El uso de ventajas tributarias como herramienta de ayuda de Estado repunta hasta el 22% del total en 2024, marcando un cambio de tendencia respecto a las subvenciones directas masivas desplegadas durante los años del Covid-19.
La política fiscal de los Estados miembros de la Unión Europea vuelve a sus cauces estructurales. Según el State Aid Scoreboard 2025 publicado por la Comisión Europea, el peso de los beneficios fiscales (exenciones, deducciones y créditos tributarios) sobre el total de las ayudas de Estado ha comenzado a recuperarse, alcanzando el 22% en 2024. Este dato confirma el alejamiento progresivo de las inyecciones de liquidez de emergencia que caracterizaron la respuesta a la pandemia y a la invasión rusa de Ucrania.
Durante la última década, el instrumento fiscal ha sido una herramienta clave para la competitividad europea. Antes de la crisis del Covid-19, las ventajas fiscales representaban de media el 28% del gasto total en ayudas. Sin embargo, la urgencia de salvar empresas ante el cierre de la economía provocó un desplome de este mecanismo hasta el 15% y el 16% durante los años pico de la crisis, cuando los gobiernos priorizaron las subvenciones directas (dinero en efectivo) para garantizar la solvencia inmediata.
El informe de 2025 señala que, aunque el nivel del 22% aún no alcanza la media anterior a la crisis, marca una clara tendencia de normalización fiscal. En 2024, los Estados miembros redujeron su gasto total en ayudas un 17% (hasta los 168.230 millones de euros), y en este contexto de consolidación, los incentivos tributarios recuperan protagonismo como palanca para fomentar la inversión a largo plazo.
Disparidad fiscal entre los socios comunitarios
El recurso a la política fiscal para canalizar ayudas públicas muestra una Europa a dos velocidades en cuanto a estrategia tributaria se refiere.
- Suecia y Francia, líderes en incentivos fiscales. Suecia destaca por canalizar aproximadamente el 50% de su ayuda estatal total a través de ventajas fiscales. Francia le sigue de cerca con un 39%, utilizando estos mecanismos intensivamente para objetivos medioambientales y de desarrollo regional.
- El caso de Italia y la crisis. Un dato revelador del informe de 2024 es el comportamiento de Italia frente a las ayudas de crisis (vinculadas a la guerra de Ucrania y la energía). Mientras la mayoría de países usaban subvenciones, Italia desembolsó 4.940 millones de euros en forma de ventajas fiscales, lo que representó el 83% de su gasto en esta categoría, posicionándose como el único Estado miembro que utilizó la vía tributaria de forma masiva para mitigar esta perturbación económica específica.
- Alemania. La locomotora europea opta por un mix diferente, donde las subvenciones directas y otros instrumentos (como las tarifas reguladas para energías renovables) tienen mayor peso que las deducciones fiscales puras.
El informe subraya que la herramienta fiscal es el instrumento preferido para ciertas políticas estratégicas de la UE. En concreto, el 52% del gasto total destinado al desarrollo regional se articuló mediante incentivos fiscales en 2024.
Estos incentivos suelen tomar la forma de reducciones en la base imponible o créditos fiscales para empresas que se instalen o inviertan en zonas desfavorecidas, una estrategia que Bruselas considera menos distorsionadora de la competencia que la entrega directa de fondos, ya que suele requerir una actividad económica previa y beneficios sobre los que aplicar la deducción.
Hacia una fiscalidad verde
Finalmente, el informe destaca el papel de los impuestos en la transición ecológica. Aunque las subvenciones directas dominan las grandes inversiones en descarbonización industrial (hidrógeno, electrificación), las reducciones de impuestos medioambientales siguen representando una parte significativa del apoyo estatal, especialmente en los países nórdicos, permitiendo a las empresas adaptarse a los costes de la transición energética sin perder competitividad internacional.
Con la eliminación progresiva de los marcos temporales de crisis en 2024 y 2025, se espera que el diseño de los sistemas fiscales nacionales cobre aún más relevancia como herramienta principal para atraer inversión privada hacia los objetivos del Pacto Verde y la digitalización.
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