La presidenta de Covite pide al juez revocar la segunda semilibertad a Carasatorre otorgada por el Gobierno vasco tras ver tumbada la primera
Regala esta noticia Añádenos en Google A la izquierda, el preso de ETA Juan Ramón Carasatorre, y a la derecha, Consuelo Ordóñez. (Efe/Txema Rodríguez)Xabier Garmendia y Jesús J. Hernández
27/07/2026 a las 07:32h.La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha remitido un duro escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para tratar de que ... se revoque la nueva flexibilización de grado concedida por el Gobierno vasco al etarra Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesinato en 1995 de su hermano, el concejal del PP Gregorio Ordóñez. El recurso habla de una circunstancia que considera especialmente llamativa. Según denuncia, el preso de ETA participó el pasado 16 de julio en un encuentro con otras víctimas apenas unas semanas después de haber rechazado la reunión que ella misma le había pedido en su condición de damnificada directa por la acción terrorista del recluso.
Precisamente ese precedente judicial constituye uno de los principales argumentos recogidos en el escrito de Ordóñez. La hermana del político asesinado recuerda que apenas han transcurrido dos meses desde que se confirmó la revocación del primer 100.2 y sostiene que las resoluciones ya acreditaron que la decisión se adoptó sin un programa específico de tratamiento, con una tramitación incorrecta y apoyándose en circunstancias que los tribunales consideraron insuficientes. Es por ello que solicita al juzgado que vuelva a dejar sin efecto una medida que tacha de «presuntamente fraudulenta» y que, a su juicio, reproduce los mismos defectos que motivaron la anulación de la anterior.
Pero el aspecto que mayor indignación provoca en Ordóñez es la utilización de los encuentros restaurativos como motivo para justificar la nueva concesión de la semilibertad. En el escrito recuerda que una de las razones esgrimidas por el Gobierno vasco para aplicarle inicialmente el artículo 100.2 fue su participación en una reunión con víctimas y la carta manuscrita en la que reconocía el daño causado. Ahora la presidenta de Covite desvela que el juzgado le comunicó que Carasatorre salió de prisión el 16 de julio para asistir a una «jornada terapéutica» dentro del programa 'Construyendo puentes / Zubiak eraikitzen', que reúne a víctimas y victimarios en grupos más amplios, sin ser un tú a tú. Seis días después, el 22 de julio, el Ejecutivo autonómico le concedió otra vez la flexibilización de grado. «Le ha faltado tiempo para premiarle de nuevo», critica.
«La respuesta más cobarde»
Ordóñez contrapone esa circunstancia con su propia experiencia. El pasado 22 de enero solicitó formalmente un encuentro con Carasatorre y durante varios meses trabajó con los servicios de Justicia Restaurativa y Atención a las Víctimas del Gobierno vasco para preparar el proceso. Sin embargo, el recluso dejó transcurrir el plazo sin responder siquiera a la propuesta, lo que obligó a cerrar el expediente el 30 de mayo, mes y medio antes de que sí accediera a verse con otros afectados por el terrorismo como ya había hecho antes. En el escrito remitido al juzgado, Ordóñez subraya que mientras ella llevaba ofreciéndose para participar en estos programas desde 2022, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos permitió que el preso participara en encuentros «con víctimas elegidas» sin que ella pudiera formar parte.
Este periódico ya informó a comienzos de julio de que Carasatorre había dejado caducar la petición formulada por la hermana de su víctima. La presidenta de Covite calificó entonces esa actitud como «la respuesta más cobarde» y cuestionó el arrepentimiento que el preso había plasmado meses antes en una carta incorporada a su expediente penitenciario. «Si está tan arrepentido como dice, no sé qué miedo tiene a que nos veamos», afirmó. Ahora la afectada alega ante el juez que la secuencia de los hechos resulta difícilmente comprensible como para validar la semilibertad. El Gobierno vasco, por su parte, defiende la medida tras rehacer la justificación del 100.2 atendiendo a las indicaciones de la Audiencia Nacional.
«Quisiera transmitirles que ojalá todo el daño que les he producido no hubiese tenido lugar nunca»
Juan Ramón Carasatorre, uno de los miembros del 'comando Donosti' de ETA condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995, escribió el 20 de octubre del año pasado una carta que ha resultado clave en las dos flexibilizaciones de grado que desde entonces le ha concedido el Gobierno vasco. En esa misiva, expresó de su puño y letra el deseo de trasladar su arrepentimiento a las víctimas que causó: «Lamentablemente ya no puedo cambiar lo sucedido. Y aunque estoy convencido de que nada de lo que yo pueda decir podrá reparar el daño que causé, sí quisiera transmitirles que ojalá todo ese daño que les he producido no hubiese tenido lugar nunca». Meses después, rechazó mantener el encuentro solicitado por Consuelo Ordóñez, hermana de una de las víctimas que ocasionó.
Carasatorre cita expresamente en esa carta al dirigente del PP vasco y concejal en San Sebastián, asesinado de un tiro en la nuca mientras comía con varios compañeros del partido en el bar La Cepa de la Parte Vieja donostiarra. Lo incluye entre «las víctimas y perjudicados por los que he sido condenado». Lo menciona con nombre y dos apellidos («don Gregorio Ordóñez Fenollar») junto al militar Mariano de Juan Santamaría y el inspector de la Policía Nacional Enrique Nieto Viyella, así como los «perjudicados» por el tiroteo de la residencia militar del cuartel de Loyola y por el atentado contra la sede del Gobierno Civil en Gipuzkoa. Todos esos hechos ocurrieron en San Sebastián entre enero y julio de 1995.
El escrito lo formalizó en octubre de 2025, cuando cumplía su condena en la cárcel de Martutene, antes de ser trasladado a Zaballa. Comienza recordando que en su estancia en otras prisiones, como las de Castellón y El Dueso, ya formuló su «renuncia expresa» a la violencia y asumió «por completo» su responsabilidad por los «graves delitos cometidos». También había señalado que esperaba que dicho reconocimiento pudiera «servir en la medida de lo posible para atenuar el sufrimiento generado a las víctimas que ocasioné».
En su nuevo pronunciamiento, que le acabaría sirviendo para acceder a un régimen de semilibertad, dijo ser «plenamente consciente de que se trata de un daño muy grave, que resulta irreparable y que ha causado un profundo dolor a muchas víctimas y familiares en particular, y a la sociedad en general». La carta finalizaba exponiendo su «más firme compromiso con las vías pacíficas y democráticas para que en un futuro hechos como los sucedidos en el pasado no vuelvan a repetirse».
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