Convocará la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, para armar un proyecto de ley que deberá pasar el filtro del Congreso. Busca que los trabajadores también puedan formar parte de la propiedad de las compañías.
El Ministerio de Trabajo quiere impulsar un cambio en el modelo de gobernanza de las empresas, aumentando sensiblemente la participación de la representación de los trabajadores en las tomas de decisión. La medida parte una interpretación del artículo 129.2 de la Constitución, que insta a los poderes públicos promover a "eficazmente las diversas formas de participación en la empresa" y fomentar "mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas". Al tiempo que insta a establecer "los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".
Ambos, la participación en los consejos y la entrada en la propiedad de las sociedades, son los pilares fundamentales del proyecto de ley que pretende impulsar el departamento de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de llevar a cabo un proceso de negociación con los agentes sociales que dará comienzo próximamente.
Aunque este cambio estaba incluido en la hoja de ruta del Gobierno de coalición y ya había sido puesto en la diana de la acción legislativa con anterioridad, Trabajo pone en marcha ahora el proceso legislativo tras haber recibido las conclusiones del comité de expertos sobre el estado de la cuestión en el marco normativo español. Recuerdan los académicos convocados por Yolanda Díaz y la propia ministra que España es una anomalía en el derecho comparado comunitario, donde hasta 18 países ya tienen articuladas estructuras de participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas.
La conclusión principal de los expertos es que en España existe una falta de desarrollo del modelo de gobernanza de las empresas que rebaja los estándares de democratización en el ámbito del trabajo. Se plantea, por lo tanto, el fortalecimiento de los derechos de los comités de empresa, incluyendo el poder de veto sobre el diseño y la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral, así como la apertura de nuevas vías de acceso a la propiedad para los trabajadores para apoyar la sucesión y recuperación empresarial, así como la creación de nuevos fondos ciudadanos que transfieran la propiedad lejos de los inversores financieros.
Baremos de participación
El mecanismo propuesto por los expertos platea un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 personas trabajadoras.
En el caso de la propiedad, plantea umbrales mínimos con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores al menos de 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones. También la creación de fondos ciudadanos posiblemente regionales gobernados por trabajadores para adquirir acciones en crisis de sucesión, evitando que empresas viables sean liquidadas o vendidas a fondos de inversión depredadores.
Además, se plantea una nueva obligación de reporte para identificar a todos los inversionistas laborales dado el contexto de subcontratación y las cadenas de valor complejas, la creación de un Observatorio sobre Acceso a la Participación y la Propiedad y el derecho de codecisión para vetar o consentir sobre sistemas de IA.
Incentivos para las empresas
Más allá del cumplimiento legal mínimo, el Gobierno debería implementar mecanismos "que animen a las empresas a avanzar en la trayectoria propuesta", señalan los expertos en el informe presentado. Para ello se propone la implantación de una nueva herramienta de reporte, el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, basado en dos Escalas de Puntuación de Participación que miden el acceso de los trabajadores-inversores a la voz y a la propiedad.
Los datos recopilados a partir del Índice de Desarrollo Democrático Corporativo se utilizarán luego en un mecanismo de incentivos tipo bonus/malus, diseñado para recompensar niveles superiores de acceso a la voz y la propiedad (y desalentar niveles inferiores). Este mecanismo orientará un marco de políticas que movilizará subsidios públicos, tasas de impuestos corporativos, beneficios fiscales, acceso privilegiado a la contratación pública, etc., con el fin de incentivar un mayor progreso.
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