- K.FERRERO Alicante
La propuesta se espera aprobar en el pleno municipal del próximo martes.
El Ayuntamiento de Benidorm ha encontrado la salida para pagar los 350,44 millones de euros que debe por el incumplimiento de un convenio urbanístico de 2003, con sentencia firme, a dos empresas de la familia Murcia Puchades. Lo hará con la entrega de terrenos y de dinero en metálico que saldrá del presupuesto municipal, además del préstamo de 55 millones de euros, que ya ha sido aprobado, del Fondo de Impulso Económico que regula el Ministerio de Hacienda.
La elaboración de esta propuesta, encomendada a los técnicos municipales, será debatida en el pleno del próximo martes y una vez aprobada deberá ser aceptada por la propiedad y por los tribunales antes de hacerse efectiva, según ha explicado esta mañana en rueda de prensa el alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez.
Plazos
En el pago dinerario el Ayuntamiento plantea un abono inicial de 60 millones antes de finalizar 2026, que asumirá con los 55 millones del préstamo del Estado, tras la adhesión al Fondo de Impulso Económico, y con recursos propios.
También propone un periodo carencia hasta el 31 de diciembre de 2030 en el que puede aplazar la devolución de capital principal, aunque tendrá que pagar anualmente los intereses del capital pendiente. En caso de incumplimiento entrará en mora y se le aplicará un interés de demora que será el interés legal del dinero más 2 puntos porcentuales.
Otra carencia es para los intereses de la deuda, es decir, el capital principal no devengará intereses desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026 para "facilitar la necesaria reestructuración económica del Ayuntamiento".
La propuesta municipal también recoge que a partir del 1 de enero de 2031 el Ayuntamiento estará obligado a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan. Abonará a los propietarios anualmente una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio económico a partir del año 2031. Ese 8% equivale a unos 10 millones conforme al presupuesto de este año y con esa cifra el pago de la deuda se extendería cerca de tres décadas.
Dación en pago
Por otra parte, la propuesta municipal contempla dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados de 67,38 millones hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. El abono de esta cuantía se plantea durante un plazo de 5 años, mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano, que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización.
Los terrenos se ubicarán en ámbitos urbanísticos del Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 o cualquier otro suelo que tenga el carácter de solar edificable de uso residencial en su modalidad de plurifamiliar que actualmente no se encuentre así previsto en el PGOU de 1990. En todos los casos el valor de canje del aprovechamiento no podrá ser superior al justiprecio, conforme a lo que establece la ley.
El acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.
Líneas rojas
A juicio del alcalde se afrontará la sentencia "por la adquisición de suelos en Serra Gelada sin caer en la ruina, ni en la quiebra ni siquiera en la intervención" y "sin subir impuestos ni recortar servicios". Estas han sido, recuerdan desde el consistorio, las "dos líneas rojas" marcadas por el gobierno local para afrontar el pago de esta indemnización.
Toni Pérez ha enfocado la propuesta en modo positivo: el acuerdo por el suelo del APR7 de Serra Gelada permitirá que este suelo protegido del Parque Natural pase de estar en manos privadas a ser "patrimonio del pueblo de Benidorm".
Sin embargo, en el documento elaborado por el Ayuntamiento quedaba constancia de la preocupación de la intervención municipal - antes de encontrar esta solución- que elaboró varios informes, el último el pasado 23 de febrero. Explicaba que la ejecución de la sentencia condenatoria del TSJCV de 2024 "supondría la quiebra de la hacienda municipal de Benidorm" e "implicaría una gravísima merma en la prestación de los servicios públicos municipales que la ley atribuye al municipio y en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros, como el pago de la deuda con las entidades bancarias, los contratos ya formalizados y los gastos del personal al servicio de la Corporación, donde muy probablemente se producirían despidos y reducciones salariales".
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