La muerte de cinco jóvenes tras el hundimiento de la pasarela de El Bocal, en la costa norte de Santander, ha abierto una grieta en la exigencia de responsabilidades. Ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguraba que se tiene que hablar de «responsabilidad de las tres administraciones» (Ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander) respecto a la seguridad ciudadana. Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual -que aseguraba que no se iban a «pegar políticamente» y que quiere evitar hacer «más fuerza en la herida» mediante una «discrepancia sin datos»- apuntaba a la ejecución de la obra, que fue de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
La documentación oficial dibuja un escenario mucho menos difuso. Los papeles apuntan en dos direcciones políticas (Ayuntamiento y Demarcación de Costas) y señalan dos fechas (6 de abril de 2004 y 31 de octubre de 2019).
«Quizá sea pronto para entrar en determinadas cuestiones, pero que hoy estemos hablando de esto también es consecuencia de una dinámica que llevamos años denunciando en Santander: el deterioro y la falta de mantenimiento de infraestructuras», denuncia a este diario el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez. «Se han convertido en un problema central de la política municipal, sobre el que hemos presentado mociones, ruegos y propuestas que han sido desoídas».
El 6 de abril de 2004, el Ayuntamiento de Santander (PP) firmaba un documento oficial tras el periodo de información pública del proyecto «Senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar». El texto, rubricado por el entonces alcalde Gonzalo Piñeiro y el concejal de Medio Ambiente, Íñigo de la Serna -quien años más tarde sería ministro de Fomento-, incluía un «compromiso Municipal de que una vez finalizadas las obras este Ayuntamiento se hará cargo de su mantenimiento». No era una declaración ambigua. El documento detallaba, en cuatro puntos, que «no existe inconveniente en contraer compromiso con la Demarcación de Costas de Cantabria (PRC y PSOE) para una vez ultimadas las obras proyectadas en la 'senda peatonal' referenciada, este Ayuntamiento se haga cargo de su mantenimiento». En este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, nace una supuesta primera línea de responsabilidad al demostrar un compromiso real y oficial -a modo de declaración administrativa- y que sería remitida al organismo estatal.
La segunda fecha -31 de octubre de 2019- se corresponde con el acta del pleno ordinario de este Ayuntamiento, ya liderado en ese momento por la actual alcaldesa, Gema Igual (PP). La página 21 de dicho documento recoge una moción presentada por el portavoz del grupo mixto UxS-IU), Miguel Saro. En apariencia, el texto versaba sobre la preservación paisajística de la costa norte. Pero en su interior afloran datos relevantes: el proyecto había sido redactado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (PSOE) y ejecutado «en colaboración con el Ayuntamiento».
Aunque la moción instaba Demarcación de Costas y al Ministerio a retirar el material restante de la obra por cuestiones paisajísticas -debido a las «unánimes protestas» de los vecinos sobre las «horrendas infraestructuras que habían sido diseñadas por el Ministerio»- pedía «facultar al Ayuntamiento de Santander a realizar dichas tareas subsidiariamente previa tramitación del oportuno expediente administrativo». De esta forma, se reconocía la capacidad de actuación de la Administración local, la misma que ayer -4 de marzo- ordenaba a la Policía Municipal precintar dos pasarelas a petición de la Demarcación. «Ya lo advertimos en 2019 con una moción que fue aprobada por unanimidad en el Pleno, y en los últimos años vecinos y colectivos han vuelto a alertar del mal estado de la senda y de los riesgos existentes», afirma el concejal Martínez, «nadie actuó».
Pero en 15 años, entre 2004 y 2019, los vecinos no cesaron de denunciar la peligrosidad de la zona de construcción de la pasarela: sobre unas rocas por las que, tradicionalmente, pasaban los pescadores y los vecinos acostumbraban a pasear por un camino terrestre mucho más seguro. Un ímpetu y unas propuestas por parte de los políticos que, viendo la tragedia, quedaron en papel mojado.
Sin ir más lejos, en 2014, arrancó el proyecto de adecuación de la zona impulsado por la Demarcación de Costas y con un presupuesto de un millón de euros. La presión vecinal se reactivó al ver la dimensión de las actuaciones que estaban modificando el paisaje -como el hormigonado de muros de piedra, alterando así la tradición paisajística- y que calificaban de «desproporcionadas». En marzo de ese año, la modificación del recorrido original (de 2004) afectó a un recorrido de 10 kilómetros de longitud y se instaló la pasarela damnificada. Una obra adjudicada a Dragados por la mencionada cantidad, pero siete meses después la obra se detuvo por las protestas de los vecinos -constituidos en la Asamblea de la Sendera Costera (ADSC)- que sostenían motivos medioambientales y de seguridad.
De aquellas protestas se consiguió redactar un nuevo texto dos años después. En 2016, este nuevo documento, refrendado por el Ministerio, recogía la postura de ADSC defendiendo «la retirada de todos los miradores y pasarelas de la senda» ya que sostenían que, además, no se correspondía con la senda tradicional. La retirada propuesta nunca se efectuó a pesar de que se recogía, por escrito, el aviso de la peligrosidad de dichas pasarelas: eran «inadecuadas para el tránsito peatonal» ya que se construirían «a través de dos grietas».
El silencio entre administraciones, pese a las advertencias de los vecinos, acabaron por saltar por los aires por la muerte de cinco jóvenes: Eunate, Celia, Lluna, Lucía y Xabier. De poco sirvió, el día anterior a la tragedia, de Fernando, un vecino que alertó al 112 del mal estado de la estructura, percibiendo que «si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir». El servicio, dependiente del Gobierno de Cantabria, dio aviso a la Policía Local, según El Diario Montañés.
Tampoco las advertencias de vecinos desde hace años, de que los clavos que sostenían la estructura estaban oxidados y dañados por llevar tanto tiempo expuestos a la intemperie del viento y el mar. «Habrá tiempo de dirimir responsabilidades, pero es evidente que no estamos ante un hecho imprevisible ni fruto solo de la mala suerte», denuncia Martínez.
Este concejal no pierde la oportunidad de ser crítico con un Ayuntamiento que «no se ocupa de lo propio y mira hacia otro lado cuando se trata de otras administraciones, salvo para la foto de la inauguración a la que la alcaldesa no falta».