiciones? Y luego hay políticas públicas para su integración laboral, de vivienda, de orientación laboral, de formación y adaptación de las cualificaciones a los empleos...
Por tanto, ese negacionismo, confundiendo además migración con delincuencia, problematizando la inmigración -que yo no digo que no sea un tema complejo, pero no se puede problematizar en esos términos reaccionarios-, me parece una irresponsabilidad.
Y la gestión y los requisitos de la regularización, ¿le parecen adecuados y que están funcionando bien?
Bueno, acabamos de empezar. Nosotros nos hemos personado como entidad colaboradora, tenemos del orden de doscientas y pico personas en la tarea, y realmente los requisitos son muy salvables, porque son pocos requisitos, pero van a generar problemas de gestión, los están generando ya. Primero, porque no hay suficiente dotación de servicios públicos de migración. El proceso de regularización, que apoyamos, no deja de ser la expresión de un cierto fracaso, de que los procesos ordinarios no funcionaron adecuadamente.
Y segundo, hay un déficit de recursos en muchas de las entidades que se dedican a estas cosas, las oficinas de migración. Es verdad que no influyen apenas en este proceso, pero sí van a influir en la renovación de las situaciones de estas personas, porque no olvidemos que dentro de un año se tienen que acoger a los requisitos del Reglamento de extranjería, y entonces entrarán ya en el círculo ordinario de gestión de esto.
Hay que reforzar mucho esos servicios. Es mejorable la atención que ha habido a los procesos de migración, por eso en parte estamos en esta regularización extraordinaria.
La gente se precipita en el primer momento, es perfectamente comprensible. Hablamos de gente que lleva años aquí y que cada vez que se cruza con un policía se cambia de acera, no le vaya a pedir los papeles. Por tanto, el día uno que puede regularizar, está dispuesto a esperar doce horas de cola, aunque tenga 75 días para hacerlo.
Es perfectamente comprensible en términos humanos, pero claro, también hay que entender que eso genera una tensión enorme en estos servicios públicos, y que por mucho que un montón de entidades estemos ayudando, pues te puedes ver desbordado, como está pasando en muchas de las ONG, que con toda su buena voluntad están colaborando y están teniendo que bajar la persiana, porque tienen setecientas personas delante de una oficina, donde antes, cada día, había dos o tres.