"Durante los días 27, 28 y 29 [de julio] hubo 10 intentos de comunicarnos con el presidente del Gobierno con llamadas y mensajes de los que contestaron tres, me parece recordar, a través del director de Gabinete [Diego Rubio]". Esta ha sido una de las afirmaciones que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hecho este lunes ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el asalto masivo a la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Sobre las respuestas que obtuvo en su intento de contactar con La Moncloa, Vivas ha señalado que en "los dos primeros [intentos]" Rubio les trasladó "que lo estaba trabajando y hablando con los ministerios competentes, que se trataba de un asunto migratorio". En la última, les indicó "que el cauce de comunicación obligatorio tenía que ser delegación del Gobierno y no Presidencia".
Así, el presidente de Ceuta ha tildado de "unidireccional" sus intercambios con Moncloa: la Ciudad Autónoma trasladaba información al Ejecutivo central, pero éste no le respondía nada, según indican fuentes jurídicas conocedoras de la declaración.
El presidente Pedro Sánchez no habló con Vivas hasta la tarde del día 30 de julio, cuando la frontera ya había sido desbordada y los inmigrantes entraban a millares. Durante su intercambio con el líder del Ejecutivo, éste reducía los hechos a una "crisis humanitaria" cuando el presidente ceutí insistía en que se trataba de una "invasión".
En esta línea, Vivas ha recordado que pidierion "la emergencia nacional, y no se hizo"; "que hubiera un mando único, y no se hizo [hasta el 26 de agosto, casi un mes después]"; y "que hubiera un refuerzo significativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad". Sobre esta última petición, ha señalado que aunque lo hubo, no fue "significativo", lo que "se puso en evidencia cuando ocurrió la invasión".
Además de los repetidos intentos de contactar con La Moncloa, Vivas ha explicado a la juez que en los días previos a la invasión habló con cuatro ministros, a los que les trasladó la situación de emergencia en la que ya se encontraba la ciudad autónoma.
Habló con el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como había hecho antes con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. En ambos casos se le dijo que los servicios jurídicos del ministerio sostenían que no se daban las circunstancias para adoptar las medidas que pedía. También trasladó su enorme preocupación, de forma directa, a los ministros de Defensa, Margarita Robles; Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y Exteriores, José Manuel Albares.
Respecto al responsable de la diplomacia española, resaltó en su conversación con Vivas la "enorme colaboración" de Marruecos en materia migratoria. En su declaración ante la juez, el presidente de Ceuta ha descrito a Marruecos como "una amenaza directa" para España.
En todos los casos se le transmitía que se estaba ante una crisis migratoria o humanitaria, no de seguridad. Vivas hablaba en todas sus conversaciones de "invasión" y llevaba días advirtiendo al Gobierno de datos como el incremento espectacular de menores a cargo de la ciudad: del día 25 hasta el 28, pasaron de 180 a 800.
Vivas ha ofrecido un relato "desgarrador" de la situación de la ciudad, según ha explicado al concluir la declaración Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, que coordina a las acusaciones populares.
El presidente de Ceuta ha afirmado sentirse "satisfecho" porque ha visto en la juez Tardón y el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, "implicación y determinación para esclarecer lo ocurrido".Vivas ha asegurado haber dado "toda la información necesaria sobre las comunicaciones que pudo hacer".
Se ha comprometido también a aportar por escrito la cronología detallada de los hechos que ha expuesto a petición de la juez. Además de Tardón, Vivas ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular y el abogado de la ciudad autónoma, que ejerce la acusación particular, como víctima de lo sucedido.
Vivas ha arrancado los interrogatorios del caso, que seguirán mañana con el jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega, y el ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz, citados a las 10.00 y a las 12.00 horas, respectivamente.
Para la jueza, estos tres testimonios son "prioritarios" ante "la necesidad de conocer, de forma directa, la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron el colapso operativo".
Ya en el auto de citación -con el que también reclamó informes a más de 30 organismos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- Tardón avanzó que, tras recibirlos, citaría a quienes los elaboraron. Tras las declaraciones de Vivas, Sanz y Vega, es previsible que la juez amplíe la lista de comparecencias e incluya los nombres que afloren en las testificales de esta semana.
La jueza aspira a esclarecer cuál fue la respuesta de las autoridades españolas ante la información que pudieron tener previa al asalto, según señaló en su auto del día 7 de septiembre y con el que asumió la competencia de la causa. El procedimiento, en fase embrionaria de instrucción, se está llevando a cabo con celeridad y las diligencias acordadas hasta el momento conforman una investigación sin precedentes.