El juez José Luis Calama, saliendo de la Audiencia Nacional. Alejandro Ernesto
Tribunales Calama, el juez 'antiestrella' y 'neutral' de la promoción de Marlaska que mandó a juicio a la hermana de GertrudisLa trayectoria del instructor que investiga al expresidente socialista Rodríguez Zapatero no refleja ningún sesgo ideológico / En 2022 sentó en el banquillo por prevaricación administrativa a Antonia Alcázar, que fue absuelta.
Más información:Zapatero indultó al hermano del juez Calama, condenado en el proceso que costó la carrera bancaria a Alfredo Sáenz
María Peral Publicada 24 mayo 2026 02:47h Las clavesLas claves Generado con IA
La imagen captada por el fotógrafo —algo excepcional: hasta ahora no había fotos de José Luis Calama Teixeira— refleja bien al personaje. Gafas oscuras para ayudar al anonimato de quien huye de los focos, vestimenta de persona discreta, la cartera con el trabajo que se lleva a casa, la mano en el bolsillo del hombre tranquilo.
Nadie diría que pocas horas antes, este veterano juez de instrucción había otorgado la condición de investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el primer jefe de Gobierno de la democracia citado a declarar por presuntos delitos de corrupción.
En una contundente resolución de 85 folios adelantada por EL ESPAÑOL el pasado martes, Calama atribuye a Rodríguez Zapatero ser el presunto líder de una red de tráfico de influencias y haber percibido millonarios fondos ilícitos que habría 'blanqueado' a través de una estructura societaria internacional. Conmoción absoluta en el PSOE y en el Gobierno, que no esperaban unos términos incriminatorios tan rotundos.
"¡Hombre, el juez de moda!", le saludó ese mismo martes una magistrada en la Audiencia Nacional. Calama sonrió: "Bueno...". En un tribunal lleno de egos, el juez central de instrucción número 4 tiene fama de ser "reservado, serio y riguroso", "alejado de 'saraos' y conciliábulos", "muy trabajador", dicen sus compañeros.
También es esquivo con los medios, el anti-juez estrella.
En su trayectoria puede encontrarse una explicación a este talante. Calama, que el pasado miércoles cumplió 67 años, tenía 31 cuando llegó a su segundo destino en la carrera judicial, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona.
Había ingresado en la Judicatura en 1988 tras superar la oposición a la segunda. Se presentó, sin éxito, el año anterior. Pero a la siguiente no solo aprobó sino que logró ser de los primeros: sacó el número 14 de una promoción de 208 jueces.
Entre ellos estabanFernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior; la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya; o Eloy Velasco, hoy magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Calama se estrenó en el Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 1 de Sigüenza (Guadalajara) y luego se marchó a Barcelona.
En aquella época, principios de los años 90, las actuaciones del juez Luis Pascual Estevill copaban los titulares de la prensa. De alguna manera se las apañaba para que en su Juzgado recayeran los asuntos económicos más relevantes. Se convirtió en un temido juez estrella.
Calama y otro joven magistrado, Juan Pablo González, con el que estaba puerta con puerta (el segundo era titular del Juzgado de Instrucción número 8), constataron que algunos fiscales y abogados forzaban la competencia de Estevill presentando denuncias o pidiendo medidas cautelares justo cuando estaba de guardia.
Calama y González promovieron una modificación de las normas de reparto con el fin de que las actuaciones realizadas por el Juzgado de guardia no 'arrastraran' la competencia para conocer de los asuntos, que a partir de entonces pasaron a turnarse entre los Juzgados de Instrucción.
Con el tiempo, Estevill, que llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de CiU, acabó en la cárcel tras una condena por cohecho, prevaricación y detención ilegal. Se demostró que extorsionaba a empresarios a los que investigaba para que le pagaran sobornos a cambio de no ir a prisión o para salir a los pocos días de entrar.
José Luis Calama ya no se encontraba en Barcelona, sino en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, cuando su hermano Miguel Ángel protagonizó una actuación que acabó con su condena por hechos en los que Estevill tuvo intervención.
Miguel Ángel Calama era desde 1992 director regional de Banesto para Cataluña. Con la aprobación del entonces presidente de la entidad, Alfredo Sáenz, dio instrucciones para que se presentara una querella contra los accionistas minoritarios del grupo Harry Walker, que en aquel momento tenía una deuda con Banesto de 639,6 millones de pesetas.
La querella fue presentada en julio de 1994 como elemento de presión, "para recuperar como fuera dichos créditos". En ella se atribuía falsamente a los querellados delitos de estafa y alzamiento de bienes, a sabiendas de que no eran responsables de las deudas contraídas por el grupo.
Fue Estevill el que admitió a trámite la querella y acordó la detención e ingreso en prisión de tres de los querellados, a quienes embargó bienes por importe de 750.000 millones de pesetas. El procedimiento acabó con un sobreseimiento libre para ellos seis meses después.
