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Pocas economías ilustran mejor que Venezuela cómo la combinación de debilidad institucional, autocracia, socialismo, dependencia de los recursos naturales y malas decisiones de política económica puede destruir, en apenas una generación, el potencial productivo de un país.
A finales del siglo XX, Venezuela era una economía de renta media-alta, con una de las mayores dotaciones de capital humano de América Latina y acceso privilegiado a los mercados financieros internacionales gracias a su condición de potencia petrolera. Hoy, después de más de 26 años de chavismo, el país afronta un colapso económico, social y financiero de una magnitud difícilmente comparable en tiempos de paz.
Comprender las causas de este deterioro es una condición necesaria para pensar en una eventual reconstrucción.
1999: legitimidad política y oportunidad económica
Cuando Hugo Chávez llega al poder en 1999, lo hace con un respaldo electoral indiscutible y en un contexto de profundo malestar social. La economía venezolana arrastraba problemas estructurales: alta desigualdad, bajo crecimiento, elevada corrupción y una dependencia excesiva del petróleo. Sin embargo, también contaba con ventajas considerables: bajo nivel de endeudamiento, capacidad de acceso a los mercados financieros y una empresa petrolera —PDVSA— reconocida por su eficiencia técnica.
El nuevo Gobierno prometió una refundación institucional, mayor justicia social y una redistribución más equitativa de las rentas del petróleo. Desde una perspectiva económica, el momento era propicio para emprender reformas orientadas a fortalecer el Estado, mejorar la calidad del gasto público y diversificar la base productiva. Esas reformas nunca llegaron.
La captura del poder económico
Uno de los primeros movimientos del chavismo fue la reconfiguración del marco institucional mediante una nueva Constitución. Aunque presentada como una modernización democrática, la reforma facilitó una creciente concentración de poder en el Ejecutivo. Anulando los mecanismos de control y rendición de cuentas. Para los mercados y los agentes económicos, este proceso marcó el inicio de una pérdida de seguridad jurídica.
Desde el punto de vista macroeconómico, la calidad institucional es un determinante clave del crecimiento a largo plazo. En el caso venezolano, la politización del poder judicial, del Banco Central y de los organismos reguladores redujo drásticamente la confianza de inversores nacionales e internacionales, incluso antes de que la crisis económica se hiciera visible.
El modelo rentista
La piedra angular del proyecto económico fue la utilización intensiva de las rentas del petróleo como instrumento de política social y de control político. El Estado incrementó de forma sostenida el gasto público, especialmente a partir de 2004, coincidiendo con el auge de los precios del crudo. Entre 2004 y 2008, el gasto público prácticamente se duplicó, mientras el crecimiento del PIB se apoyaba casi exclusivamente en el ciclo favorable, a nivel internacional, del aumento de los precios de las materias primas.
En lugar de utilizar ese periodo de bonanza para estabilizar las cuentas públicas y acumular reservas de divisas, el Gobierno aumentó el gasto público sin crear fondos anticíclicos sólidos ni fortalecer la inversión productiva. Como resultado, la economía quedó crecientemente expuesta a las oscilaciones del precio del petróleo: cuando los ingresos eran elevados, el gasto se expandía; cuando el precio caía, el déficit fiscal y la escasez de divisas se disparaban, forzando devaluaciones recurrentes y un fuerte repunte de la inflación.
PDVSA: de motor económico a instrumento político
La intervención directa del Gobierno en PDVSA supuso un punto de inflexión. Tras el conflicto laboral de 2002, miles de trabajadores cualificados fueron despedidos y sustituidos por personal afín políticamente. La empresa pasó de operar con criterios técnicos a responder a objetivos fiscales y políticos.
Desde el punto de vista macroeconómico, esto tuvo consecuencias: una caída progresiva de la producción petrolera y un deterioro de las entradas de divisas. A pesar de contar con las mayores reservas petrolíferas del mundo, Venezuela fue incapaz de sostener su capacidad productiva.
Cuando los precios mundiales del petróleo comenzaron a caer y la producción se estancó, el modelo mostró su fragilidad. El déficit fiscal se disparó y el Gobierno recurrió al endeudamiento externo y, de forma creciente, a la financiación monetaria del gasto público. La pérdida de independencia del Banco Central fue determinante y como consecuencia la emisión de dinero para financiar el gasto público aceleró la inflación hasta
convertirse en hiperinflación. El control directo de los precios de los bienes y servicios, lejos de contenerla, agravó los desequilibrios: distorsionó los incentivos, redujo la oferta de bienes y servicios y alimentó mercados paralelos. El resultado fue una contracción histórica del PIB, una caída del poder adquisitivo de los salarios y el colapso del sistema productivo.
