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El rechazo a los dos decretos aprobados por PSOE y Sumar certifica el colapso de la legislatura. El Gobierno trata de culpabilizar a la oposición y a Junts de su incapacidad para legislar.
El rechazo de la mayoría del Congreso de los Diputados a los dos decretos aprobados por el Gobierno para intervenir aún más la vivienda certifican tanto el colapso de la legislatura como que las fallidas medidas para maniatar el mercado inmobiliario han sido el gran fracaso de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. El resultado de su gestión durante los últimos años es que la disponibilidad de pisos en alquiler se ha desplomado un 61% desde 2020 y su coste se ha encarecido de media un 40%. Lo cual se debe principalmente a que en ese tiempo no ha actuado sobre la causa principal de los cuellos de botella en este mercado, que es la falta de oferta disponible en las ciudades con mayor demanda de vivienda, sino que ha centrado sus políticas en redistribuir la escasez, imponiendo cada vez mayores restricciones a los propietarios. Los decretos derogados por las Cortes, que se convierten en los más breves de la democracia, el segundo con apenas unas horas de vigencia, ahondaban en esta línea errónea y, de haber sido convalidados, hubieran surtido efectos igualmente dañinos para aquellos a quienes en teoría se pretendía beneficiar.
Legislatura baldía
Esta ha sido otra de las constantes de la acción del Ejecutivo de PSOE y Sumar en una legislatura claramente improductiva en medidas que mejoren la vida de la mayoría de los ciudadanos. Paradójicamente, ese fue el principal argumento utilizado en la tribuna por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por los portavoces de los grupos defensores de un mayor intervencionismo en la vivienda, y del propio Sánchez, que hizo uso de la prerrogativa para intervenir justo antes de la votación parlamentaria. Sin embargo, los expertos habían alertado de que la extensión hasta finales de 2030 del veto a los desahucios, la limitación a la compra de pisos por parte de los fondos de inversión, la vuelta de los topes a los precios de los arrendamientos y, sobre todo, imponer por ley una prórroga indefinida de los contratos de alquiler como incluía el decreto promovido por Sumar hubiera deprimido todavía más la oferta, espoleando de nuevo los precios. Por ello, al contrario de lo defendido por los portavoces de la izquierda en la Cámara Baja a lo largo del tenso debate de ayer, la mejor noticia para quienes buscan piso es el fracaso de los decretos ultraintervencionistas de PSOE y Sumar.
En busca de culpables
Conscientes de la evidencia palmaria de su incapacidad para sacar adelante ninguna medida de calado en el Congreso ante la pérdida de apoyos de quienes votaron su investidura, Sánchez recurrió al tópico de señalar a los partidos de la oposición como culpables de esta nueva derrota parlamentaria, pero lo cierto es que en ningún momento ha tratado de negociar ni con PP ni con Vox, ni de incorporar alguna de las medidas que éstos le habían propuesto. Un entendimiento entre el PSOE y los populares, el grupo con más diputados en la Cámara, habría podido dar a luz una regulación más sensata que la publicada en el BOE y, sobre todo, hubiese dado estabilidad a la normativa de la vivienda, que es a la postre lo que necesita el mercado después de la enorme inseguridad jurídica creada por el Gobierno. Con quienes sí trató de entenderse Sánchez hasta última hora fue con Junts, que la noche previa había hecho público su rechazo a los decretos por desproteger a los pequeños propietarios frente a sus inquilinos. Pero tras confirmarse su voto negativo, recibieron duras invectivas desde la izquierda y del resto de partidos separatistas. Los de Puigdemont han marcado el paso de la legislatura desde el principio porque Sánchez compró su apoyo a cambio de la infame ley de amnistía dictada por el fugado expresidente de la Generalitat desde Waterloo. Pero hace ya casi dos años que Junts anunció la ruptura de su alianza con el PSOE, pese a lo cual el presidente ha tratado de estirar al máximo la legislatura sólo para retener el poder, sin ser capaz de aprobar un solo Presupuesto ni reformas que aborden los problemas estructurales de la economía. España lleva paralizada demasiado tiempo, por lo que Sánchez debería haber convocado elecciones hace mucho.
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