La coincidencia de la declaración ante el juez del expresidente Zapatero, para aclarar el origen de la colección de joyas que los técnicos valoran en 1,3 millones de euros, con el 20 aniversario de la aprobación en el Parlament de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña -que derivó en 2010 en una grave crisis política entre el Estado y Cataluña, preámbulo del procés- ayuda a entender en su dimensión completa la figura del expresidente. Y también el porqué de Pedro Sánchez.
Dos décadas después del Estatut, ninguno de los partidos que impulsaron esa reforma que intentó modificar desde Cataluña la arquitectura constitucional del Estado -para adaptarla a la «España plural» de Zapatero, a la que Sánchez da continuidad con su España plurinacional- quieren acordarse de esta ley. Incomprensiblemente, porque es el eje que guíe su actual estrategia política: modelo confederal, frente popular y construcción de un muro de exclusión a la derecha política y social. La línea de puntos que conecta a Zapatero con Sánchez.
El proyecto del Estatut cambió radicalmente la política española: dinamitó el pacto de la Transición, sus consensos y su espacio de reencuentro, recuperando la dialéctica divisiva de la Guerra Civil; puso en crisis el concepto de nación, desligándolo de España, al cuestionar que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y al reconocer a Cataluña y el País Vasco como sujetos de soberanía. Sin el apoyo de la clase política y económica catalana, que a partir de 2003 quería barrer todo aquello que recordara la etapa de Aznar -olvidando el Pacto del Majestic entre el líder del PP y Jordi Pujol en 1996, del que tanto se beneficiaron—, Zapatero no habría disfrutado de sus mayorías parlamentarias . Y será gracias a ese apoyo del nacionalismo catalán, y a conservar una buena relación con Artur Mas, que Zapatero podrá convertirse en 2023 en el negociador en Waterloo con Puigdemont de la Amnistía, penetrar en el núcleo de poder del sanchismo y ejercer de ministro en la sombra.
En su proyecto de acabar con el «régimen del 78» para moldear una nueva España, Zapatero vio en el socialista Maragall, que en 2003 había llegado a la presidencia de la Generalitat tras 23 años de pujolismo, al socio adecuado para la ruptura del molde constitucional. A su vez, Maragall aspiraba a pasar a la historia como el presidente que solucionó el «problema catalán» y prevalecer sobre el legado pujolista. Y con este empeño, junto a Zapatero recuperaron el espíritu del Pacto de San Sebastián de 1930, cónclave republicano al que acudieron Azaña, Carrasco i Formiguera, Lerroux..., y que entre otras cosas se comprometió a un «estatuto redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el Estado».
El idilio de Zapatero con el el PSC y el establishment catalán, desde el momento en el que el presidente prometió en 2003, en un mitin ante 20.000 personas que abarrotaban el Palau Sant Jordi, que iba a apoyar el Estatut que surgiera del Parlament, se tornó en conflicto abierto al instante de incumplir aquel anuncio: primero, en 2006 cuando el PSOE «cepilló», en palabras de Alfonso Guerra, el texto en el Congreso; posteriormente, con la sentencia del Constitucional de 2010, presentada en Cataluña como un ataque a su «integridad», a pesar de que solo recortó algunos artículos.
Aquel choque entre el Estado y el poder catalán hundió electoralmente al PSC, condenó a Zapatero -que summaba una crisis territorial a la incipiente crisis económica- y permitió al nacionalismo construir el relato victimista que en 2012 cristalizaría en el procés. Una pugna política y una fractura de las que surgirá Sánchez, al negociar en 2016 con Puigdemont la moción de censura que acabará en 2018 con el Gobierno de Rajoy, restablecer la alianza entre el PSOE y el independentismo y agitar el discurso de las dos Españas, una democrática y otra franquista, enfrentadas e irreconciliables. Dando así continuidad al proyecto político de aquel Zapatero que prometió cambiar España y ha acabado declarando como presunto corrupto ante el juez.