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Pedro Sánchez afronta esta semana su particular vía crucis judicial y político por los casos de corrupción que afectan a sus excolaboradores y familiares.
La comparecencia en los tribunales de su esposa, Begoña Gómez, este lunes, y la del expresidente del Gobierno y asesor personal suyo en los últimos años, José Luis Rodríguez Zapatero, encargado entre otras funciones de negociar directamente con el fugado Carles Puigdemont, a partir del miércoles, sitúan al actual jefe del Ejecutivo en una posición muy delicada.
Para mañana se espera la publicación de la previsible sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, por los contratos irregulares para la compra de mascarillas en pandemia. También la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante la comisión de investigación del Senado sobre las andanzas de Leire Díez, el núcleo ejecutor de la trama aflorada en el seno del PSOE para torpedear las investigaciones judiciales al entorno familiar y político de Sánchez, puede terminar de desmontar la tesis sostenida desde la Moncloa de que el presidente no tenía conocimiento de ninguna de las conductas presuntamente ilícitas de las personas de su entorno político y personal.
La tibia reacción del Gobierno en todos estos casos, atacando las instrucciones judiciales en vez de colaborar con los tribunales, alimenta las sospechas. Sánchez ha pedido comparecer para dar explicaciones en el Congreso el próximo 24 de junio. Pero esta sesión no puede convertirse en otra catarata de reproches entre el líder del Ejecutivo y la oposición por los casos de corrupción presentes y pasados, sino que debe arrojar luz de una vez por todas sobre cuándo y cómo conoció los hechos que se juzgan y qué medidas adoptó al respecto.
El histórico nivel de hartazgo social con el comportamiento poco ético de algunos de sus representantes políticos y dirigentes exige medidas contundentes, decisiones difíciles y una verdadera asunción de responsabilidades más allá de los ceses cosméticos y las declaraciones impostadas.
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