La Fiscalía General advierte del colapso de los juzgados y exige infraestructura tecnológica a la Audiencia Nacional para no quedar en desventaja frente al crimen organizado
Regala esta noticia Añádenos en Google Un agente de la Policía Nacional situado en la puerta de la Audiencia Nacional. (EP) 10/09/2026 a las 13:24h.La Fiscalía General del Estado alerta de la «excesiva duración de algunas investigaciones» y la demora en la celebración de los juicios, un fenómeno que ... califica como «una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia». En su informe anual, presentado este jueves durante el acto de Apertura del Año Judicial, que contó con la presencia, como dicta el protocolo, tanto del rey Felipe VI como de la fiscal general, Teresa Peramato, y de la presidente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el Ministerio Público denuncia que el atasco en las grandes causas por corrupción termina generando «consecuencias indeseables» para el interés público, tales como la prescripción de los delitos, la rebaja de las condenas mediante la «casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas» o el margen de maniobra que se otorga a los investigados para «ocultar el producto del delito» antes de que la justicia pueda actuar.
El origen del problema reside en el grave embudo que sufren las fases de instrucción. Cuando un juzgado abre una investigación sobre el desvío de fondos públicos o el cobro de comisiones ilegales, la causa requiere rastrear entramados societarios en el extranjero, revisar miles de correos electrónicos y auditar contratos complejos. El Ministerio Público señala que la falta de «medios materiales y personales» desborda la capacidad operativa de los fiscales y de las unidades asignadas en los casos, abocando las investigaciones a «dilaciones procesales» que terminan por encallar los expedientes durante años antes de poder «dar una respuesta penal eficaz» a los responsables de los delitos económicos.
Rebajas de penas
La parálisis constante que denuncia la Fiscalía se agrava, según recoge la Memoria, «unidades de apoyo adscritas», dada la escasez de inspectores de Hacienda, peritos informáticos y analistas financieros dedicados en exclusiva a estudiar las cuentas involucradas en los casos de corrupción. Al no contar con «suficiente personal especializado» para examinar la documentación incautada, la elaboración de un único informe pericial sobre una red societaria puede demorarse durante meses provocando «retrasos indebidos en la tramitación de las causas». La falta de medios humanos convierte, así, cada paso del procedimiento en un recorrido lento que beneficia a los procesados.
Y es que esta lentitud acarrea un efecto en cadena, denuncia el Ministerio Público, que daña gravemente la «credibilidad de la Administración de Justicia». Cuando un caso llega por fin a juicio, a veces tras una década de instrucción, el tiempo transcurrido desencadena la «casi sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas». Esta rebaja en las penas no solo suaviza el castigo a los condenados, sino que genera «consecuencias indeseables» al otorgar un margen extra a las tramas para «ocultar el producto del delito», dificultando la localización y recuperación del dinero público defraudado.
Por todo ello, la Fiscalía sostiene que modificar las leyes o endurecer las penas en el Código Penal resulta inútil si no van acompañadas de «memorias económicas reales» que doten a los juzgados del presupuesto necesario para asumir las macrocausas. Sin más personal, sin peritos asignados y sin ordenadores capaces de procesar la enorme cantidad de información digital que exige la delincuencia económica moderna, es decir, sin «medios materiales e informáticos», la persecución de la corrupción política y financiera seguirá condicionada por los retrasos y la falta de medios, impidiendo al Ministerio Fiscal «dar una respuesta penal eficaz» ante la delincuencia económica moderna.
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