La vicepresidenta y ministra de Trabajo promete un reforma para endurecer los despidos improcedentes en España, pese a la falta de apoyo parlamentario, la oposición de las organizaciones empresariales y las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre la necesidad de elevar el coste.
El Gobierno mantiene el pulso sobre la reforma del despido improcedente que había caído en saco roto hace ahora un año después de que el intento del Ministerio de Trabajo de abrir una mesa de negociación para abordar la cuestión fracasara por el rechazo frontal de las organizaciones empresariales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, promete llevar a término medidas para endurecer el despido injustificado, que asegura "es baratísimo".
Así lo indicó en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta durante la sesión de control realizada por el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, que cuestionaba si se mantiene entre los planes del Ejecutivo la reforma destinada a endurecer el despidos, tal y como se había planteado tras sendos fallos, por denuncias de UGT y CCOO, del Comité Europeo de Derechos Sociales que apuntan a deficiencias en la legislación española a los efectos de garantizar que el esquema del despido improcedente no es disuasorio ni resarcitorio para los trabajadores afectados por estos ceses.
La vicepresidenta aseguró al respecto que despedir en España "es muy barato" y apunta que la indemnización media en España es "escasamente" de 8.000 euros, una cifra que en Euskadi sube hasta los 12.000 euros. "Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí, vamos a hacer algo", subrayó sobre su intención de abordar una reforma que endurezca el despido.
No obstante, para cumplir con la Carta Social Europea -que es el argumento que da el Ministerio de Trabajo para endurecer el despido improcedente-, el departamento de Yolanda Díaz no apunta hacia la recuperación de los 45 días de indemnización que había antes de 2012, sino que se tienen que estudiaría la restauración adecuada en función de las diferentes circunstancias del trabajador. Esto es, establecer indemnizaciones diferentes en función a las condiciones personales.
"No es lo mismo si despiden a una mujer que tiene 60 años, que no tiene formación, que tiene enfermedades, que si despiden a una persona joven que habla muchos idiomas y con un futuro en el trabajo", explicó Díaz en el Congreso.
Discrepancia del Tribunal Supremo
En este sentido, la medida se plantea en contraste con el criterio del Tribunal Supremo, que hace un año ratificó que la indemnización legal por despido improcedente (fijada en 33 días de salario por año trabajado) no puede ser incrementada por vía judicial atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. El Alto Tribunal defiende que este modelo tasado garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato, concluyendo que no vulnera ni el Convenio 158 de la OIT ni la Carta Social Europea, ya que el concepto de "indemnización adecuada" recogido en estos textos es una declaración programática que no resulta de aplicación directa por parte de los jueces, sino que requeriría una intervención del legislador.
Asimismo, el fallo asestó un revés a los planes del Ministerio de Trabajo al determinar que los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) no tienen carácter ejecutivo ni vinculante para los tribunales internos, al no tratarse de un órgano jurisdiccional ni emitir sentencias. De esta forma, el Supremo cierra la puerta a que los jueces aumenten las indemnizaciones para hacerlas disuasorias o reparativas, dejando claro que el marco actual es plenamente válido y que cualquier encarecimiento del despido dependerá exclusivamente de una reforma legal aprobada por las Cortes.
Y, cabe recordar que en el plano del diálogo social también parece tener la puerta cerrada el Gobierno. CEOE y Cepyme se levantaron hace ahora un año de la mesa de negociación abierta por el Ministerio de Trabajo para abordar la reforma al considerar que esta medida contradice el acuerdo alcanzado en el marco de la reforma laboral de 2021, que contó con el concierto de patronal y sindicatos. Entones, el despido fue una materia que se extrajo del debate normativo para poder facilitar el consenso.
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