Alfredo Sáenz y Miguel Ángel Calama fueron condenados a tres meses de arresto y multa. E indultados por el Gobierno que presidía Rodríguez Zapatero en noviembre de 2011.
La hermana de Gertrudis
Doce años después, José Luis Calama se dispone a interrogar como investigado a quien indultó a su hermano. Zapatero está citado para el próximo 2 de junio.
No es la única casualidad asombrosa. En marzo de 2022, Calama imputó por prevaricación administrativa a Antonia Alcázar Jiménez, hermana de Gertrudis, la secretaria de Rodríguez Zapatero que está también investigada en la trama de presunto tráfico de influencias y blanqueo del expresidente socialista.
Antonia fue alcaldesa del municipio madrileño de Velilla de San Antonio. Calama abrió juicio oral contra ella por el presunto pago ilegal de unas facturas a una empresa encargada de la recaudación de tributos locales.
La hermana de Gertrudis Alcázar se sentó en el banquillo junto a otras 14 personas. Las tesis incriminatorias de Calama fracasaron: la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional absolvió a los 15 acusados en una sentencia dictada en diciembre de 2024.
Pedro Sánchez y Antonia Alcázar, exalcaldesa socialista y hermana de la secretaria de Zapatero, Gertrudis. Instagram
Pero no parece que a Calama le impresionen la relevancia, el poder o la peligrosidad de los personajes a los que debe investigar.
Ha mandado a juicio a banqueros como Ángel Ron en el procedimiento sobre la gestión del Banco Popular, un asunto en el que el juez llamó a declarar como testigos a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y a Ana Patricia Botín, presidenta del Santander.
Incluso dio la condición de investigada a esta última entidad. Esta decisión fue revocada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que sí ha confirmado la presencia del Santander en el proceso como eventual responsable civil.
Ha sentado en el banquillo al consejo de administración del grupo cotizado Urbas. Los 14 acusados, por cierto, fueron absueltos en una sentencia dictada por la Sala Penal el pasado 20 de abril.
En octubre de 2019 inició una investigación contra el magnate ruso Mijail Fridman y el grupo inversor Letterone, propietario de Dia, por la supuesta realización de actuaciones dirigidas a provocar una caída en el valor de cotización de las acciones de la cadena de supermercados para poder adquirirla en condiciones más ventajosas. El propio Calama archivó las diligencias en enero de 2021, desechando los informes de la UDEF.
Ha investigado el apagón de abril de 2025, el espionaje a los miembros del Gobierno con Pegasus, estafas de criptomonedas, ciberataques. Rechazó la querella que el Real Madrid interpuso en agosto de 2023 contra la Liga Nacional de Fútbol y su presidente, Javier Tebas, por delitos societarios en relación al reglamento audiovisual.
Ha investigado organizaciones de narcotraficantes y complejos entramados societarios de redes de explotación de mujeres en clubes de alterne, con defraudaciones fiscales millonarias.
Procesó a los miembros de la célula yihadista que cometió los atentados terroristas de 2017 en Barcelona y Cambrils. Ha encausado a etarras, a miembros de Resistencia Galega, al hombre que envió cartas con explosivos al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Un magistrado que conoce a Calama desde hace más de 30 años afirma que es "un instructor nato, nunca ha querido irse a un órgano colegiado, se vuelca en las investigaciones".
Colegas de la Audiencia Nacional lo confirman. "Es muy estudioso. Le encantan los delitos económicos, los blanqueos... Los asuntos de fraudes tributarios en los hidrocarburos, que a los demás nos cuestan muchísimo, él los controla rápidamente. Es un enamorado de su trabajo", coinciden dos de ellos.
"Técnicamente es bueno y, además, uno de los instructores más rápidos", indica un magistrado de la Sala.
Entre los abogados aparecen opiniones críticas. Hay quienes sostienen que "si está convencido de una tesis, aunque le hagas ver que es errónea y que va a complicar la causa, la mantiene hasta el final. Y, claro, o le revocan con los recursos de apelación o, si el asunto continúa, las fallas se ponen de manifiesto en el juicio".
Pero la mayoría de los letrados consultados creen que es uno de los mejores instructores de la Audiencia Nacional. "Aunque me ha dado muchos disgustos, tengo buena opinión de Calama", dice un prestigioso abogado que ha llevado varios procedimientos en su Juzgado.
"Es un juez muy profesional, técnico e íntegro. Instruye hasta la extenuación, pero lo hace él. El que pilota la instrucción es él, no el fiscal o la Udef o la UCO. Se lo curra a pulso", añade.
'Lawfare'
El juez Calama lleva cerca de tres décadas investigando delitos. Casi toda su carrera, excepto los 10 años que trabajó en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, entre 2004 y 2014.
