La propuesta de la Comisión Europea pretende reducir la dependencia de terceros países como China en contratos que llegan a 2,6 billones de euros al año
Regala esta noticia Añádenos en Google Stéphane Séjourné, comisario europeo de Industria. (EFE) 09/09/2026 a las 16:09h.En un momento en el debate sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea tiene un peso muy relevante en el espacio político y económico ... del bloque, Bruselas mueve ficha. La Comisión Europea propone exigir que al adjudicar contratos públicos en la Unión Europea se tengan en cuenta un mínimo de criterios de calidad de la oferta distintos del precio, como que los bienes o servicios sean producidos en Europa, con el fin de hacer un uso más estratégico de unas licitaciones que mueven miles de millones de euros al año.
Tal y como ha explicado el comisario de Industria de la Unión Europea, Stéphane Séjourné, en un encuentro con los medios, «mi apuesta es que al clarificar las reglas y despejar las dudas sobre cómo utilizar estos criterios, serán mucho más usados por los poderes públicos. Es la apuesta por dar seguridad jurídica y simplificar para tener un uso más sistemático». «He oído demasiado durante toda la consulta sobre la revisión de la contratación pública: no podemos hacerlo, no nos habéis dado la posibilidad de fijar criterios para descartar las ofertas chinas... Hoy damos la posibilidad de hacerlo», ha aclarado.
El comisario, en definitiva, ha precisado que la "estamos tomando una decisión política clara: los fondos públicos europeos deben, siempre que sea posible, generar empleo, inversión y oportunidades en Europa, en lugar de llenar las carteras de pedidos de nuestros competidores".
«Palanca económica»
Las entidades públicas de la Unión Europea gastan cada año en contratos públicos 2,6 billones de euros, un 15% del PIB del bloque, de los que unos 600.000 millones están gobernados por las reglas comunitarias, el «equivalente al plan de recuperación postcovid», según ha destacado Séjourné. La nueva ley revisa esas normas, que datan de 2014, no solo para lograr un uso más sencillo y eficiente de los recursos, sino para convertirlos en una «palanca económica» que permita a la UE perseguir objetivos como potenciar su base industrial, reforzar su seguridad estratégica o reducir dependencias, un enfoque que países como China, Estados Unidos o India ya usan en sus legislaciones.
El principal cambio que plantea Bruselas es obligar a que los entes públicos den un peso de al menos el 30% a criterios de calidad distintos del precio al evaluar las ofertas que reciban, que pueden ser la citada «preferencia europea», pero también criterios sociales, medioambientales, de innovación o de seguridad y resiliencia. La norma, que se aplicará a todos los sectores salvo defensa, deja en manos de las autoridades decidir cuales de estos criterios incluyen y cómo combinarlos siempre que lleguen a ese umbral, que se eleva al 50 % en el caso de contratos con mucha mano de obra.