Oí recientemente decir a la escritora Llucia Ramis que le "flipa que la solución a la vivienda tenga que ser hipotecarte". Viniendo de una cronista de su tiempo, muy cerca de cumplir los cincuenta, cuesta creer que le sorprenda de esa manera lo que siempre ha sido tan normal. Me atrevería a decir que hay más personas adultas en este país que han estado parte de su vida ligadas a una hipoteca que enfermas de gripe.
Para tener casa sin atarte a un banco en España y en todo el mundo desarrollado tienes que ser un hiperpijo o vivir en un universo paralelo como el que habita Yolanda Díaz. Ese en el que la vicepresidenta segunda sale a la calle a correr con su hija y se topa con gente del PP que le para y le dice, "no le he votado, pero quiero un alquiler razonable". Ese mismo espacio en el que se encuentra con empresarios que le felicitan por haber subido el salario mínimo o en el que las élites diseñan un plan B para huir del mundo en un cohete antes del colapso total. ¿Quién no querría un alquiler razonable, un sueldo digno, paz en el mundo, poder elegir a sus dirigentes o un amor verdadero, como en 'La Princesa Prometida'? Otra cosa diferente es que sea Yolanda la que te lo proporcione.
De un tiempo a esta parte la gente se ha acostumbrado a consultar con Grok si cada nuevo vídeo con declaraciones de la vicepresidenta segunda es real o está generado con inteligencia artificial. Duda si ha podido decir que "China está consolidando su Estado de Derecho" o si ha pedido a la gente que " salga a la calle para evitar que suban los alquileres". Sus declaraciones están tan lejos de la lógica y la compostura como esas imágenes en las que un gato doméstico destroza con sus garras a un cocodrilo del Nilo. Nunca Yolanda Díaz estuvo bien ubicada en el Gobierno, pero desde que anunció que no repetiría en ninguna lista a las generales se ha convertido en una auténtica antisistema dentro del Gabinete, que anticipa lo que puede ocurrir en no mucho tiempo, si las urnas cambian el signo del dirigente.
No es difícil intuir que, si Sánchez pierde las elecciones generales, el próximo año habrá en muy poco tiempo movilizaciones en las calles contra el nuevo Ejecutivo por el legado en términos de crisis de vivienda y salarios que va a recibir del actual, haciendo buena aquella viñeta de un dibujante en el que unos sindicalistas decían: "hay problemas de tal magnitud en este país que, en cuanto cambie el Gobierno, nos van a oír".
No es ninguna exageración porque el llamamiento de la vicepresidenta a la movilización para tumbar la decisión del Parlamento de parar su ley de stop a la subida de los alquileres no conduce a equívocos. Aunque no se atreve a decirlo directamente, propone sustituir la democracia por la violencia en cuanto llegue el momento y le ha traicionado el subconsciente. Si no fuera así, en vez de recurrir a la calle hubiera animado directamente a Pedro Sánchez a convocar elecciones.
Se ha dicho mil veces, pero es preciso repetirlo una más. El precio de los alquileres o de la vivienda no es el problema sino la consecuencia de la falta de vivienda, combinado con los bajos salarios. Y de ambos es responsable en buena medida el Gobierno central por una regulación descabellada en ambos campos.
Según los cálculos del divulgador Jon González, tan polémico en estos momentos por exhibir datos, esta terrible combinación ha provocado que el precio de la vivienda haya crecido en España desde 2008 un 24% más que los salarios, frente a un 3% en Italia, un 0% en Francia o un -2% en Alemania. E intervenir los precios sin atacar el origen del problema es lo mismo que meter en hielo al paciente para bajar la fiebre sin darle ningún antibiótico que combata la infección.
Al margen de las medidas para incentivar la productividad que harán que crezcan los salarios, si no se construye la vivienda que se necesita el paciente morirá. Lo cierto es que la izquierda no quiere construir esa vivienda que se necesita y busca todo tipo de culpables para eludir la solución. Habla de que hay que cumplir la Constitución, pero mientras insinúa que se debe vulnerar el derecho a la propiedad, recogido en mayor grado en la Carta Magna, mediante expropiaciones a grandes tenedores.
Para engañarse tira de argumentos tan precarios como que a principios de este siglo en España se construían miles de viviendas y los precios no dejaban de crecer, olvidando que en aquel momento la demanda estaba artificialmente desatada por la burbuja de crédito. Cuando explotó esa burbuja ni siquiera había compradores para los pisos de cuatro habitaciones en urbanización con piscina que el Pocero había construido en Seseña, a media hora de Madrid y que se ofrecían por tan solo 90.000 euros.
La mayor parte del coste de una vivienda está en el suelo, la regulación y los impuestos y los tres elementos dependen de los poderes públicos. Si esos poderes liberan suelo con agilidad, reduciendo al máximo las cargas y los plazos, regulan adecuadamente para que los inversores acudan a construir con la correspondiente rentabilidad y bajan la presión fiscal sobre la vivienda, sobre todo para aquellos que más lo necesitan, en tres años España habrá conseguido frenar drásticamente los precios de compra y alquiler en todas las zonas tensionadas.
No se deje engañar. Esto no está en manos ni de fondos buitre, ni de especuladores, ni de rentistas, ni de Rita la Cantaora. Está en manos de quienes nos gobiernan. Las personas van a poder acceder a la vivienda en mejores condiciones solo cuando se construya y esto no impedirá que Llucia siga flipando porque van a tener que hipotecarse. Si no le ponen solución a lo mejor es que no piensan tanto en la gente que necesita una casa como en la baza política que van a tener para mover el avispero cuando sea otro quien gobierne.
*Iñaki Garay es director adjunto de EXPANSIÓN
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