Se trata de un puesto discrecional. Para llegar a él hace falta tener algún 'padrino' en el órgano de gobierno de los jueces, donde, desgraciadamente, los cargos (incluidos los de letrados de los servicios) suelen ser objeto de reparto entre los vocales 'progresistas' y 'conservadores'.
Varios miembros del CGPJ de aquella época coinciden en que Calama no tuvo uno, sino dos valedores. Ambos eran vocales propuestos por el PP: Enrique Míguez, un destacado miembro de la conservadora Asociación Profesional al que conoció en su época de juez de instrucción de Valladolid (1993-1996), y Juan Pablo González, su compañero de batallas en Barcelona.
El CGPJ también confió a Calama actividades de cooperación internacional en Mozambique, aprovechando que el juez habla portugués. Su madre tenía nacionalidad portuguesa, mientras que su padre fue empleado de banca. Él, educado en el colegio Calasanz de Salamanca, es un hombre muy familiar (está casado y con hijos), al que le gustan los toros y una buena comida, pero sin una significación política de ningún tipo.
Aunque tiene buenos amigos en la APM, no pertenece a esta asociación. Es miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, pero nunca se ha implicado en la vida asociativa. La AJMFV es la segunda más representativa de la carrera y se le atribuye una posición ideológica centrista.
"Es la persona más neutral que he visto en mi vida", dice una jueza de esta asociación que le conoce bien, a la que las iniciales críticas a Calama de estar haciendo 'lawfare' (persecución judicial por motivos políticos) con el proceso a Rodríguez Zapatero le parecen "no solo inciertas, sino ridículas".
La trayectoria de Calama abona la tesis de la ausencia de un sesgo político. Exoneró al marido de Manuela Carmena, alcaldesa de la capital con Más Madrid, de un delito contra los derechos de los trabajadores. En esa misma etapa, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, archivó el 'caso Mercamadrid', el que fue investigada la ex delegada del Gobierno del PP, Concepción Dancausa.
En diciembre de 2024 elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada al apreciar indicios suficientes para investigar al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez, conocido como Alvise, por delito electoral y financiación ilegal de partidos políticos.
En la Audiencia Nacional ha rechazado varias veces peticiones para prohibir marchas convocadas a favor de presos de ETA, como Henry Parot,por considerar prevalentes los derechos constitucionales de reunión y expresión, aunque sí encomendaba a las Fuerzas de Seguridad un seguimiento de los actos para detectar si se producía un delictivo enaltecimiento del terrorismo.
En mayo de 2023, en contra del criterio de la Fiscalía, puso en libertad provisional al general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, implicado en el 'caso Mediador', la presunta trama de corrupción liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'tito Berni'.
Tras la lectura de la resolución de Calama sobre Rodríguez Zapatero, el Gobierno y el PSOE abandonaron la línea iniciada por el portavoz en el Congreso, Patxi López, que, sin conocer el contenido del auto judicial, se lanzó a manifestar que "desde que se dijo eso de ‘quien pueda hacer, que haga’ se han hecho demasiadas cosas para atacar a los socialistas, y no nos vamos a dejar avasallar permanentemente“.
Una resolución sin "presunto"
La multitud de datos indiciarios que el juez menciona (conversaciones, mensajes, correos, documentos y, sobre todo, empresas y pagos) han aconsejado la prudencia en Moncloa y en Ferraz.
Las críticas se orientan ahora hacia el contraste entre la contundencia de los términos empleados por Calama y su falta de precisión en cuanto a los datos de los que se desprendería la posición de Zapatero como presunto líder de la trama, quiénes fueron los funcionarios influenciados o el desarrollo de la estructura societaria en el extranjero.
Magistrados de la Audiencia Nacional que revisan las decisiones de Calama coinciden en que "es verdad que faltan los indicadores de cautela (los términos 'presunto' o 'supuesto', los verbos condicionales) propios de esta fase inicial de la investigación". En las 85 páginas de la resolución no aparece ni una sola vez la palabra "presunto".
Pero no es algo inusual en Calama, que utiliza ese mismo estilo en resoluciones dictadas en otros procesos (por ejemplo, en el procesamiento de Pompeyo González, el responsable de las cartas con explosivos a Sánchez y Robles).
En el auto sobre Zapatero, Calama refleja la provisionalidad de los datos de esta incipiente instrucción mediante la utilización de expresiones como "las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha..", "estos hechos de forma inicial pueden ser calificados..." o "consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación y conforme a los parámetros de suficiencia propios de este estadio procesal....".
Pero, en todo caso, los jueces de instrucción y magistrados de la Audiencia Nacional se muestran confiados en la solvencia de su compañero y advierten: "Antes de opinar, hay que esperar a conocer lo que ha investigado hasta ahora".