- EXPANSIÓN
La empresa propietaria del inmueble busca coordinar con el Ayuntamiento de Madrid y con otras administraciones una solución que permita a la anciana de 87 años volver a la vivienda con "una alternativa habitacional estable y asequible".
Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha presentado esta tarde una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años residiendo en el inmueble ahora propiedad de la empresa en la calle alcalde Sáinz de Baranda del distrito de Retiro, pueda regresar a la que fue su vivienda hasta el pasado miércoles.
Según un comunicado, Urbagestión busca con este nuevo movimiento coordinar con el Ayuntamiento y con otras administraciones una solución que permita a Maricarmen volver a la vivienda con "una alternativa habitacional estable y asequible".
Así, se ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en "el menor plazo posible".
Asimismo, la empresa ha aprovechado para aclarar que no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sáinz de Baranda 46, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen siendo esta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad en esa localización.
Dos activistas se abrazan tras la ejecución del desahucio de Maricarmen.FERNANDO VILLAREFEEl Sindicato de Inquilinas de Madrid, por su parte, ha asegurado que ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información sobre la propuesta anunciada esta tarde por Urbagestión.
Anteriormente, la empresa negó en otro comunicado haber exigido a Maricarmen el pago de una renta superior a la que venía abonando. De acuerdo a su versión, Urbagestión asegura que, tras un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, señaló que podría considerarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado.
"Esta respuesta se ha utilizado posteriormente para afirmar que la empresa pretendía incrementar la renta de forma desproporcionada, lo cual no se corresponde con la realidad", ha defendido la empresa. Urbagestión mantiene que las cifras difundidas relativas a una supuesta propuesta de 2018 para que la inquilina comprara la vivienda por unos 250.000 euros o continuara en ella con una renta de 1.650 euros mensuales, "no fueron formuladas" por la misma.
Además, sobre posibles ofertas de compra, ha asegurado que ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 han formulado alguna oferta "ni podían hacerlo legalmente", ha explicado para indicar que la única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas.
La voluntad mediadora de Casa 47 "no llegó a concretarse en una oferta cierta y por escrito", ha asegurado Urbagestión, que ha defendido su postura al explicar que en las últimas semanas se comunicó "verbalmente" la posibilidad de una renta de hasta 900 euros, abonada por Casa 47 y la inquilina. Todo ello "sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo", ha advertido.
Varios centenares de personas se concentraron frente al ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí.Daniel GonzalezEFELa empresa ha denunciado haber sido objeto de "presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas" por parte del Sindicato de Inquilinas a cuya actitud achaca haber "imposibilitado" un entendimiento entre ambas partes.
La postura de Urbagestión llega después de que se haya conocido también que la empresa presentó el pasado enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor.
La empresa ha lamentado la situación personal de la inquilina, que se encuentra ingresada en estado "débil" tras la ejecución del desahucio el pasado miércoles, y ha reiterado su respeto a las resoluciones judiciales y a la labor de los servicios sociales.
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