El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la CEOECyL, Santiago Aparicio y el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, tras recuperar los acuerdos en septiembre de 2024 Eduardo Margareto ICAL
Región Vuelve la bestia negra de sindicatos y patronal: el pacto PP-Vox recupera el recorte del 50% de las subvencionesEl acuerdo de Gobierno incluye reducir a la mitad las ayudas a organizaciones sindicales, empresariales y entidades privadas que no acrediten una “utilidad pública efectiva”, una medida que recuerda al primer gran choque de la anterior coalición.
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Silvia García Publicada 3 junio 2026 14:42h Actualizada 3 junio 2026 14:47hEl recién estrenado pacto de Gobierno entre PP y Vox devuelve a la actualidad las subvenciones a sindicatos y patronal al centro del debate político en Castilla y León.
El acuerdo de Gobierno cerrado por ambas formaciones incluye una medida específica para reducir al 50% las ayudas destinadas a organizaciones sindicales, empresariales y entidades privadas que no acrediten “de forma objetiva una utilidad pública efectiva”.
La propuesta aparece en el apartado de eficiencia, simplificación administrativa y gasto superfluo del pacto firmado por Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán para reeditar el Gobierno de coalición en la Comunidad.
El texto establece que se procederá a la reducción de esas subvenciones “garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los castellanos y leoneses”.
El acuerdo añade que el ahorro resultante será destinado íntegramente al “fortalecimiento y mejora de los servicios públicos de Castilla y León”, con el objetivo de garantizar una atención “ágil y de calidad” para los ciudadanos.
La medida tiene como plazo de aplicación el primer presupuesto de la nueva legislatura.
Veganzones llamó "comegambas" a los sindicalistas
El polémico punto, que no ha tardado en levantar ampollas, recupera uno de los frentes más delicados del anterior Gobierno de coalición entre PP y Vox.
En junio de 2022, apenas dos meses después de la llegada de Vox a la Junta, el entonces vicepresidente Juan García-Gallardo y el consejero de Industria, Mariano Veganzones, anunciaron un tijeretazo de subvenciones a sindicatos y patronal por más de 20 millones de euros.
Hachazo de Gallardo (Vox) a sindicatos y patronal en CyL: les quita el 50% de las subvenciones, 20 millonesPor aquel entonces, el enfrentamiento dialéctico entre Veganzones y los sindicatos era máximo, llegando a referirse a los dirigentes sindicales como "comegambas".
Aquel “hachazo”, como fue bautizado entonces, incluyó la reducción al 50% de las ayudas para participación institucional, que afectaban a CEOE, CC.OO. y UGT, la supresión de subvenciones vinculadas al Diálogo Social, la eliminación de ayudas de prevención de riesgos laborales y otros recortes en programas de orientación, empleo y formación.
La decisión abrió una etapa de máxima tensión entre el Ejecutivo autonómico y los agentes sociales.
García-Gallardo defendió entonces que no apostaban por mantener “la paz social a cambio de subvenciones”, mientras sindicatos y patronal denunciaron un ataque directo al modelo de concertación social que durante años había sido una de las señas institucionales de Castilla y León.
Mañueco recuperó la paz
La situación cambió tras la ruptura del Gobierno autonómico de PP y Vox en julio de 2024.
Solo dos meses después, en septiembre de ese año, Mañueco escenificó la recuperación del Diálogo Social con la firma de cuatro grandes acuerdos junto a UGT, CC.OO. y CEOE Castilla y León en materia de vivienda, dependencia, educación y transición justa, con una movilización cercana a los 1.000 millones de euros.
En aquel acto, el presidente de la Junta defendió el Diálogo Social como una “seña de identidad” de la Comunidad y reafirmó su compromiso con el modelo clásico de negociación con sindicatos y patronal.
Mañueco hace las paces con sindicatos y patronal: 1.000 millones para el renacido Diálogo SocialTambién rechazó entonces la propuesta de Vox de abrir ese espacio a otras organizaciones, al recordar que UGT, CC.OO. y CEOE cuentan con reconocimiento por su representatividad.
Ahora, el nuevo pacto de Gobierno hace peligrar la tradicional paz social de la que siempre ha hecho gala Castilla y León.
Aunque el acuerdo no menciona expresamente el Diálogo Social en este punto, sí abre la puerta a una revisión de las ayudas públicas que reciben sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas bajo el criterio de la utilidad efectiva.
UGT convoca un consejo extraordinario
La primera reacción sindical ha llegado de UGT Castilla y León, que ha cargado con dureza contra el acuerdo.
Su secretario general, Óscar Lobo, ha convocado de forma extraordinaria e inmediata el Consejo Autonómico del sindicato para analizar el impacto del pacto en los intereses de las personas trabajadoras y de la ciudadanía de la Comunidad.
UGT considera que Castilla y León está ante “la fotocopia de un fracaso que ya sufrimos hace cuatro años” y advierte de que el acuerdo supone “un regreso al pasado, un regreso a la etapa más negra de la historia de esta comunidad”.
El sindicato sostiene que la fórmula del anterior Gobierno de coalición dejó “un desastre en la gestión” y un clima social de confrontación que, según afirma, costó meses superar.
También acusa a Vox de pretender atacar a los sindicatos “por lo que defienden y por lo que representan”.
Para UGT, la ofensiva no se dirige únicamente contra las organizaciones sindicales, sino contra el conjunto de los trabajadores.
La organización asegura que Vox quiere que las personas trabajadoras se encuentren “indefensas” y no puedan defender sus derechos ante “los abusos del poder y las actuaciones de las élites económicas”.
El sindicato no duda en asegurar que la extrema derecha llega con “ansias de venganza” y que sus ataques no dañan solo a los sindicatos, sino a toda la sociedad.
UGT vincula ese planteamiento con otras medidas del pacto que afectan a entidades sociales y ONG, y advierte de que seguirá “de pie” y sin retroceder en la defensa de los derechos y libertades de las personas que viven y trabajan en Castilla y León.