No se considera un hombre precisamente afortunado. Por eso, desde que conoció que Begoña Gómez será enjuiciada por un jurado popular, ha barajado la posibilidad nada desdeñable de que él sea uno de los agraciados. «He pensado alguna vez que con la mala suerte que tengo seguro que me llamarían para el caso de Begoña Gómez», dice.
Para no desvelar la identidad de este madrileño incluido en la lista de las 2.846 personas candidatas a formar parte del tribunal ante el que la esposa del presidente del Gobierno deberá responder por las acusaciones de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, lo llamaremos Antonio. Antonio, que tiene entre 50 y 60 años y es consultor informático, recibió una carta certificada con el membrete de la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2024. En ella se le comunicaba que se habían elegido los candidatos para ser jurado en Madrid en el siguiente bienio (2025-26) mediante un sorteo en base al censo electoral y que su número había salido. «Lo primero que pensé es que vaya mala suerte tengo de que me tocara a mí entre todo el censo que hay en Madrid», subraya de nuevo su escasa fortuna.
En busca de librarse de la posibilidad de que tuviera él que impartir justicia, leyó con atención el folleto en el que entre otras cosas se le explicaba los motivos que podía alegar para salir se excluido de la lista. Ser mayor de 65 años o tener una discapacidad. No cumplía este requisito. Haber desempeñado funciones de jurado en los cuatro años anteriores. «Nunca he sido jurado ni conozco a nadie que lo haya sido», dice. Que ejercer de jurado le supusiera un grave trastorno por razón de cargas familiares. Tampoco. Desempeñar un trabajo de relevante interés general en el que no pudiera ser sustituido sin ocasionar importantes perjuicios al mismo. Nada. Estar residiendo en el extranjero... Y así un punto tras otro hasta que a Antonio se le acabó la lista de pretextos.
«Estando en la bolsa siempre estás con la duda de si te podrán llamar o no para cualquier juicio», dice sobre cómo ha vivido estos dos años en los que de momento se ha librado de ser convocado para dirimir la culpabilidad o no en alguno de los delitos que compete juzgar a un tribunal jurado, como el asesinato, la omisión del deber del socorro o el cohecho, por ejemplo.
Antonio estaba ya a poco más de tres meses de poder tirar a la basura aquella carta certificada y olvidarse del tema: el 31 de diciembre cumplía su bienio como candidato. Pero esta semana el juez Peinado ha enviado a Begoña Gómez a juicio y ahí sigue su nombre en la lista de elegibles para juzgarla.
No tiene él muy buena opinión de la institución del jurado. «No me parece bien que personas que no tenemos conocimiento sobre justicia o temas policiales seamos los que tengamos que decir que una persona es inocente o culpable, para eso están los expertos», dice.
No querría ser por tanto jurado y menos aún en este juicio: «No me gustaría, es un caso muy mediático y con mucha presión». Y cuando le trasladamos las dudas que ha sembrado el Gobierno sobre que el veredicto caiga en manos de ciudadanos que llevan dos años escuchando hablar del tema en las televisiones, responde: «El Gobierno también lleva tiempo hablando sobre el caso e intentando influenciar tanto en los jueces como en la opinión pública». Dice no conocer exactamente los delitos de los que se acusa a la esposa de Pedro Sánchez: «Lo que se ha comentado por la televisión, pero tampoco tengo el detalle al 100%».
En cualquier caso, cruza los dedos para no estar entre los 36 seleccionados que tendrán que asistir a una vista previa en la que podrán alegar -tendrán que demostrarlo documentalmente- alguna causa que los exima de ser jurado. Con que haya 20 válidos, el proceso seguirá adelante. En el inicio del juicio se escogerán a los nueve ciudadanos (y dos suplentes) que finalmente juzgarán a Begoña Gómez. Las acusaciones y defensas, tras preguntar a los candidatos lo que consideren, podrán vetar a cuatro por bando.