En la jornada de hoy miércoles termina la declaración en el juicio de los 42 testigos (incluido nueve agentes de la UCO) del caso del presunto trato de favor a David Sánchez Pérez-Castejón para conseguir un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz. Las pruebas testificales, la mayoría propuestas a petición de la defensa de los once procesados, han estado protagonizadas por altos cargos y puestos de dirección del organismo pacense y, a su vez, buena parte de ellos con cargos institucionales (concejales o diputados regionales, cargos de libre designación...) o del PSOE de Badajoz. Por ejemplo, el martes llegó a declarar Ramón Díaz Farias, el que fuera uno de los aspirantes en abril al último proceso de Primarias del socialismo extremeño para convertirse en secretario general de los socialistas extremeños. En la actualidad es vicepresidente tercero de la Diputación y alcalde de Villanueva del Fresno (Badajoz).
Farias se presentó en la Sala con "una chuleta" para ayudarle en su declaración, con un hecho que está permitido, como apuntó el presidente de la Sala, José Antonio Preciado. El magistrado, eso sí, en todo este tropel de testigos en estos días, sobre todo el martes, no permitió a las partes que se excedieran en sus preguntas como había hecho con otros testigos, como, por ejemplo, con los directores de los Conservatorios o los agentes de la UCO. Dio la impresión de que sus declaraciones, siempre a favor "de la legalidad" del proceso, por repetitivos y por la credibilidad de los mismos debido a su condición política, no iban a ser trascendentales. Buena parte de ellos (como Estrella Gordillo, diputada socialista en la Asamblea de Extremadura) también se afanaron en confirmar que Miguel Ángel Gallardo apoyó a Susana Díaz en el proceso de Primarias y que por tanto, se deduce, no podía ayudar a Pedro Sánchez y hacerle, supuestamente un favor, contratando a su hermano. Todos se ajustaron a un guion que parecía prestablecido y ejecutado a la perfección, no como en el periodo de instrucción, donde aparecieron más contradicciones y dudas en sus declaraciones.
EN PROBLEMAS
Sin embargo, de entre todas, ha destacado por salirse del argumentario, cuando comenzaron las preguntas de las acusaciones, la de José María Sánchez Sánchez, actual jefe del servicio provincial de Bibliotecas. Además, fue alcalde de La Coronada y en la actualidad también ocupa el puesto de vicesecretario general del PSOE provincial. Lo había propuesto como testigo por la defensa de Luis Carrero, que uno de los once encausados, que llamaba 'hermanito' a David Sánchez en los correos electrónicos intervenidos por la UCO cuando trabajaba en el Área de Presidencia de Moncloa de 2020 a 2023, y que fue luego contratado por la Diputación.
Sánchez Sánchez fue, poco a poco, 'metiéndose en charcos' a cada momento. Primero, aseguró que accedió a la Diputación en noviembre de 2023 y participó en la Comisión de Valoración que designó a Luis Carrero para el puesto (fue el único aspirante que se presentó). De repente, ante la sorpresa de todos, espetó: «Yo unos días antes de entrar a trabajar, me dijeron desde Recursos Humanos, desde la dirección del Área, que me proponían para (participar) en la Comisión de valoración y estuve ahí», confesó. Es decir, fue miembro del tribunal que evaluó y eligió a Carrero antes de ser empleado formal de la institución.
Es decir, Sánchez Sánchez, explícitamente señaló, que trabajó para la Diputación antes de su incorporación oficial. Luego, lo intentó aclarar pero, cada vez que lo intentó, era peor. Primero dijo que ya intuía que se iba a convertir en el «jefe jerárquico» de la persona que iba a ocupar el puesto que se ofertaba (el que luego fue para Luis Carrero). Así que participó en la mesa de contratación junto a Manuel Candalija Valle -procesado en esta causa y que era director del Área de Identidad Cultural -y con Inmaculada Cordón, jefa de Recursos Humanos de la Diputación.
Durante el interrogatorio, Sánchez Sánchez negó que Luis Carrero se dedicara a cubrir la labor del hermano del presidente del Gobierno, aunque sí colaboraba con él, y añadió que el ex asesor de Moncloa cumplía con las funciones de su puesto en el programa transfronterizo con Portugal. Sánchez Sánchez indicó que Carrero fue la única persona que se presentó a la plaza y que cumplía con los requisitos. "Tuvo la publicidad de cualquier convocatoria", señaló con respecto al puesto. En la comisión, añadió, no hubo voces discordantes para elegir al que era el único candidato. "Hizo muy bien la memoria, lo hizo todo bastante bien. Fue apto".
EL DOCUMENTO
La última parte fue incluso peor. Alberto Durán, abogado del PP, que también ejerce la acusación popular, le preguntó si él había firmado algún tipo de documentación de las que aportó la Diputación en el periodo de Instrucción: "No". No le hizo más preguntas. Pero minutos después, Durán, presentó en la Sala un escrito entregado por las defensas en el sumario. Y detalló que se trataba de un "papel de la Diputación, con firma digital de la Diputación, haciendo creer la apariencia de que es un papel oficial de la Diputación que después ha sido aquí negado hace unos minutos". Seguidamente, pidió "respetuosamente" que la Sala valorase "la incidencia de estas dos irregularidades", apuntando también la posibilidad de tomar la decisión de deducirle testimonio por un delito de falso testimonio".