"La prioridad nacional es básica para que Vox pueda aceptar la tramitación de cualquier documento que implique determinadas políticas". Con esta sentencia, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez ha dejado claro cuál es uno de los puntos clave en la negociación entre el Partido Popular y Vox para la aprobación una nueva Ley de Vivienda Asequible en la Región de Murcia.
Tras la reunión que han mantenido este lunes ambos partidos, junto con el Consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, Alpañez ha asegurado ante los medios de comunicación que ambas formaciones se encuentran, en estos momentos "muchísimo más cerca de un acuerdo" para su convalidación, pero que es necesario perfilar algunas "cuestiones básicas".
Aspectos como la petición de presentar dicho texto, en primera instancia, en forma de Decreto, con el fin de acelerar su tramitación y aprobarlo antes del verano y, posteriormente, su aprobación como Proyecto de Ley, de forma que el trámite parlamentario "garantice" la presentación de enmiendas.
Durante esta reunión - la séptima- , que suponía una nueva toma de contacto después de dos meses, el Partido Popular ha presentado un documento que había sido negociado con la anterior dirección de Vox en Murcia, además de con otros grupos políticos y con todos los sectores implicados, según ha explicado su portavoz Joaquín Segado.
Un texto que, sin embargo, Alpañez ha descalifiado asegurando que "lo que había no sirve" y que el acuerdo al que se había llegado, por parte de José Ángel Antelo, no "era legal" y que "no cumplía las necesidades de Vox respecto a la prioridad nacional". Fuentes de la negociación han desmentido a EL MUNDO esta afirmación negando por completo que dicho texto estuviera fuera de la legalidad.
"Prioridad nacional"
Por estas razones, ha explicado Alpañez, Vox ha trasladado al Partido Popular un documento que sí otorga esa "prioridad" y que si es aceptado por el el PP -propuesta que los populares están "estudiando" , el texto será, por su parte, convalidado.
"Los españoles primero. Tal y como se ha llegado al acuerdo en Extremadura, donde todas las políticas sociales, de impuestos o de vivienda tendrán prioridad nacional. Lo que no podemos hacer es intentar resolver un problema creando diez problemas más", ha manifestado.
Al respecto de la posible inconstitucionalidad de esta medida, Alpañez ha asegurado que "la fórmula que hemos planteado de incorporar la prioridad nacional en la norma es perfectamente compatible y legal".
"Son fórmulas anteriores y 'frases de barra de bar', que había incorporadas anteriormente y que sólo servían para un titular, lo que es incompatible con el incumplimiento de la ley", ha añadido.
"Cuestiones básicas"
Además de las "dudas" acerca de su tramitación, desde Vox también han trasladado varias "cuestiones básicas" que el Partido Popular deberá valorar para poder cerrar el acuerdo.
Entre ellas se encuentran la eliminación definitiva del "coliving" y del cohausing", que no se construyan viviendas de 20, 25 o 30 metros cuadrados, tachados como "zulos", o que no se puedan adaptar, por ejemplo, oficinas ubicadas en un polígono industrial en viviendas.
Una medida que el portavoz de los populares ha negado que estuviera planteada y que, ha asegurado, no va a suceder.
"El texto que se planteó por parte del PP siempre ha sido de sentido común. Nunca una infravivienda la vamos a convertir en vivienda ni nada similar. Tampoco se va a permitir construir viviendas en lugares no adecuados para la construcción. En este aspecto en concreto, estamos de acuerdo".
Además, también han señalado que la normativa no puede incumplir una regulación de los precios pues "sería un error o comunismo" y éstos, debido a la variación de los precios de los suministros por la guerra de Irán u otros acontecimientos, deberían ser regulados, según Vox, en una "orden de rango inferior".