- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo Madrid
Bruselas plantea un veto total a las redes chinas no sólo en móvil, sino también en fijo y en trasporte y transmisión, y provoca el enfado de las telecos europeas, como Telefónica, Orange o Vodafone, que afrontan costes de hasta 21.500 millones en cinco años.
Bombazo en el sector de las telecomunicaciones. La propuesta de la nueva Cibersecurity Act (CSA, Ley de Ciberseguridad) presentada por la Comisión Europea, establece un escenario mucho más estricto y radical para la presencia de la tecnología china en las redes de telecos europeas. La propuesta, que tardará todavía un año en ser aprobada, establece un plazo de 36 meses (3 años) tras la aprobación de la norma, las operadoras de telecomunicaciones móviles deberán retirar el equipamiento de fabricantes chinos en sus redes. Eso significa que, para principios de 2030, las redes móviles europeas deberían estar libres de equipamiento de "proveedores de alto riesgo", que es como se denomina en Europa a los fabricantes chinos, principalmente Huawei y ZTE. La norma propuesta es de mucha mayor magnitud e intensidad que lo que existía hasta ahora, ya que la anterior norma de ciberseguridad, concretada en una Tool Box, establecía sólo una recomendación y sólo para las redes móviles de 5G.
Este endurecimiento sin precedentes del uso de fabricantes chinos, ha desatado el enfado de los operadores europeos como Telefónica, Orange o Vodafone, que, si la norma se aprueba sin cambios, deberán sustituir los equipos de los fabricantes asiáticos con un alto coste.
También en redes fijas y de transporte
La norma ahora propuesta ya no es una recomendación, sino una obligación. No se limita sólo al 5G sino a todas las redes móviles. Y, además, también afecta a las redes fijas y de satélites. En el caso de las redes fijas el reglamento no establece un plazo fijo inmediato, sino que faculta a la Comisión a que fije el periodo de transición, que se definirá más adelante tras realizar una evaluación que considere los riesgos de seguridad, la vida útil de los componentes y el impacto económico.
Además, se amplía el concepto de activos clave ya queincluyen funciones de la red central (core network), la red de acceso por radio (RAN), sistemas de gestión de red y funciones de transporte y transmisión, es decir las grandes redes troncales y regionales de fibra.
Hasta 21.500 millones
La propia norma señala que el coste para los operadores de telecomunicaciones podría elevarse a una banda entre 3.400 y 4.300 millones de euros al año durante un plazo de cinco años, lo que supone un coste para el conjunto de las telecos europeas de entre 17.000 millones y 21.500 millones de euros.
Fuentes del sector en España consideran que el coste para las tres grandes telecos españolas podría alcanzar los 4.000 millones si a las redes móviles de 5G se le añaden los costes de sustitución de los equipos en las redes fijas.
Para que un fabricante sea sujeto a estos plazos, la Comisión debe designar previamente al tercer país de origen como una "preocupación de ciberseguridad". Los elementos para esta evaluación incluyen la existencia de leyes en ese país que obliguen a las empresas a colaborar con servicios de inteligencia o la ausencia de controles democráticos e independientes, es decir, criterios que cumple el Gobierno Chino, cuya ley de seguridad obliga a todas las empresas a colaborar con los servicios de inteligencia.
Indignación en las telecos
La propuesta de la Comisión Europea ha generado un indisimulado enfado en el sector de las telecos europeas, que ve como tiene que afrontar inversiones multimillonarias adicionales en plazos muy cortos.
Connect, la patronal de las telecos europeas, en la que participan Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom o Telecom Italia, entre otras, ha publicado una nota en la que "advierte que la adopción del actual borrador de la CSA agravará la carga impuesta al sector, con costes regulatorios adicionales multimillonarios que probablemente se subestimen. Si bien la propuesta busca modernizar el marco de certificación de ciberseguridad de la UE, sus obligaciones en la cadena de suministro TIC (es decir el veto a los proveedores chinos) corren el riesgo de imponer importantes restricciones adicionales a los operadores. Si estas obligaciones no se basan en evaluaciones de riesgos sólidas y basadas en la evidencia, ni se respaldan con medidas de mitigación como mecanismos de reembolso de costes (subvenciones públicas) , afectarán significativa y negativamente al despliegue de la red, la continuidad operativa y la planificación de la inversión. Actualmente, Europa necesita urgentemente más inversión en conectividad, no menos".
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