La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha remitido un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala, mostrando su preocupación por que esta organización sin ánimo de lucro esté acogiendo a sanguinarios miembros de ETA como la ex jefa de la banda terrorista Soledad Iparraguirre, alías Anboto, o al etarra Igor Solana en sus programas de acción social cuando hay víctimas que "buscan ayuda y consuelo" en esta organización sin ánimo de lucro.
Además, según denuncia la asociación que preside Daniel Portero, Cáritas incumple así la Ley 45/2025 de Voluntariado, que en su artículo 8 apartado 5, donde se especifica que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.
Los miembros de la organización terrorista ETA condenados por la Audiencia Nacional y encarcelados que se encuentran clasificados en segundo grado pueden acogerse al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y pasar a disfrutar de gran parte de los beneficios que están contemplados para los presos de tercer grado (semilibertad) si cumplen un plan de reinserción social. La facilidad con la que el Gobierno vasco está concediendo los 100.2 ha convertido la medida en un coladero para que los terroristas condenados a elevadas penas de prisión adquieran con mayor celeridad la semilibertad.
En la comunicación dirigida al presidente de Cáritas, conocida por EL MUNDO, DyJ explica que entre "las iniciativas que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Interior y Justicia del Gobierno vasco, contemplan como positivas para demostrar que los reclusos están cumpliendo un plan de reinserción y pueden, por la tanto, acogerse al artículo 100.2, se encuentra la asistencia frecuente a una ONG como Cáritas España".
DyJ denuncia que Cáritas ha acogido a "muchos" miembros de ETA en sus programas de acción social como, por ejemplo, a Anboto, "condenada por una decena de asesinatos", quien, en realidad, "se ha dedicado a cuidar la huerta y los jardines parroquiales y a la atención de personas con riesgo de exclusión social como mérito para conseguir el acceso al artículo 100.2". Se da la circunstancia de que este mismo viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el régimen de semilibertad de Anboto argumentando que estas actividades de voluntariado "no presentan la singularidad ni la necesidad tratamental que exige el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario".
En el caso del etarra Igor Solana, "que asesinó a Antonio Muñoz Cariñanos, José María Martín Carpena y a mi padre Luis Portero, ha participado igualmente en actividades de voluntariado organizadas por Cáritas con el fin de acceder también a los mencionados beneficios penitenciarios", pone de manifiesto Portero.
Control de las actividades
Asimismo, en el escrito remitido al presidente de Cáritas, esta asociación de víctimas denuncia que en los "expedientes penitenciarios no consta un control sobre las actividades que realizan estos miembros de la organización terrorista, que a propósito no están arrepentidos, ni han pedido perdón a sus víctimas".
Por último, DyJ subraya que a Cáritas España "han acudido con finalidad asistencial víctimas de estos mismos terroristas, que han buscado consuelo en la organización no gubernamental, para lo cual ustedes también prestaron ayuda a las víctimas de ETA. Esta doble atención a quienes han sufrido las acciones criminales de ETA y a aquellos que las han provocado con sus propias manos colisiona con la regulación vigente".
Por esta razón, este colectivo pide a Cáritas que "tome partido en esta dicotomía y decida si opta por atender a las víctimas o se decanta por los victimarios con el fin de cumplir con la Ley".