Almaraz, el botón nuclear de la campaña en Extremadura: "Nos discriminaron cuando la pusieron y nos van a discriminar al quitarla"

La finca de Saucedilla (Cáceres) donde Alberto cría una veintena de vacas charolesas -para carne- tiene vistas a la central nuclear de Almaraz. En la foto se ven, a espaldas del ganadero, las cúpulas blancas que coronan los edificios que albergan los dos reactores y las aguas del embalse de Arroyocampo, que discurre entre la central y las vacas. El embalse se construyó en 1976 -a la vez que la nuclear- para refrigerar los condensadores de las turbinas, que pesan unas 600 toneladas cada una y dan 25 vueltas por segundo. «El uranio calienta el agua hasta convertirla en vapor y ese vapor es el que mueve las turbinas. Luego el vapor vuelve a hacerse líquido y lo sacan fuera, al embalse, para que se enfríe», explica Alberto el proceso en lenguaje mundano.

Alberto Álvarez Curiel, de 45 años, sabe todo esto porque la silueta de la central nuclear ha formado siempre parte de su paisaje -nació en junio de 1980, 11 meses antes de que arrancara el primer reactor- y porque de vez en cuando trabaja en ella. Técnicamente se denomina «la recarga», pero los vecinos también lo llaman «la parada». Cada 18 meses, los reactores se detienen -nunca los dos a la vez- para poder sustituir el combustible gastado del núcleo por otro fresco. Aprovechando el descanso, se realizan además tareas de inspección o mantenimiento. El proceso dura 30-40 días y supone la contratación de 1.200 trabajadores extra, la mayoría gente del entorno, como Alberto, que deja esos días sus vacas al cuidado de otros ganaderos.

«Antes de la recarga se abre una lista en los Ayuntamientos de la zona para ver quién quiere ir. Te tienes que apuntar. Y el Ayuntamiento pasa la lista a la central nuclear», explica. «Yo llevo yendo 15 años. Trabajo en el almacén y me dedico a repartir piezas por la central. Es como una empresa logística dentro de la planta. Mono [de protección] no llevo porque no entro en zona controlada. Algunos de mis compañeros sí, porque hay dentro un almacén de contención, pero yo siempre he estado fuera. La turbina sí la he visto».

Alberto tiene reciente la última recarga en la que ha participado, la número 29 del reactor 2, que arrancó a las 23:59 horas del 5 de octubre. Ingresó 4.000 euros por unas cinco semanas de trabajo. «Dependiendo de las fechas, me viene mejor o peor por mi tarea en el campo, pero mientras pueda intentaré seguir asistiendo. De ahí pago mi sello de autónomo todo el año; yo me hago a esa idea. Te puedes hacer a la idea de que te da para irte de vacaciones con tu familia...». Lo que obtiene en las paradas a él le supone «un suplemento» pero es un ingreso vital para muchos vecinos. Son una media de cuatro cada tres años y hay quien gana hasta 8.000 euros por recarga.

La existencia de los recargueros como Alberto sirve para ilustrar hasta dónde alcanza el impacto económico de la central. No sólo sostiene a quienes trabajan directamente en ella sino que es el motor de la comarca de Campo de Arañuelo -que quedaría herida de muerte si el anunciado cierre se consuma- y un gigante de la industria de Extremadura. La lucha por su permanencia, en lo que están de acuerdo los principales partidos de la región menos la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura, será uno de los ejes de la campaña de cara a las autonómicas del 21-D. Almaraz ha abierto una brecha entre el PSOE extremeño y el gobierno de Sánchez y, en paralelo, ha unido al PP autonómico con el PSOE autonómico, lo permite a Vox agitar el discurso de que son la única alternativa al bipartidismo y quedar como los grandes defensores de los intereses de Extremadura, incluso contra Europa.

Prueba del desgaste que Almaraz está suponiendo al PSOE es que, mientras en la zona esperan con inquietud que se resuelva la petición de continuidad que han hecho las propietarias de la central, el Gobierno anuncia un plan para minimizar el impacto que provocaría en la zona el cierre. A día de hoy, está previsto que el primer reactor pare en noviembre de 2027 y el segundo, en octubre de 2028. Que en la última recarga se haya empleado a 1.000 personas en lugar de las 1.200 habituales se debe, informaba la central, a que había menos tareas por la cercanía del fin.

