Los asesores fiscales denuncian la "ausencia de un plan coordinado" en la aplicación de las obligaciones recogidas en la Ley Antifraude y la puesta en marcha de la factura electrónica obligatoria. La norma de Hacienda quedará obsoleta en 2030, cuando España deberá trasponer el ordenamiento comunitario.
Después de dos prórrogas, las empresas deberán cumplir con las nuevas obligaciones recogidas en la Ley Antifraude a partir del 1 de enero de 2027 -o a partir del 1 de julio, en el caso de los autónomos-. Entre ellas, destaca la utilización del sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, Verifactu, con el que deberán remitir todos sus recibos al Fisco para garantizar el cumplimiento tributario.
Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aseguran que estas obligaciones tienen los días contados. España deberá transponer la Directiva europea ViDA antes de 2030, lo que obligará a introducir modificaciones en el reglamento. Las empresas deberán volver a adaptarse, con el consiguiente coste, después de haber adecuado sus sistemas de facturación a los requisitos aprobados por el Gobierno.
Ayer mismo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la transposición parcial de esta Directiva, con el objetivo de modernizar el sistema del IVA comunitario, "adaptando el impuesto a un mundo cada vez más digital".
En opinión de Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la Aedaf, "debemos plantearnos si tiene sentido que entren en vigor estas medidas -Verifactu y la factura electrónica- sin haberse adaptado a la normativa comunitaria que entrará en vigor tres años después, en 2030".
Ante esta situación, afirma, "España se está convirtiendo en una isla" dentro de la Unión Europea, donde otros Estados miembros están incorporando a su marco jurídico normativas que sí tienen en cuenta la futura norma comunitaria.
Cambios previstos en Verifactu
En el caso de Verifactu, desde la Aedaf consideran que "existen ciertos elementos que deberían ser objeto de adaptación" a partir de 2030. Por ejemplo, el hecho de que la Ley Antifraude sólo se proyecte sobre las facturas emitidas, "sin integrar de forma equivalente a las recibidas".
En paralelo, la convivencia de Verifactu con el Suministro Inmediato de Información (SII), que "cubren en esencia" las mismas operaciones, podría tener un complicado encaje a partir de 2030. Por ello, "todo apunta a que sólo uno debería subsistir", explican los asesores fiscales.
Modificaciones en la factura electrónica obligatoria a partir de 2030
En paralelo, la Ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica obligatoria, también podría sufrir modificaciones a partir de 2030, teniendo en cuenta que la Directiva ViDA prevé la extensión de este imperativo para todas las operaciones intracomunitarias, algo que no se contempla en la orden de Hacienda sobre este asunto.
Albert Folguera, miembro del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la Aedaf, denuncia la dualidad de estas obligaciones, al contrario de lo que ocurre en otros países, como Italia, donde todas las facturas deben remitirse directamente a Hacienda en formato electrónico "sin excepción".
A tenor de estos planteamientos, los asesores consideran necesario "establecer una verdadera hoja de ruta que permita ordenar la convergencia del ecosistema español de facturación y el reporte transaccional hacia un modelo único", alineándose así como las exigencias comunitarias desde el primer momento, sin modificar más adelante normas que todavía no han entrado en vigor.
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