El colapso definitivo
A la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó una economía profundamente desequilibrada, pero aún con margen para corregir el rumbo. Sin embargo, la estrategia fue la opuesta: más controles de precios, más emisión monetaria y mayor aislamiento internacional. A ello se sumaron la pérdida de acceso a la financiación exterior, las sanciones internacionales y el desplome de la producción petrolera, fruto de la politización y el vaciamiento técnico de PDVSA.
El resultado fue un colapso económico y social sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Entre 2013 y 2020, la economía venezolana se contrajo en más de un 70%, una de las mayores caídas mundiales registradas en tiempos de paz. La pobreza se generalizó, el capital humano emigró masivamente y el Estado perdió capacidad para proveer bienes y servicios básicos. La captura de Nicolás Maduro y la posterior intervención internacional no hacen sino certificar el agotamiento definitivo de un modelo económico y político inviable.
¿Existe una ruta de salida?
Desde una perspectiva económica, la reconstrucción de Venezuela en el escenario posterior a la caída del régimen exige condiciones previas claras. La primera es institucional: sin un marco jurídico creíble, independencia efectiva del Banco Central y respeto a la propiedad privada, no es posible atraer inversión ni estabilizar expectativas. En el nuevo contexto de transición, esto implica restablecer la separación de poderes, reconstruir un poder judicial funcional, garantizar la seguridad jurídica de los contratos y devolver al Banco Central de Venezuela su función primordial de preservar la estabilidad de precios, alejándolo de la financiación directa del gasto público que caracterizó al chavismo.
En el plano macroeconómico, será imprescindible restaurar la disciplina fiscal, eliminar la financiación monetaria del déficit público y normalizar el sistema de precios, hoy profundamente distorsionado. Ello requiere una profunda reforma del sector público heredado del chavismo, una racionalización del gasto, la eliminación progresiva de subsidios generalizados e ineficientes —incluidos los asociados al combustible— y
una reforma tributaria que amplíe la base fiscal sin asfixiar la actividad productiva. La experiencia internacional demuestra que estos procesos de estabilización implican ajustes muy duros en el corto plazo y, en la mayoría de los casos, requieren el respaldo financiero y técnico de organismos multilaterales, ahora previsiblemente coordinados con Estados Unidos, para reconstruir la credibilidad macroeconómica del país.
La recuperación de PDVSA será uno de los ejes centrales del proceso de reconstrucción. Esta debe basarse en criterios estrictamente técnicos, en la apertura al capital privado y en la reintegración plena de Venezuela en los mercados energéticos internacionales, en un contexto marcado por la redefinición de la relación estratégica con Estados Unidos tras la intervención. Ello supone profesionalizar la gestión de la empresa, atraer inversión extranjera para recuperar la capacidad productiva y separar de forma inequívoca los objetivos empresariales de los fines fiscales y políticos que la llevaron al colapso. Al mismo tiempo, Venezuela necesita reducir estructuralmente su dependencia del petróleo mediante la diversificación productiva, el impulso al sector privado, la eliminación de barreras regulatorias y la integración regional y comercial, especialmente con América y los mercados occidentales.
La crisis venezolana no es solo económica: es el resultado de casi tres décadas de erosión institucional y malas decisiones de política económica acumuladas. Su solución no pasa por ajustes marginales ni por medidas aisladas, sino por una reconstrucción integral del Estado y de la economía que restablezca incentivos, reglas claras y confianza en el futuro, en un país profundamente dañado por la arbitrariedad, la corrupción y la pérdida de capital humano.
La pregunta, por tanto, no es únicamente qué políticas debería adoptar Venezuela en el nuevo escenario abierto tras la intervención, sino si su sistema político de transición será capaz de sostenerlas en el tiempo. Para ello se requiere estabilidad institucional, separación efectiva de poderes, un mínimo consenso social sobre el rumbo económico, una estrategia previsible y mecanismos de financiación internacionales suficientemente amplios. Con estas condiciones, incluso un país devastado puede volver a ser una economía viable; sin ellas, cualquier recuperación será frágil, incompleta y reversible.
Rafael Pampillón Olmedo | Profesor de la Universidad CEU-San Pablo y del IE Business School
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