«A los extremeños nos pusieron la central casi impuesta. La energía nuclear no la quería entonces nadie en España, se le tenía miedo, respeto. Fuimos discriminados cuando nos la pusieron aquí y ahora que hemos aprendido a vivir con ella, que nos sentimos seguros con ella, nos la quieren quitar. Vamos a ser discriminados nuevamente». Así habla Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvís de Monroy y de su pedanía, Casas del Belvís, unos 900 habitantes en total asentados en la zona de máxima influencia de la central, ya que la tienen a sólo 10 kilómetros.

Sánchez Castilla, alcalde por la formación regionalista Levanta, preside además la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, sí al futuro. Desde su nacimiento, en enero pasado, han impulsado entre otros actos una manifestación en Almaraz, un apagón eléctrico simbólico en toda la región, una protesta junto a los trabajadores de la central frente al Ministerio de Trabajo -24 de noviembre- y han conseguido que los escuchen en el Parlamento Europeo: «Fuimos y pedimos que viniera a Almaraz una misión de investigación para que vean el desastre que supondría el cierre. Nos lo han concedido y vendrán varios diputados en febrero de 2026», explica.

A los europarlamentarios les mostrarán los mismos contundentes datos que nos trasladan a nosotros. «Análisis del impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz» se titula un informe bastante reciente -marzo, 2025- de la consultora Metyis. El estudio sostiene que el cierre provocaría la pérdida de miles de empleos con efecto dominó: 2.100 en la zona, 3.800 en Extremadura y 15.300 a nivel nacional. En dinero contante y sonante supondría la pérdida de 124 millones de euros al año en el entorno de la central, 207 en la región y 829 en toda España. En concepto de impuestos, recoge Metyis, la central abona 435 millones anuales: 80 son para la comunidad autónoma y 15 para los 12 municipios más cercanos. Se entiende que el resto, 340 millones, van a las arcas estatales.

«De los 900 habitantes nuestros, unos 30 al menos trabajan en la central, pero hablando de todo el municipio podrían ser 50, porque en las dos urbanizaciones que tenemos hay muchos trabajadores del la central. Ojo, que 50 personas son 50 familias», apostilla el alcalde de Belvís de Monroy, uno de los 12 municipios de la zona que recibe fondos de Almaraz. En su caso fueron 343.000 euros en 2020, un tercio de su presupuesto, según datos del estudio «Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz», elaborado por Payperthink en 2024. A la cabeza de los más beneficiados está Saucedilla, el municipio donde Alberto tiene sus vacas, que ingresó 5,4 millones de euros imputables a la nuclear. Le sigue Almaraz, con 5,1 millones. La localidad que da nombre a la central tiene 1.780 habitantes y 27.023 euros de renta, la más alta de Extremadura tras Cáceres y Badajoz. El tercer municipio más beneficiado es Serrejón (837.000 euros) y el cuarto, el mencionado Belvís de Monroy, en cuya pedanía, Casas de Belvís, reside nuestro ganadero. «Van a hacer polvo a todos los chavales que trabajan en la central y a todas la familias que viven de ella. Va a ver gente que se vea muy mal, porque hay parejas que trabajan los dos en la nuclear. ¿Qué va a ser de esas familias cuando los echen a los dos?», pregunta Alberto.

Él vaticina que sucederá lo mismo que a finales de los 60, cuando se acabó la construcción de la hidroeléctrica de Valdecañas -a unos 10 kilómetros de Almaraz- en la que trabajó su padre. «Se acabó la obra y la zona se quedó como se va a quedar si cierra la central, en la desidia. Mi padre tuvo que irse a Madrid hasta que arrancó la construcción de la central nuclear y se vino de nuevo. Él hacía soldaduras Cadweld. Les dieron un curso porque la gente no sabía hacer ese tipo de trabajo. No entendían muy bien qué estaban construyendo, era una obra gigantesca, una obra, como dicen ahora, cosmopolita», relata Alberto. «Mi padre y mis tíos, que también fueron soldadores en la central, se quedaban con la boca abierta viendo los transportes. Tuvieron que reforzar carreteras y puentes para poder traer algunas piezas».

