La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es una de las voces que se ha alzado para reivindicar el colapso que está provocando en las administraciones locales lo que considera una "falta de planificación" en el proceso de regulación y el coste que va a suponer para las arcas municipales. Para dar solución a las miles de personas que reclaman documentación -más de 2.000 certificados de vulnerabilidad en tres días-, Valencia contratará de urgencia 30 personas, entre administrativos y trabajadores sociales, que se prevé que estén trabajando un año y cuyo coste ascenderá al millón de euros. Esa factura, Catalá ha anunciado que la pasará al Gobierno de España.
"Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe, porque si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también lo debe haber para los ayuntamientos y eso se debe cumplir", anunció la alcaldesa. Así se lo ha hecho saber por carta al Gobierno, en el que ha pedido tres aclaraciones: si es necesario "acreditar" la vulnerabilidad, si son los ayuntamientos quienes tienen que acreditarla, "y si el Gobierno va a aportar recursos y financiación".
La alcaldesa considera "inadmisible" que todo el proceso se haya preparado " de espaldas" a los ayuntamientos. "Somos nosotros los que vamos a recibir las colas, las personas con muchas dudas, con dificultades de poder expresarse, con documentación que no corresponde... Cada una de ellas requiere un tiempo porque vienen con mucha incertidumbre", explicó.
De hecho, ni siquiera tienen claras cuáles son las competencias municipales que refleja el Real Decreto. "Si la ministra de Inclusión, Elma Saiz, dijo que cualquier persona irregular es vulnerable, entonces la pregunta es: ¿por qué se exige un certificado de acreditación de vulnerabilidad entonces?", planteó Catalá.
La popular defiende que emitir un certificado de este tipo requiere "un conocimiento contrastado de la situación de irregularidad que queda fuera del ámbito competencial de las funciones profesionales de intervención social", algo que es "todavía más complejo" en el caso de que la persona extranjera no haya sido previamente usuaria de los servicios públicos.
"El Real Decreto establece un modelo específico para acreditar la vulnerabilidad, pero la secretaria de Estado de Migraciones nos envió una carta diciendo que ese modelo no es obligatorio. ¿En qué quedamos?", ha añadido, y ha criticado también que no se hablara de este proceso en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que participó.
En el caso de Valencia, como capital, es más compleja. O al menos así lo ha defendido la alcaldesa, que considera contrastado que están llegando vecinos de otras localidades cercanas a hacer los trámites. En concreto, el lunes se refirió a municipios gobernados por el PSOE. "No voy a señalar a nadie por lealtad institucional, pero está pasando".
Este miércoles han vuelto a producirse colas junto al ayuntamiento, descartada la opción de establecer otro lugar para el proceso, como hubiera podido ser Feria Valencia. La alcaldesa defiende que "para el profesional es más complicado no estar en el edificio consistorial, donde en un momento determinado cualquier duda se resuelve con los secretarios municipales y los técnicos de la casa, y las personas merecen acudir a la oficina de Registro y de Padrón", aclaró.
Bernabé: "Valencia vive en un colapso permanente"
La respuesta del Gobierno le ha llegado por parte de la delegada, también candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé.
"Me da pena lo que pasa en Valencia. Todos los ayuntamientos se han preparado para este proceso. Barcelona se ha reforzado con 50 abogados, Paterna, a la que acusa y es falso, con cuatro... Si la señora Catalá no quiere colaborar porque le interesa más el lío es su problema. Valencia vive en un atasco permanente, de tráfico, de padrón y de los informes de vulnerabilidad", aseguró.