Abandona al exministro socialista Antonio Camacho y se pone en manos del prestigioso penalista Jaime Campaner, especialista en tribunales populares
Regala esta noticia Añádenos en Google Jaime Campaner se dirige a una vista. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos
29/07/2026 Actualizado a las 12:26h.Giro radical en la estrategia judicial de Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno ha decidido cambiar de abogado ante la previsible apertura de ... juicio oral por las presuntas irregularidades relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Gómez ha confiado su defensa al penalista Jaime Campaner, especialista en delincuencia económica y procedimientos ante jurado, que sustituye al exministro del Interior y fiscal en excedencia Antonio Camacho después de más de dos años al frente de su equipo legal.
El movimiento supone un cambio de perfil en un momento decisivo. Gómez abandona la defensa de un exministro socialista, fiscal de carrera y estrechamente vinculado a la política, para ponerse en manos de un abogado de corte eminentemente técnico, con experiencia académica y profesional en Derecho procesal penal, delitos económicos y comunicación ante tribunales formados por ciudadanos legos.
La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid redujera de forma considerable el perímetro de la causa, pero avalara la continuación del procedimiento ante un jurado contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El tribunal apartó de ese procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés, sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y limitó la acusación contra Cristina Álvarez a su posible colaboración en el desvío del software desarrollado en la cátedra.
La Audiencia sostiene que existen indicios de que Gómez se prevalió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria y facilitar la obtención de financiación privada para desarrollar una plataforma destinada a medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También aprecia indicios de que pudo intentar trasladar ese programa informático, financiado bajo el paraguas de la universidad pública, a su esfera particular.
Tanto el tráfico de influencias como la malversación pertenecen a la competencia del Tribunal del Jurado. De abrirse finalmente el juicio oral, Gómez y Álvarez serían juzgadas por nueve ciudadanos censados en la Comunidad de Madrid, lo que obliga a la defensa a adaptar su estrategia a un escenario muy diferente al de un tribunal compuesto exclusivamente por magistrados profesionales.
La acusación popular unificada, cuya representación ejerce Hazte Oír, reclama trece años de prisión para Gómez, aunque plantea alternativamente una condena de diez. La Fiscalía, por el contrario, ha anunciado que no formulará acusación y que presentará conclusiones absolutorias después de conocer las pretensiones de las acusaciones.
Camacho deja la defensa después de obtener numerosas resoluciones favorables de la Audiencia Provincial. El tribunal madrileño cerró distintas líneas de investigación, anuló diligencias y redujo a dos los delitos por los que Gómez puede ser enviada a juicio, frente a los cinco que llegaron a aparecer durante diferentes fases de la instrucción.
Pero su gestión también ha estado rodeada de controversia. En uno de sus escritos, la propia defensa reveló la participación de Cristina Álvarez en trabajos relacionados con la cátedra, una circunstancia que terminó abriendo una nueva línea de investigación por el posible uso de una empleada de Presidencia para fines privados. Camacho optó además desde el comienzo por una estrategia de confrontación formal con Peinado, recurrió de manera sistemática sus decisiones y promovió querellas y quejas contra el instructor.
En medios jurídicos fue igualmente discutida su recomendación de que Gómez se acogiera a su derecho a no declarar en sus primeras comparecencias. Algunos penalistas consideraron que la investigada disponía entonces de argumentos para responder a varias de las acusaciones iniciales y evitar que el silencio permitiera consolidar el relato de las acusaciones. La defensa mantuvo, sin embargo, que no podía declarar sin conocer con precisión todos los hechos que se le atribuían.
Campaner, mallorquín de 43 años, presenta un perfil muy distinto. Se licenció en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares como número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario. Es máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada y doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense, con sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado.
Es profesor titular de la Universidad de las Islas Baleares e imparte Derecho procesal penal en esa institución y en el CES Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense. También participa en el diploma de alta especialización en litigación penal de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM y ha ejercido como formador de jueces y fiscales en cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos.
Campaner cuenta además con experiencia práctica y teórica en juicios con jurado. En 2013 fue requerido por las autoridades argentinas para explicar el funcionamiento del modelo español cuando Buenos Aires preparaba la implantación de esa institución. Su llegada apunta así a una estrategia especialmente concebida para explicar a nueve ciudadanos conceptos complejos como el tráfico de influencias, la condición penal de funcionario público, la titularidad del software o la eventual existencia de un perjuicio patrimonial.
El nuevo defensor es conocido principalmente por su intervención en procedimientos económicos de elevada exposición pública. En el caso Nóos consiguió la absolución de Salvador Trinxet, acusado por Manos Limpias de haber creado una estructura societaria internacional para desviar fondos junto a Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin. También ha intervenido en la rama balear del caso Pokémon y representa a Josep Pujol Ferrusola en la causa contra la familia Pujol.
El expresidente de Sacyr Luis del Rivero le confió la acusación particular en el caso Villarejo y Joan Laporta recurrió a él para representar al FC Barcelona frente a la anterior junta directiva en el denominado Barçagate. Entre sus clientes internacionales figuran Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala; Roger Ver, conocido como «Bitcoin Jesus»; y el abogado italiano Giovanni di Stefano, que defendió a Sadam Hussein.
Recursos de amparo firmados por Campaner han provocado cambios en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el uso de cámaras ocultas y el derecho a la última palabra de los acusados. En marzo de 2024, con 41 años, ingresó como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
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