- Bélgica bloquea 200 millones a España por laudos renovables
- España efectúa el primer pago por los laudos de renovables: 32 millones al fondo Blasket
Un tribunal belga autoriza el embargo de los ingresos que la empresa pública Enaire recibe de Eurocontrol, tras una demanda de inversores afectados por el recorte a las renovables.
España sufre un nuevo embargo sobre sus activos en el extranjero, en el marco de la maraña legal derivada de la retirada de las primas a las renovables. Un tribunal belga de primera instancia ha autorizado el embargo de 482,4 millones de euros de los ingresos que obtiene España por la gestión de control de su tráfico aéreo y que transfiere mensualmente Eurocontrol a la empresa pública Enaire.
El embargo, autorizado como mecanismo de compensación para garantizar el resarcimiento de los inversores, está vinculado al caso de OperaFund y Schwab. Estos fondos obtuvieron en 2019 un laudo favorable dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, por el perjuicio sufrido tras sus inversiones en varios parques fotovoltaicos en España.
La resolución reconocía un importe de 29,3 millones de euros, una cifra a la que hay que sumar otros 7,5 millones en concepto de intereses de demora. Ante la negativa de España a abonar este importe, los afectados optaron por presentar una demanda ante los tribunales de Bélgica, solicitando la intervención de los pagos de Eurocontrol a Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.
La explicación de que la cantidad embargada sea muy superior a la reconocida en el laudo radica en el hecho de que los demandantes tienen el derecho de solicitar el embargo de estos activos, pero en el momento de hacerlo desconocen cuál es el importe existente. Una vez que el juez autoriza el embargo, que en este caso asciende a 482 millones, cifra que corresponde al saldo de las cuentas de Enaire al cierre de 2025, el importe total pasa a quedar inmovilizado.
Se trata de la misma fórmula utilizada hace unos meses por Blasket Renewable, el fondo que tiene los derechos de cobro del laudo ganado por Rreef, que consiguió otro embargo de más de 200 millones de euros sobre bienes de España en Bélgica. También ocurrió lo propio con JGC, compañía japonesa a la que un tribunal belga autorizó el embargo de 32 millones de euros a España en julio de 2024, y que el año pasado se convirtió en la primera y única en haber recibido hasta ahora el pago de esta cantidad por parte de España tras una negociación.
Aviso de la Comisión
El papel de la Justicia belga en este frente legal contra España ha generado polémica en Bruselas. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra el país en el pasado mes de diciembre, enviando una carta de emplazamiento por incumplir con sus obligaciones en virtud del derecho comunitario en relación con el reconocimiento de los laudos arbitrales entre inversores y países de la UE.
Según la decisión que tomó hace un año la Comisión, España incurriría en ayudas de Estado ilegales si abonase los laudos que involucran a inversores europeos. Por ello, en diciembre consideró que "Bélgica creó un riesgo inminente de que España se viera obligada a pagar la compensación", por lo que "debería haberse opuesto a esta elusión de conformidad con el principio de cooperación leal".
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