Los políticos tienen una relación curiosa con la presunción de inocencia: la invocan como principio sagrado cuando imputan a uno de los suyos y se la niegan al adversario incluso cuando no media imputación alguna. Cómo será de caprichosa esta relación, que el Gobierno sigue presumiendo inocente a Álvaro García Ortiz tras una condena firme.
Tras el estallido del caso Zapatero hemos vuelto a comprobar cómo los políticos juegan con las palabras para acallar críticas y sembrar confusión. Unas veces por ignorancia y casi siempre por interés, convierten la presunción de inocencia -una garantía procesal- en una supuesta obligación moral de creer en la inocencia de cualquier investigado hasta que se dicte sentencia. Pero confundir los planos jurídico y epistémico conduce a conclusiones absurdas.
La pregunta que se hacen los ciudadanos no es qué estatus tiene un procesado ante el tribunal que lo juzga, sino qué es razonable creer según los indicios. La presunción de inocencia implica que el Estado no puede tratar a un acusado como culpable sin haber demostrado su culpabilidad mediante un procedimiento con garantías, no que un observador carece de legitimación para creerlo culpable. La presunción de inocencia es una garantía institucional, no una descripción psicológica de lo que los ciudadanos deben pensar.
Ahí tienen al siempre sagaz Óscar López repitiendo que estamos obligados a creer en la inocencia del ex presidente pese a los indicios porque, de lo contrario, vulneraríamos su presunción de inocencia. Pero un ciudadano informado que considera probablemente culpable a un investigado no está dictando sentencia; está realizando una inferencia. Lo que exige este principio es que el Estado pruebe formalmente los hechos antes de castigar, no que el ciudadano deje en suspenso su racionalidad hasta que acabe el juicio. Cuando preguntados por Zapatero, el presidente y sus ministros insisten en que «ante todo, presunción de inocencia», no están invocando una garantía procesal sino tratando de desactivar la crítica y presentar cualquier inferencia adversa como antidemocrática.
Pero una democracia liberal no exige que los ciudadanos sean ingenuos; lo delirante sería que la actuación de policía, fiscalía y jueces no generara una actualización de nuestras creencias.
Sólo así se entienden las distintas presunciones que conviven en un Estado de Derecho: la presunción de inocencia del acusado y la presunción de buena fe institucional, por ejemplo. Cuando alguien es investigado, detenido o llevado a juicio, tendemos a asumir que no ha ocurrido arbitrariamente.
Esa es la paradoja: si convertimos la presunción de inocencia en una obligación de creer ciegamente en la inocencia factual del acusado, entonces negamos toda credibilidad preliminar a jueces, fiscales y policías. Y eso tampoco resulta compatible con un Estado de Derecho.
Convertir la presunción de inocencia en una prohibición de pensar es una perversión del principio. Y utilizarla como escudo automático ante cualquier indicio de corrupción es también una forma poco disimulada de tratar a los ciudadanos como idiotas.