El Ayuntamiento de Barcelona se convierte en la primera institución gobernada por el PSC que es condenada por exigir demasiado nivel de catalán a sus empleados.
El Juzgado de lo Contencioso número 12 de Barcelona sentenció el pasado 9 de septiembre que el Consistorio que dirige Jaume Collboni tendrá que rebajar el nivel de catalán requerido por la Agencia de Salud Pública de Barcelona a los auxiliares de laboratorio que quieran optar a una plaza en este organismo vinculado al Ayuntamiento.
En el fallo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el juez declara «nula» la convocatoria pública de empleo por solicitar el nivel C1 de la lengua autonómica y ordena que el nivel de catalán exigible para dicha categoría funcionarial pase a ser el B2, intermedio.
El magistrado atiende así un recurso presentado por la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana, que preside el abogado Ángel Escolano, y ratifica que el requisito lingüístico planteado por el Ayuntamiento de Barcelona era «desproporcionado».
Subraya la sentencia que en la convocatoria para auxiliar de laboratorio «no consta ninguna función específica de atención ciudadana o similar que justifique el conocimiento de la lengua catalana en el nivel C1, resultando a todas luces desproporcionado».
Cabe destacar que la Fiscalía intentó dejar sin efecto el recurso de Convivencia Cívica y se alineó con los intereses lingüísticos del Ayuntamiento de la capital catalana, pues en sus alegaciones manifestó que «el conocimiento del idioma [catalán] es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas para formar parte de la administración de un determinado territorio donde dicho idioma es cooficial». A destacar que ese extremo nunca fue cuestionado por la entidad constitucionalista, que se centró en denunciar que se estaba solicitando un nivel de lengua catalana demasiado elevado para las funciones que desempeñarían los candidatos escogidos en su puesto de trabajo de acabar siendo seleccionados.
Este fallo concuerda con otros similares también revelados por EL MUNDO, siendo el primero de parecidas características aquel por el que el pasado octubre se condenó al Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel desproporcionado de catalán para acceder a un puesto de trabajo en el Consistorio. El municipio, que está gobernado por Junts, reclamó un nivel de catalán B2 para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento y el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona declaró «nulas» las bases de su concurso público y ordenó al Ayuntamiento que pase a requerir el nivel A2 «básico» a los candidatos. Fue el primer ayuntamiento catalán condenado por esta cuestión.
A este caso le siguió en marzo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Parlament, por la que anuló las bases de la oposición para cubrir plazas de los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa de la Cámara, que preside el dirigente de Junts, Josep Rull, al considerar que exigir un nivel B2 de catalán (intermedio) supone una «vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública» por reclamar un requisito inadecuado. En este caso, en lugar del nivel B2 (intermedio) debía haberse solicitado el nivel B1 (elemental), consideró el Alto Tribunal.
Un tercer fallo similar fue aquel por el que en mayo se condenó al Ayuntamiento de Amposta, en este caso en manos de ERC, por imponer a los candidatos que quisieran optar a una plaza de electricista en el Consistorio acreditar que poseían un conocimiento intermedio de este idioma.
La sentencia también anuló las bases del concurso por el que el Ayuntamiento de la localidad tarraconense, de 23.000 habitantes, exigía el nivel B2 de la lengua autonómica y demandaba superar una prueba para demostrar el dominio lingüístico requerido, penalizando «la pronunciación incorrecta» de sonidos que es típica en castellanohablantes.
Así, se castigaba «no distinguir entre vocales abiertas o cerradas», «ensordecer las eses sonoras» (casa), «no pronunciar la ele palatal» (cavall) o «no enmudecer consonantes al final de palabra», como ocurre con los infinitivos verbales (menjar).
El examen también incluía pruebas gramaticales de relativa complejidad, como la correcta utilización de los llamados pronombres débiles (-ne/-se/-hi/-ho...), inexistentes en castellano y habitualmente utilizados incorrectamente incluso por personas catalanohablantes.
Barcelona se convierte, ahora, en el primer ayuntamiento no gobernado por una fuerza independentista en ser condenado por estos requisitos lingüísticos excesivos para imponer el catalán.