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Las viviendas que se ponen en venta mientras permanecen okupadas crecen un 4,6% en solo tres meses.
La desprotección a los propietarios de viviendas en alquiler contra la okupación ilegal de sus viviendas, ya sea por usurpación -cuando el inmueble se encuentra vacío- o por la morosidad de sus inquilinos -un fenómeno cada vez más frecuente denominado inquiokupación- está propiciando un traslado masivo de la oferta del alquiler al de la compraventa. En concreto, el número de viviendas que salen al mercado mientras están okupadas creció un 4,6% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025.
Así lo muestran los datos publicados ayer por el portal inmobiliario idealista, que cifran en más de 24.000 las viviendas con okupas que se pusieron a la venta en su plataforma entre octubre y diciembre del año pasado, frente a los poco más de 23.000 anuncios publicados entre julio y septiembre. El incremento da buena muestra de la creciente magnitud del problema, ya que la mayor parte de estas viviendas terminan saliendo del mercado del alquiler de forma definitiva, reduciendo aún más la oferta disponible y subiendo los precios, especialmente en las zonas más tensionadas.
Prueba de ello es que el 40% de todas las viviendas ocupadas que salieron a la venta en España durante el cuarto trimestre de 2025 se encontraban en Cataluña, una de las comunidades autónomas que han abrazado las tesis del Gobierno central en materia de vivienda y que están contribuyendo, según el panel de expertos inmobiliarios de EXPANSIÓN, a elevar aún más los precios. En la provincia de Barcelona, incluso, ya suponen el 8,3% del total de inmuebles que salen a la venta, después de crecer un 10,9% entre octubre y diciembre.
Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más".
En su opinión, "es desolador ver cómo son cada vez más los propietarios que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la Justicia. El hecho de que cada día que pasa sean más no debería llevarnos a asumirlas como parte de la realidad del mercado, sino provocar una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas para revertir este problema". Mientras, el Gobierno parece mantener sus planteamientos, proponiendo nuevas restricciones a los propietarios que decidan alquilar sus viviendas por habitaciones o aumentando las sanciones para los que incumplan la regulación sobre alquileres temporales.
Por provincias
Los datos por provincias muestran el heterogéneo reparto del problema de la okupación en España. Por detrás de Barcelona, los mayores porcentajes de viviendas okupadas sobre el total de anuncios publicados en idealista son Huelva, Murcia y Sevilla (5,7%). Les sigue Almería (5,4%), Toledo (5,1%), Lérida y Tarragona (4,6%) y Girona, con un 3,8%.
En el lado opuesto se sitúan las provincias de Soria, con apenas un 0,4% de viviendas a la venta con okupas -y ni una sola en su capital-;Ourense (0,5%), Salamanca y Palencia (0,7%), Lugo (0,8%) y Zamora (0,9%).
En números absolutos, la provincia de Barcelona también copa la tabla, con 7.307 inmuebles okupados a la venta entre octubre y diciembre, cifra muy superior a la registrada en Madrid -con 1.634 anuncios- en el mismo periodo, a pesar de que la capital del Estado ha superado por primera vez a la Ciudad Condal si el análisis se baja a la escala municipal.
Las viviendas okupadas que salen a la venta crecen por encima de la media en 22 provincias, con Soria a la cabeza a pesar de que el número total es todavía reducido. Por detrás, los incrementos más abultados se dan en Teruel (50%), Ávila (47,4%), Burgos (20%), Murcia (18,9%), Ourense (18,2%) y Albacete (18,1%).
Estos datos muestran que el problema de la okupación ya no se reduce a las grandes ciudades, sino que los propietarios de capitales menos pobladas, donde los precios del alquiler son más reducidos, también están sufriendo una lacra que les obliga a sacar sus viviendas a la venta ante la desprotección del Gobierno, que ha prorrogado hasta al menos finales de 2026 su decreto antidesahucios, prohibiendo el lanzamiento o el corte de suministros a colectivos vulnerables que no puedan pagar el alquiler o sus facturas.
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