El mes pasado, un reporte de CNBC aseguró que Altman sostuvo reuniones con legisladores y funcionarios en Washington para discutir una posible participación del gobierno en OpenAI. El eventual acuerdo contemplaría la donación de acciones de la empresa al gobierno para financiar el Fondo Público de Riqueza impulsado por la creadora de ChatGPT.
Posteriormente, Trump confirmó que su administración analizaba “conceptos en los que se podrían entregar piezas al público estadounidense, donde el público estadounidense se convertiría esencialmente en un socio”. También adelantó que, “en un futuro muy próximo”, sostendría una reunión con varias empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.
El gobierno de Trump aumenta su influencia en el negocio de la IA
Estas iniciativas y reportes surgen en un momento en el que el gobierno estadounidense ha adoptado una postura regulatoria inesperadamente más estricta. Durante su campaña presidencial y en los primeros meses de su administración, Donald Trump prometió impulsar una política destinada a acelerar el desarrollo de la industria nacional de IA con el propósito de fortalecer su liderazgo tecnológico y exportar esos avances a otros mercados.
Sin embargo, recientemente firmó una orden ejecutiva que obliga a determinadas empresas del sector a presentar sus nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público para que sean sometidos a pruebas y evaluaciones por parte de las autoridades. El decreto encomienda a la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad (ONCD) el diseño de un marco de revisión estandarizado que permita detectar vulnerabilidades en sistemas avanzados de IA y compartir esos hallazgos con agencias federales y operadores de infraestructura crítica antes de su despliegue masivo.
La orden ejecutiva fue emitida semanas después de que Anthropic lanzara de forma restringida Claude Mythos, un modelo que, según la empresa, posee capacidades tan avanzadas que, si cayera en manos de actores maliciosos, podría representar una amenaza significativa para la economía, la seguridad pública y la seguridad nacional.
Tras la entrada en vigor del decreto, tanto ese modelo como una variante considerada más segura, denominada Fable 5, suspendieron temporalmente el acceso para ciudadanos extranjeros como consecuencia de una instrucción de la administración Trump, que justificó la medida por motivos de seguridad nacional.
lanzamiento de GPT-5.6, el modelo más reciente de OpenAI. La empresa afirmó que “como parte de nuestra colaboración continua con el gobierno de Estados Unidos, presentamos un adelanto de nuestros planes y de las capacidades de los modelos antes del lanzamiento de hoy. A solicitud del gobierno, comenzamos con una vista previa limitada para un pequeño grupo de socios de confianza cuyos nombres se compartieron con el gobierno, antes de un lanzamiento más amplio”.Por ahora se desconoce hasta dónde llegará la influencia gubernamental sobre las operaciones, el desarrollo tecnológico y el modelo de negocio de OpenAI. Lo que sí resulta evidente es que la administración Trump busca desempeñar un papel cada vez más activo en el emergente mercado de la inteligencia artificial y en otras tecnologías de vanguardia. El gobierno estadounidense ya posee una participación del 10% en Intel y, de acuerdo con diversos reportes, también exigió a Nvidia y AMD entregar el equivalente al 15% de los ingresos obtenidos por la venta de chips en China, una estrategia que refuerza su creciente intervención en sectores considerados estratégicos.