El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado su escrito de defensa en el Tribunal Supremo en la causa de la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid. Lo firma el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, del despacho Chabaneix. Este mismo miércoles el citado letrado ha renunciado a su defensa por motivos económicos.
En el escrito de defensa, conocido por EL MUNDO, el también ex secretario de Organización del PSOE defiende su inocencia, solicita su absolución en el Alto Tribunal y pide que declaren como testigos en el juicio los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Ábalos quiere que Grande Marlaska sea interrogado sobre proceso de adquisición de mascarillas en el ministerio del Interior durante la crisis sanitaria mientras aspira a que Torres y Armengol respondan sobre la compra de material sanitario en Canarias y Baleares, respectivamente.
El ex dirigente socialista niega haber ejercido influencia alguna sobre dichas administraciones para la contratación de la empresa de la trama Soluciones de Gestión. El escrito recoge que "Soluciones de Gestión sólo contrató con Adif y Puertos del Estado para todo el ámbito de competencias del Ministerio de Transportes, sin que conste, como afirma la acusación, la presunta influencia de nuestro representado en el ministro de interior, Fernando Grande Marlaska, ni en el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, citada en el escrito de acusación. Tampoco en las administraciones territoriales de Canarias y Baleares, representadas por Ángel Víctor Torres Pérez y Francesca Armengol Socias. El resto de administraciones gobernadas entonces por el PSOE, sobre las que teóricamente hubiera tenido capacidad de influencia como secretario de organización, no contrataron suministros sanitarios con Soluciones de Gestión, sociedad del acusado Aldama".
Además, el actual preso preventivo niega formar parte de una organización criminal con su ex asesor Koldo García. También niega ser el "jefe oficioso del arrepentido Víctor de Aldama", ni llevar a cabo "un plan criminal encaminado a la facilitación de contratos públicos a cambio de una comisión".
El ex titular de Transportes también rechaza haber cobrado un sueldo de 10.000 euros semanales por parte del empresario Víctor de Aldama.
El juez Leopoldo Puente atribuye al ex secretario de Organización del PSOE los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para el ex ministro de Pedro Sánchez en esta primera pieza del denominado caso Koldo.