El escrito advierte de que, sin autorización judicial motivada, las conversaciones deberían excluirse y podría promoverse un incidente de nulidad
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la Audiencia Nacional la pasada semana. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos
23/06/2026 Actualizado a las 13:01h.José Luis Rodríguez Zapatero lo fía casi todo a anular la causa y no tanto a defender su inocencia. Su abogado, el procesalista Víctor Moreno ... Catena, ha desatado en las últimas horas una doble ofensiva contra los chats que sostienen buena parte del caso Plus Ultra. Por un lado, pide al juez José Luis Calama que obligue a la Fiscalía Anticorrupción a identificar la resolución judicial que permitió analizar las conversaciones privadas contenidas en el disco duro denominado «crucial». Por otro, la defensa del exmandatario reclama ampliar la comisión rogatoria a Estados Unidos para conocer cómo se obtuvo, conservó y entregó a la Policía española la extracción del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, presunto accionista de facto de Plus Ultra.
La defensa no entra ahora a discutir solo el contenido de esas frases. Ataca antes. Quiere saber si esas comunicaciones podían ser leídas, analizadas y usadas contra el expresidente. En el escrito sobre el disco «crucial», la representación de Zapatero sostiene que «no ha logrado hallar el auto o los autos dictados» que pudieron autorizar «al Ministerio Fiscal o a la policía judicial» a analizar ese dispositivo y las conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero de Juan.
El exmandatario reclama información sobre el origen, extracción, custodia y entrega del móvil de Rodolfo Reyes a la UDEF
Ese disco duro, según reconstruye la defensa, contiene material procedente de entradas y registros practicados el 24 de octubre de 2024 en cumplimiento de una Orden Europea de Investigación de Francia y una comisión rogatoria del cantón de Ginebra, Suiza. Es decir, diligencias nacidas para procedimientos extranjeros. El problema, según el escrito, es que ese mismo material fue después utilizado en investigaciones españolas sucesivas y de objeto distinto hasta llegar a la imputación de Zapatero.
La defensa habla de «reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos» y sostiene que eso «no es indiferente para el ordenamiento». A su juicio, hacía falta una «habilitación judicial» específica que verificara el principio de especialidad, esto es, que permitiera usar esos datos en una investigación distinta de aquella para la que fueron incautados.
La cronología que dibuja el escrito es enrevesada. Anticorrupción presentó una denuncia el 21 de octubre de 2024 ante la Audiencia Nacional. Fue inadmitida el 15 de noviembre y esa decisión quedó confirmada el 13 de diciembre. La Fiscalía abrió después sus propias diligencias de investigación, las 1/2025, el 9 de enero de 2025. En ese marco, la UDEF analizó conversaciones de WhatsApp contenidas en el disco «crucial». Según la defensa, esas conversaciones aparecen en informes policiales, en la denuncia presentada después ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y en la pieza separada que terminó en manos de Calama.
Noticia relacionada