El PP valenciano congeló la negociación con Vox de los presupuestos de la Generalitat de 2026 a la espera de que soplase viento favorable. Es decir, a la espera de que ambos partidos sellasen sus pactos autonómicos, como ha ocurrido tras las elecciones en Extremadura y Aragón. Acordar unas nuevas cuentas en medio del fragor electoral era misión imposible, según asumían en el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca.
El presidente de la Generalitat, por cierto, se juega su perfil negociador y la estabilidad del Ejecutivo autonómico con los que serán sus primeros -y posiblemente únicos- presupuestos de la legislatura. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya logró el apoyo de los de Abascal para suceder a Carlos Mazón y ser investido presidente sin un pacto escrito de por medio. Con los contactos entre ambas formaciones engrasados, Vox ha decidido ahora cobrarse la factura de lo que ya dijo que no sería un cheque en blanco a Llorca.
En plena negociación de las cuentas, Vox ha vuelto a sacar del cajón la llamada "prioridad nacional", el término que emplea para pedir "la preferencia de los españoles" frente a los inmigrantes en el cobro de ayudas sociales o vivienda. El grupo parlamentario ha registrado una proposición no de ley (PNL) en las Cortes Valencianas para "proteger el Estado de bienestar y asegurar su viabilidad futura", lo que obligará al PP ha posicionarse sobre una demanda que plantea abiertamente "la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas" según el "principio de responsabilidad política y justicia social".
Los populares ya rechazaron en su día aplicar la "prioridad nacional" en la reforma de la renta valenciana de inclusión. Como contrapartida, Vox logró endurecer los requisitos de empadronamiento, en línea con el concepto de arraigo que maneja ahora el PP de Alberto Núñez Feijóo.
"Yo creo en el arraigo"
Pero Vox vuelve ahora a la carga para enredar al PP valenciano y asegurarse una posición de fuerza desde la que negociar los presupuestos de la Generalitat, mientras los de 2025 siguen prorrogados. El propio Llorca ya ha delimitado el terreno de juego. "Yo creo en el arraigo", dijo esta semana.
Pero el portavoz de su Gobierno, Miguel Barrachina, ha enfriado el debate este viernes, el mismo día que el pleno del Consell acordaba presentar un recurso contra el real decreto del Gobierno central que ha puesto en marcha la regularización masiva de migrantes en España. "El Consell no está por cuestiones terminológicas, sinceramente, sino en la gestión diaria", ha afirmado Barrachina en rueda de prensa.
Quien ha dejado abierto un resquicio ha sido el portavoz del PP en las Cortes, Nando Pastor. Preguntado por si su grupo apoyará la PNL de Vox, ha asegurado que harán como siempre: "Documentarnos para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios".
Las autonomías que "tengan la tentación" de aplicar medidas que vayan contra la Constitución "tendrán al Gobierno de España enfrente", ha respondido la ministra y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant. La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Isaura Navarro, ha calificado de "engaño" la propuesta de Vox y ha pedido "un poco de cordura" al PP para que no "siga los pasos" de Abascal. España "no es un país racista", ha sentenciado. De momento, la patata caliente está en el tejado de los populares.