Hoy Almaraz produce 15.655 GWh de energía eléctrica al año, la mitad de los 31.108 GWh que genera Extremadura, suficiente para cubrir el 7% de la demanda de toda España, lo que supone abastecer a cuatro millones de hogares. El cierre de la central conllevaría un aumento del 23% de la factura del consumo doméstico y de un 35% del industrial, según los datos que maneja la plataforma pro Almaraz. «Y la despoblación sería inmensa, decenas de pueblos desaparecerían, la central asienta población joven», detalla su presidente la debacle.

Sánchez Castilla fue uno de los impulsores del manifiesto «Alianza por Almaraz», que se presentó el pasado 4 de octubre en Navalmoral de la Mata. Como muestra de que los políticos extremeños están todos a una con la central se subraya que el documento lo firmaron populares y socialistas, desde la presidenta de la Junta, María Guardiola, al presidente de la diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, por ejemplo.

Del acto, los medios reprodujeron sobre todo las palabras de Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde socialista de Almaraz. «Es una vergüenza dejar morir una comarca, unos por el egoísmo de enriquecerse y otros por mantenerse en el poder a cualquier precio», arremetía contra las propietarias de Almaraz y el Gobierno. «No quiero terminar sin acordarme de mis compañeros y paisanos diputados del PSOE por Extremadura en el Congreso. A mí se me caería la cara de vergüenza ser el representante y portavoz de una provincia y no tener cojones de votar lo que Extremadura necesita y merece. ¡Qué podemos pensar de vosotros si a la primera de cambio nos dejáis tirados! ¡Cómo vais a pasear por nuestros pueblos con la cabeza alta si no estáis con ellos!».

Aludía Díaz Agraz a la votación que se celebraría en el Congreso unas semanas después -13 de noviembre- sobre una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que pretendía derogar el cese de las centrales de Ascó, Cofrentes y Almaraz. El voto en contra del PSOE -los cuatro «compañeros y paisanos diputados del PSOE por Extremadura» incluidos-, Sumar y sus socios (Junts se abstuvo) echó abajo la continuidad de las nucleares. Un día después, el alcalde de Almaraz nos recibía. «Va a haber más votos para la derecha. Va a cambiar mucho la mentalidad de voto en la comarca. A mí me duele, pero creo que va a ser así», vaticinaba sobre el impacto que el posible cierre tendría en las autonómicas.

No había ya, sin embargo, en sus palabras críticas al Gobierno Central. La suavización se debía a que, entre su rotundo discurso de Navalmoral y la caída de la enmienda del PP, el panorama había cambiado algo. El 30 de octubre las propietarias de la central -Iberdrola, Endesa, Naturgy- solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica la ampliación de la vida operativa de Almaraz hasta 2030. Y el 17 de noviembre el Gobierno envió la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear para que realice un informe. «Esperemos que ese informe sea positivo y que lo emitan lo antes posible para quitarnos de encima esta incertidumbre», dice Sánchez Castilla, convencido de que se postergará el cierre.

Según una encuesta de Metroscopia (abril, 2025), al 80% de los extremeños le parece una mala noticia el cierre. El mismo porcentaje considera la central segura. El 67% no cree que la zona vaya a contar con apoyos para reinventarse. Esto piensa también Alberto, el ganadero, quien hasta junio fue concejal de su pueblo por el PSOE. «Cuando he sido concejal siempre he ido en esto en contra de mi partido y he votado a favor de las prórrogas. Si cierra, la zona se quedará muerta porque el dinero que ha aportado a los pueblos no se ha invertido en industria. Cuando la central nuclear se puso en marcha, desde el minuto uno, sabíamos que tenía fecha de caducidad. ¿Por qué no hemos hecho nada?».

EN CAMPAÑA

PP. Defensor de la continuidad, su candidata, María Guardiola, firmó el manifiesto «Alianza por Almaraz». En el acto trasladó su compromiso de ajustar la fiscalidad regional para facilitar la continuidad de la planta.

PSOE. Su líder, Miguel Ángel Gallardo, como todo el socialismo extremeño, está a favor de Almaraz: «Estoy convencido que el Gobierno va a prorrogar la central», ha dicho.

VOX. El partido de Óscar Fernández Calle ha colocado lápidas de cartón frente a la central para denunciar que morirá por culpa del «bipartidismo» y del Pacto Verde europeo.

UPE.Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, ha criticado repetidamente la gestión y posible prórroga de la central nuclear de Almaraz, calificándola de «agonía prolongada».