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El minsitro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. EP Bustinduy cree que el PP «pagará un precio altísimo» por votar en contra del decreto de viviendaLa formación liderada por Núñez Feijóo responde a Sumar que la solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos
Madrid
Martes, 7 de abril 2026, 17:30
... en las dos últimas tentativas, el real decreto en materia de vivienda que contiene medidas como la prohibición de desahucios o la prórroga de los alquileres, y ha avisado, en concreto, a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo que si decide votar en contra del mismo, pagará un «precio político altísimo».Como todo decreto ley, el texto está en vigor después de su aprobación por parte del Gobierno, pero aún está lejos de contar con los apoyos suficientes. En este marco, Sumar ha emplazado a negociar a los grupos parlamentarios de la Cámara, entre ellos el PP, pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han avanzado en un comunicado que no recogen el guante porque consideran que el decreto «no ofrece soluciones realistas».
El ministro ha censurado en sus redes sociales la respuesta que ha dado el PP a la invitación para negociar alegando que la solución que ofrecen los 'populares' a la crisis de la vivienda «siempre es la misma», que a su juicio es «no hacer nada». «Esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes», ha avisado el ministro a través de la red BlueSky.
Seguridad jurídica
El PP asevera que la gente «no tiene que pagar la incompetencia del Gobierno en vivienda», y ha enfatizado que si la política en vivienda «es un desastre, que la cambie», pero sin pretender «que la gente les ayude a taparlo». A renglón seguido, la formación apostilla que la solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. «La crisis de la vivienda no es un problema coyuntural, sino estructural, y este Real Decreto no ofrece soluciones realistas», insisten.
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